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EDITORIAL

Ley Longueira: norma espuria que incuba conflictos sociales, políticos y ambientales

por 18 enero, 2019

Ley Longueira: norma espuria que incuba conflictos sociales, políticos y ambientales
Que el Parlamento declare la nulidad de la "Ley Longueira" es de una enorme complejidad técnica y política, dada la variedad de intereses empresariales y laborales, la difícil regulación en materia de pesquerías y el hecho de que no existe norma al respecto. Anularla requiere, por lo menos, una legislación positiva inmediata que la reemplace. De lo contrario, se estaría generando un vacío de regulación y una deconstrucción del Estado, que podrían generar una competencia salvaje en torno a las pesquerías. Tal vez, por ello, la situación actual es también una gran oportunidad.
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La legislación pesquera nacional es el centro de múltiples problemas y enredos. Desde la llamada “Guerra de La Jibia”, por la ley –aún sin promulgar y recién “vetada”– que persigue regular su extracción, pasando por el anunciado proyecto de reforma –a través de una “ley corta”– de la actual legislación que regula este sector (conocida como “Ley Longueira”), hasta una propuesta para derechamente anular esta norma por los múltiples vicios que la hicieron posible, iniciativa que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados. Este último es un escenario altamente explosivo en lo político y catastrófico para una actividad que, hoy, alcanza al 2% del PIB.

La Ley Longueira –Ley n.º 20.657, publicada el 9 de febrero de 2013– pretendía solucionar positivamente la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos del país, regular mejor el acceso de los operadores a la actividad pesquera industrial y artesanal, generar normas para fomentar la investigación y aumentar la fiscalización en las pesquerías nacionales. Sin embargo, poco de ello realmente ocurrió. Por el contrario, agregó más problemas, al transformarse en uno de los mayores escándalos de corrupción de la política en la historia nacional, con parlamentarios acusados de cohecho, importantes ejecutivos, empresarios y asesores legislativos condenados por ese delito y la percepción de una completa ilegitimidad de origen de esa normatividad regulatoria.

La Ley de Pesca aspiraba –según reza el Mensaje del proyecto– a “cambiar el paradigma sobre el cual se ha basado la explotación de los recursos pesqueros chilenos durante los últimos 15 años”, texto que cuenta con la firma de Sebastián Piñera, su ministro de Hacienda Felipe Larraín y el de Economía de entonces, Pablo Longueira. Cinco años después, el mismo Presidente que impulsó su tramitación y el mismo titular de Hacienda estudian un cambio significativo de ella, al parecer conscientes de su fracaso, mientras el sector pesquero se desangra en disputas internas por presiones políticas de los armadores industriales, movilizaciones de pescadores artesanales y el acecho parlamentario con la eventual anulación de la ley.

El ministro de Economía de entonces, y que le dio el apelativo a la ley, está fuera del ruedo público, formalizado y acusado por el Ministerio Público por cohecho y múltiples delitos tributarios.

La anulación de la Ley Longueira, acordada en la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Baja en los últimos días, además de ser un hecho inédito, pone en punto crítico el funcionamiento del sector, con la amenaza de que si se llega a aprobar –requiere quorum simple– dejaría sin regulación al sector por un tiempo indeterminado, entregado a una competencia salvaje de los actores, principalmente industriales. Algo muy parecido a lo ocurrido con la decisión del almirante José Toribio Merino en 1989 poco antes de la asunción al mando de Patricio Aylwin.

En cuanto a lo jurídico, una norma es legal cuando ha sido generada siguiendo el procedimiento que señala la Constitución. Pero nada de ello indica que es legítima, si en el proceso se han violado de manera flagrante los principios que rigen la expresión de voluntad en las decisiones públicas, entre ellas, recibir pagos o dádivas de terceros interesados. Una norma que en su justificación no es proba es ilegítima, pues se ha birlado el interés de unos ciudadanos en favor de otros, pago de por medio, simulando la forma de la ley. Esto es lo que ocurrió con la Ley de Pesca y hoy es un problema que le rebota a todo el poder del Estado. Evidentemente, es hora de trabajar para generar una nueva norma, legítima y obligatoria, que solucione los problemas pendientes.

Entre los principales problemas que la Ley Longueira debía solucionar estaban la transitoriedad de los derechos de pesca y su no transabilidad, los límites máximos de captura por armador sin un foco claro en la sustentabilidad de largo plazo de los recursos, la falta de mecanismos claros en la renovación del régimen de permisos de explotación y un régimen de cuotas para los artesanales, también no transables y siempre amenazadas por la discontinuidad de las vedas y las arbitrariedades administrativas que creaban una ecología de inestabilidad social siempre presente.

Tal vez lo fundamental en la visión de la ley fue la convicción de que las pesquerías habían sido administradas con una política sectorial de corto plazo, destinada no solo a generar empleos e ingresos no estables, sino también transitorios, lo cual atentaba contra una explotación racional y generaba gran inestabilidad hacia el futuro.

Ya en octubre de 2010, el entonces ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine –a quien luego reemplazaría Longueira– planteó ante el Congreso que la situación era tan grave que ameritaba tomar medidas urgentes y extraordinarias, tales como reducir las cuotas globales de captura del año siguiente. En su presentación mostró que, de 10 pesquerías, 7 se encontraban en situación de sobreexplotación o colapso, señalando que “sorprendentemente, la regulación vigente no hacía mención alguna ni a la sustentabilidad ni a la recuperación de las pesquerías”.

No es posible calcular cuánto de esta visión le costó el cargo al otrora ministro. Después Longueira, aunque efectivamente incorporó la sustentabilidad pesquera como foco, lo hizo de una manera totalmente insuficiente para detener o estabilizar al menos la degradación de los recursos. Y, para colmo, los permisos se consolidaron como derechos que, en principio, duran 20 años, pero que en la práctica –dadas las preferencias y automatismos en el sistema de renovación– se vuelven perpetuos y constituyen bienes transables que se pueden fraccionar (licencias transables de pesca, LTP) y que aceptan todo tipo de negocio jurídico en su operación.

Ahora, en medio del agotamiento de recursos y bajo presiones de todo tipo, el Gobierno estaría revaluando la situación para profundizar las mejoras, mediante la mencionada “Ley Corta”, aunque ya el colapso en determinados casos es inminente.

Los problemas de equilibrio técnico y económico son difíciles, pero solucionables, en la medida que el Gobierno asuma y encare el conflicto que lo enfrentará con las poderosas empresas incumbentes –las denominadas “siete familias”–, al licitar los principales permisos de pesca y al profundizar la conservación de los recursos. Por cierto, los problemas se tornan a ratos más complejos, como ocurre con la “Guerra de la Jibia”, en la que el veto presidencial aprobado no debiera significar echar pie atrás en la decisión de regular la extracción de ese recurso. Este es uno de los pocos a los que aún tienen acceso los pescadores artesanales y permitir su pesca de arrastre –como quieren los industriales– provocaría una hecatombe social entre ellos, al quedarse sin alternativa de pesca.

Que el Parlamento declare la nulidad de la Ley Longueira es de una enorme complejidad técnica y política, dada la variedad de intereses empresariales y laborales, la difícil regulación en materia de pesquerías y el hecho de que no existe norma al respecto. Anularla requiere, por lo menos, una legislación positiva inmediata que la reemplace. De lo contrario, se estaría generando un vacío de regulación y una desconstrucción del Estado, lo cual podría generar una competencia salvaje en torno a las pesquerías.

Tal vez, por ello, la situación actual es también una gran oportunidad.

Un acuerdo razonable y ético debiera, en primer lugar, impedir que los involucrados en los actos ilegales –condenados o no, públicos o privados, institucionales o personas– puedan intervenir, aunque sea indirectamente, en el proceso legislativo que solucione los entuertos. Este es el mínimo de higiene política y decencia pública que se debe exigir.

En cuanto a lo jurídico, una norma es legal cuando ha sido generada siguiendo el procedimiento que señala la Constitución. Pero nada de ello indica que es legítima, si en el proceso se han violado de manera flagrante los principios que rigen la expresión de voluntad en las decisiones públicas, entre ellas, recibir pagos o dádivas de terceros interesados. Una norma que en su justificación no es proba es ilegítima, pues se ha birlado el interés de unos ciudadanos en favor de otros, pago de por medio, simulando la forma de la ley. Esto es lo que ocurrió con la Ley de Pesca y hoy es un problema que le rebota a todo el poder del Estado. Evidentemente, es hora de trabajar para generar una nueva norma, legítima y obligatoria, que solucione los problemas pendientes.

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