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Foto: AgenciaUNO
Contraloría detecta irregularidades en Censo 2024: INE contrató personas con antecedentes penales
La auditoría detectó extranjeros sin autorización para trabajar, pagos no acreditados y derivó antecedentes al Ministerio Público, además de formular un reparo por más de $315 millones.
La Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de irregularidades en la ejecución del Censo de Población y Vivienda 2024, entre ellas la contratación de personas con antecedentes penales, extranjeros sin autorización para trabajar en Chile y pagos que no pudieron ser debidamente acreditados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Según el informe publicado este miércoles, el INE contrató a 16 personas con condenas por delitos como estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas. En seis casos, los antecedentes fueron presentados, pero no validados correctamente; en otros diez, el organismo no acreditó haber solicitado los certificados respectivos.
La auditoría también identificó a 14 extranjeros que no estaban habilitados para trabajar en el país, incluidos cinco con residencias revocadas y uno con una expulsión administrativa pendiente.
Además, el INE no pudo demostrar que más de 130 contratados para cargos de coordinación y gestión cumplieran con los requisitos educacionales exigidos.
Entre los hallazgos más relevantes, Contraloría señaló que el organismo no logró acreditar que 515 censistas realizaran efectivamente las labores por las que recibieron pagos por $166,3 millones. También detectó que 267 personas trabajaron simultáneamente para el censo y otras instituciones públicas sin declararlo, pese a estar obligadas a hacerlo.
La revisión constató además pagos considerados injustificados por $49,4 millones en contratos de arriendo que excedieron ampliamente la duración del operativo censal y un desembolso de $134,2 millones para traslados efectuado el 1 de mayo de 2024, jornada en que no hubo labores censales.
Asimismo, la CGR cuestionó la falta de planificación para el destino de 4.588 computadores y 37.529 smartphones adquiridos para el proceso, gran parte de los cuales seguían almacenados hasta noviembre de 2025.
Por estos antecedentes, la Contraloría formuló un reparo por $315,6 millones, ordenó instruir un sumario administrativo y remitió el informe al Ministerio Público para los fines que correspondan.
