MERCADOS
Un inédito episodio de contaminación ambiental en la industria vitivinícola, definido como “gravísimo” por la autoridad, tiene al reconocido especulador bursátil Raimundo Valenzuela bajo la mira de la Superintendencia del Medio Ambiente y a la espera de un dictamen que podría suspender sus operaciones, en la antesala de la vendimia 2019. A RR Wine, la prestigiosa viña del «Paila», la acusan de derramar residuos industriales en canales de regadío, plantaciones de viñas y colectores de aguas lluvia. Un reconocido abogado de la zona, con vínculos en el Gobierno, lo sigue desde hace siete años con recursos judiciales y administrativos y dice contar con el apoyo de agricultores para demandarlo y oponerse a un plan de saneamiento que está en evaluación de la autoridad. La que sigue, es la soterrada historia de una disputa entre dos mundos empresariales opuestos: el del especulador bursátil que crece en otra industria al margen de la ley y el de agricultores que afirman no tener otro interés que preservar el medio ambiente.
En febrero de 2012, cuando nadie pensaba que el reservado y pequeño club de amigos de Sanhattan podía romperse, Raimundo Valenzuela lanzó, anónimamente, una bomba que resquebrajó lo más íntimo de ese grupo de inversionistas y corredores de bolsa. Puso en circulación un documento, conocido simplemente como «panfleto», en el que se describían operaciones bursátiles encabezadas por Julio Ponce Lerou para extraer dinero, de forma ilícita, de las sociedades cascada que él mismo controla y que le permiten manejar SQM.
¿Las víctimas de Ponce? Una serie de accionistas minoritarios de esas sociedades que, hasta ese 2012, solían compartir cenas y negocios con él. Entre ellos estaban el administrador de fondos Moneda Asset Management y el holding Bancard (hoy Inversiones Odisea), la antigua oficina de inversiones de la familia presidencial. A través de los diarios y sin revelar que él había sido el instigador del caso, Valenzuela también se declararía como una de esas víctimas y cifraría su perjuicio en $1.500 millones.
Ese fue el inicio del caso cascada y el fin de una época dorada para ese reservado grupo de amigos que controlaba la bolsa. En adelante todo fue desconfianza y cuchillazos por la espalda. Valenzuela –conocido como el «Paila» en el barrio financiero de Santiago– seguiría siendo un inversionista activo, con posiciones en otras empresas polémicas, a la vez que expandiría sus negocios hasta el último invento de Sanhattan: la Bolsa de Productos.
[cita tipo=»destaque»]Herrera no es un desconocido en el mundo legal y político. Es primo de Alberto Cardemil, el ex subsecretario del Interior de Augusto Pinochet, con quien también es socio de una de las agrícolas afectadas. Pero quizás su vínculo más importante está relacionado con el Gobierno de Sebastián Piñera, pues es actualmente el abogado de Alfredo Moreno en un complejo y largo juicio civil, por el cual el ministro de Desarrollo Social estuvo declarado en rebeldía durante dos años y que involucra la muerte de un trabajador en un fundo de su propiedad. «Represento a Andrónico Luksic, a Alfredo Moreno y a muchas otras personas que son trabajadores y presidentes de empresas (…). No tengo nada que esconder», explica sobre sus vinculaciones familiares y políticas.[/cita]
También haría noticia por los aportes a las campañas del Presidente Sebastián Piñera y ser su antiguo socio en varias apuestas en bolsa, como en Exalmar, la pesquera peruana en la cual ambos invirtieron en plena disputa limítrofe entre Chile y Perú. Pero su nombre brillaría poco en el mundo de las finanzas y sería asociado más bien a la especulación bursátil. El negocio que llenó de glamour al «Paila» fue otro: RR Wine, una boutique vitivinícola que se ha constituido como la segunda mayor exportadora de vino a granel de Chile, proveedora estrella de Walmart en Europa y premiada internacionalmente por su vino La Moneda Reserva Malbec.
Gracias a ello, su nombre comenzó a llenar nuevamente los titulares de prensa. Sus polémicas inversiones parecían quedar en el olvido y rápidamente se posicionó como el nuevo zar de la millonaria y aclamada industria vitivinícola local. Pero llegar a la cima de ese sector empresarial, repleto de apellidos tradicionales y poco dados a la especulación, no sería gratis. La viña del «Paila» –ubicada en el sector de Pulmodón en la Región del Maule–creció tan rápido, que olvidó que debía cumplir con la ley ambiental, aquella por la que hoy enfrenta una fuerte oposición de agricultores de la zona y un proceso administrativo que podría arrojarlo de vuelta a sus raíces: a Sanhattan.
El abogado y empresario Alberto Herrera dice que lleva unos siete años tras Valenzuela. Junto a otros agricultores de la zona, lo ha perseguido con recursos judiciales y administrativos, pero no fue sino hasta el año pasado que pudo lograr que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) pusiera sus ojos sobre RR Wine.
«Todos los años es la misma historia: contaminan, se nos mueren los potrillos, nos matan las producciones agrícolas y la autoridad no hace nada», agrega Herrera, quien recalca que «llevamos siete años en esta historia y recién ahora, por primera vez, la superintendencia se atrevió».
La SMA levantó cargos contra RR Wine en septiembre de 2018, porque la viña ha estado operando por sobre sus límites. En documentos que ha ido acumulando la superintendencia en su proceso administrativo, se puede ver que RR Wine produce 15 veces más de lo autorizado por el permiso ambiental, generando residuos industriales que no ha sido posible tratarlos en sus instalaciones. Si en 2006 dicha viña producía 4 millones de kilos de uva anuales, una década después pasó a 62 millones, lo que disparó de 86,7 m3/día el máximo caudal de riles que vertía hace diez años, a 400 m3/día en 2016.
En los cargos que levantó la SMA se le acusa a RR Wine de modificar la planta de tratamiento de residuos industriales líquidos (riles) de la bodega de vinos, sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Es decir, RR Wine ejecutó sin preguntarle a nadie un proyecto que requería RCA, lo que la SMA consideró como una “falta gravísima”.
Pero no fue solo eso. Entre los seis cargos que levantó, la autoridad ambiental también acusó a la viña de Valenzuela de derrames y descargas de residuos industriales hacia una alcantarilla del sistema de evacuación de aguas lluvia que descarga al estero Carretones, un sector de caminos interiores y plantación de viñas, caminos y zonas de cultivos en el área del pozo de recepción de riles, canales de riego y directamente hacia el suelo.
La contaminación en los cultivos de uva es particularmente grave. De comprobarse dicha situación, RR Wine podría afectar la imagen internacional de toda la industria y, a la vez, frenar sus ventas de vino a granel a otras grandes viñas chilenas.
Esas faltas se han producido –dicen desde el entorno de Valenzuela– porque la viña ha sido tan exitosa comercialmente, que ha crecido más rápido que la capacidad del Gobierno para otorgarle los permisos correspondientes. O, al menos, eso intentó decir a La Tercera Matías Lecaros, su socio en RR Wine, en el único registro noticioso que se ha publicado hasta ahora sobre este episodio inédito de contaminación ambiental en la industria vitivinícola.
“El sistema presenta unas burocracias enormes y en el fondo la falta gravísima que tengo, es una falta documental, dado que nuestra planta ha crecido, (lo) que debiera ser una buena noticia para Chile», afirma Lecaros.
El Mostrador Mercados intentó hablar varias veces con Raimundo Valenzuela sobre los cargos que levantó la SMA, pero el empresario se negó a hacer comentarios públicos sobre su polémica viña. Nadie en su empresa está autorizado para hacerlo tampoco. Parte de ese silencio puede estar relacionado con la cercanía de una fecha clave para su negocio: a mediados de febrero comienzan las vendimias, uno de los procesos de producción más relevantes en esta industria.
RR Wine tendrá que, si es que se lo permiten, enfrentar ese proceso con bajo perfil, sin llenar titulares de diarios como antes, pues la SMA podría retirar su permiso ambiental de 2006 y suspender su operación si no está de acuerdo con un programa de cumplimiento por sobre los $1.000 millones que le exigió, mientras evalúa de forma simultánea la aplicación de multas superiores a los US$8 millones.
«Vamos a oponernos a ese plan», adelanta el abogado Herrera. «La planta no pueden funcionar en las condiciones en las que está hoy, pues supera con creces lo autorizado. Se saltaron toda la normativa legal vigente, perjudicando a los regantes y colapsando con riles el estero Carretones y el canal Santelices. Contaminaron cientos de hectáreas. Para Agrícola Santa Elba, la sociedad que represento, le ha significado una muerte importante de caballares chilenos finos, pura sangre», agrega.
Herrera no es un desconocido en el mundo legal y político. Es primo de Alberto Cardemil, el ex subsecretario del Interior de Augusto Pinochet, con quien también es socio de una de las agrícolas afectadas. Pero quizás su vínculo más importante está relacionado con el Gobierno de Sebastián Piñera, pues es actualmente el abogado de Alfredo Moreno en un complejo y largo juicio civil, por el cual el ministro de Desarrollo Social estuvo declarado en rebeldía durante dos años y que involucra la muerte de un trabajador en un fundo de su propiedad. «Represento a Andrónico Luksic, a Alfredo Moreno y a muchas otras personas que son trabajadores y presidentes de empresas (…). No tengo nada que esconder», explica sobre sus vinculaciones familiares y políticas.
El abogado, en todo caso, ha ido sumando apoyos en el Maule. Un comité de agua potable rural y una junta de vecinos del sector se opondrán, junto a él, al plan de saneamiento que el Paila presentó en octubre del año pasado a la SMA y que aún está pendiente de resolución. Pero además –agrega– lo demandará por daños y perjuicios. “No le tengo miedo a nadie”, advierte. “Esto no solo afecta a los agricultores, también daña a la comunidad aledaña, a gente vulnerable”, sentencia.
