Monitoreo para la biodiversidad: desde la medición a la acción

La crisis de la biodiversidad afecta notoriamente las condiciones que hacen posible nuestro bienestar. Para enfrentarla, los países acordaron el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, cuyas metas buscan detener y revertir esta pérdida. Pero los compromisos deben traducirse en resultados, y para saber si estamos avanzando necesitamos conocer qué está cambiando en la naturaleza y si nuestras acciones están logrando protegerla. El desafío es pasar de la medición a la acción: usar ese conocimiento para decidir dónde proteger, cómo restaurar y cuándo corregir el rumbo.

La COP 17 de Biodiversidad, en Armenia, reúne a los países que forman parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica, un tratado internacional para conservar la naturaleza y asegurar su uso sostenible. Uno de sus desafíos centrales es evaluar cuánto hemos avanzado hacia las metas del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. Para ello, los países deben presentar informes nacionales periódicos: el plazo del séptimo venció en febrero de 2026.

Este es el primer ciclo de evaluación del nuevo marco de monitoreo que incorpora un conjunto común de indicadores que los países deben reportar para medir sus avances de manera comparable y reproducible. Estos indicadores fueron adoptados en la COP 16. Contar con esta base común permite evaluar objetivamente los resultados y orientar las decisiones necesarias para cumplir los compromisos adquiridos por los países.

Para evaluar esos avances necesitamos monitoreo, es decir, observaciones periódicas y comparables que permitan detectar cambios. Los conteos de aves, por ejemplo, aportan datos que, al compararse entre años, permiten calcular indicadores sobre el aumento o la disminución de sus poblaciones y evaluar si las medidas de conservación funcionan. Un marco de monitoreo establece qué indicadores utilizar y cómo calcularlos.

Mientras la meta señala lo que buscamos lograr, el indicador ayuda a medir cuánto hemos avanzado. En el marco mundial, la selección de indicadores fue negociada entre países con asesoría científica, considerando tanto lo que se necesita conocer como los datos, métodos y recursos disponibles. Por eso, ningún indicador refleja por sí solo toda la complejidad de una meta.

Sin embargo, las capacidades para realizar este seguimiento son desiguales. Mientras algunos países cuentan con equipos especializados, registros continuos y financiamiento; otros deben reunir información dispersa y dependen de proyectos breves.

Esa diferencia importa. Si un país no puede documentar lo que hace, su falta de información puede confundirse con falta de acción. También puede ocurrir lo contrario, informar muchas actividades sin demostrar mejoras en la naturaleza. Evaluar avances exige reconocer ambas limitaciones. Estas diferencias pueden influir en qué problemas reciben atención y financiamiento. Si solo se considera aquello que resulta más fácil medir, las especies o lugares con menos información corren el riesgo de quedar relegados.

A pesar de ello, la cooperación regional puede ayudar a cerrar esas brechas. El Convenio sobre la Diversidad Biológica cuenta con un mecanismo de cooperación técnica y científica y transferencia tecnológica, organizado en centros regionales y subregionales.

El Instituto Humboldt de Colombia coordina a doce países de América Latina, incluido Chile. Su propósito es compartir conocimientos y herramientas para que las instituciones puedan realizar y sostener el trabajo, formar equipos, acordar métodos de observación, compartir programas de análisis y revisar la calidad de los datos. Cada país debe adaptar esas herramientas a sus necesidades, para mejorar tanto la información que presenta internacionalmente como la que necesitan sus autoridades y comunidades para decidir dónde actuar.

Chile está desarrollando capacidades científicas y técnicas para implementar este marco de monitoreo. La elaboración del Séptimo Informe Nacional, a cargo del Ministerio del Medio Ambiente con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), permitió reunir datos oficiales, fortalecer métodos de cálculo de indicadores e identificar brechas de información. Este trabajo continúa mediante la colaboración entre equipos científicos y servicios públicos para mejorar el seguimiento de las metas de biodiversidad.

Estas capacidades deben permitir distinguir los compromisos formales de los resultados en el territorio. Declarar un área protegida establece una protección legal, pero saber si conserva sus especies requiere observar lo que ocurre dentro de ella. Del mismo modo, plantar árboles puede iniciar la restauración, es decir, ayudar a recuperar un ecosistema dañado; pero comprobar su recuperación exige seguir la supervivencia de esos árboles y el retorno de otras especies. El monitoreo permite decidir dónde reforzar la protección, orientar los recursos de restauración y corregir acciones que no funcionan.

La experiencia del Séptimo Informe Nacional muestra también la necesidad de sostener ese esfuerzo. Necesitamos mantener las observaciones entre informes, integrar registros de distintas instituciones y conservar información sobre cómo se obtuvieron. Esto requiere gobernanza, reglas claras sobre quién mide, quién cuida los datos, cómo se comparten y quién financia la continuidad. Sin esa organización, cada nuevo informe puede obligarnos a empezar de nuevo.

Chile avanza en la implementación del marco de monitoreo de las metas de Kunming-Montreal con respaldo científico, compartiendo experiencias y fortaleciendo capacidades junto con otros países de América Latina. La oportunidad es consolidar este esfuerzo como una tarea permanente al servicio de las decisiones públicas en nuestros países. Las metas globales señalan hacia dónde avanzar; el monitoreo permite saber si lo estamos logrando y qué debemos cambiar. Pasar de la medición a la acción significa usar esa evidencia para proteger y recuperar la vida que sostiene nuestro bienestar.

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