Opinión
Desde hace ya algunos días que se sostiene que un aporte al problema venezolano sería transmitir la experiencia de la transición chilena. Lo que sorprende es que quienes han convocado a la oposición venezolana para documentarlos sobre el modelo de transición chileno, son los mismos que se opusieron en ese momento a poner término al gobierno dictatorial y, por el contrario, cerraron filas en la defensa de la prolongación del mandato a Pinochet por ocho años más. Es decir, los derrotados en el plebiscito de 1988, hoy se adueñan de la estrategia que los llevó a su derrota.
Desde hace unas semanas se viene instalando en nuestro país la idea que puede ser un gran aporte para la solución de la crisis por la que atraviesa Venezuela, referida a la transmisión de la experiencia del modelo de transición que se impuso en nuestro país para poner término a la dictadura de Pinochet. Para no caer en proposiciones simplistas y oportunistas, es necesario analizar con la mayor ecuanimidad posible ambas situaciones (la de Chile y Venezuela) para determinar, una vez hecho este análisis, cuán cerca o cuán lejos está cada uno de estos procesos históricos.
Hace algunas semanas se publicó una nueva edición del libro Atrapado en su red, que resume en 322 páginas la experiencia chilena de transición de la dictadura a la democracia. Democracia con todos los adjetivos calificativos que los críticos le quieran agregar, pero democracia, en definitiva. Vale decir, aquella forma de gobierno que se opone a la forma de gobierno llamada dictadura, que consiste en el poder ejercido por una persona o grupo al margen o por encima de las leyes, sin sometimiento a fiscalización ni control democrático alguno. Allí se demuestra que el camino que defendieron algunos pocos militantes de la DC, encabezados por Adolfo Zaldívar, Ramón Briones, Hernán Bosselin, entre otros, se podía transitar para derrotar a la dictadura, utilizando para ello el propio entramado legal y constitucional que ella misma había creado, lo que implicaba la participación en el plebiscito, el cual se consideraba en el camino constitucional diseñado por los asesores civiles de la dictadura cívico-militar, encabezados por Jaime Guzmán, en oposición de los que defendían otras posiciones.
La estrategia político-electoral que ellos diseñaron implicaba enfrentar a la dictadura en su propio ”rayado de cancha”. Por eso lucharon, aunque tuvieron que enfrentar al comienzo la incomprensión de muchos cuando hicieron la inscripción de su partido en los registros del Servicio Electoral, de acuerdo a la ley de partidos políticos de la dictadura. Esto fue ideado como una forma para que las fuerzas opositoras pudieran designar sus propios apoderados en las mesas en el momento de la realización del plebiscito que convocaría la dictadura para tratar de renovar la permanencia en el poder de Pinochet por largos ocho años más. Junto a esto, más tarde impondrían la exigencia de que los opositores pudieran tener el mismo espacio para dar a conocer sus ideas en los medios de comunicación masiva estatales y la limitación del uso de recursos humanos y materiales en las actividades de campaña de Pinochet.
[cita tipo=»destaque»]El diputado Juan Guaidó, autonominado como presidente encargado de Venezuela, el Grupo de Lima, el secretario general de la OEA y el gobierno de Sebastián Piñera, entre otras personalidades y gobiernos, han sostenido que no hay espacio para ninguna negociación y que, la única solución posible, es el abandono de la Presidencia de parte de Nicolás Maduro y su gobierno, y la entrega de este al diputado Guaidó en su condición de presidente de la Asamblea Nacional.[/cita]
La filosofía que inspiraba a este grupo de luchadores era el uso de la legalidad en toda su expresión para encontrar a través de ella los caminos que pondrían término a la dictadura, pero sin actos de violencia rupturista que impidieran el reencuentro de los chilenos. Esta estrategia era rechazada por parte de los dirigentes de la propia DC y de otros partidos opositores, que exigían elecciones libres sin pasar por el plebiscito y, por supuesto, contaba con el rechazo más violento de los comunistas que, desde comienzos de los ochenta, se habían embarcado en la aventura de querer derrotar a la dictadura con su estrategia de la Rebelión Popular, relacionada con la masiva internación de toneladas de armas de todo tipo, y del fracasado intento de ajusticiamiento de Pinochet.
En un apretado resumen, veamos qué implicaba la estrategia político-electoral que finalmente fue asumida por la mayoría de los partidos de centroizquierda e incluso por algunos sectores de la derecha más liberal:
1° Aceptar el “rayado de cancha” de la dictadura y, a partir de allí, presionar para crear las condiciones que impidieran la concreción del fraude que un sector del Gobierno intentaba realizar o, reclamar las nulidades una vez llevado a cabo el plebiscito, todo ello conforme a las reglas jurídicas a que voluntariamente nos hemos querido someter, en una actitud que no solo es inteligente, sino que además representa una seria búsqueda de caminos de reconciliación.
2° La claridad respecto a que, la aceptación del “rayado de cancha”, implicaba respetar los tiempos que se habían fijado en la Constitución del 80, es decir, que en el supuesto de que el veredicto ciudadano fuera contrario a la pretensión de Pinochet y los civiles que lo acompañaban de permanecer por ocho años más en el poder, las elecciones para elegir al sucesor de Pinochet se realizarían a fines de 1989.
3° La “negociación” de una serie de condiciones que le aseguraban a Pinochet su permanencia en la comandancia en jefe del Ejército y otras garantías personales e institucionales. Todo ello respaldado, además, por las llamadas “leyes de amarre”, muchas de las cuales fueron dictadas en los momentos postreros de la dictadura.
Podríamos agregar otras implicancias, pero por razones de espacio quedemos hasta aquí y confrontemos estas con la realidad que se vive hoy en Venezuela y con las posiciones que sostiene el gobierno de Piñera y su muy singular ministro de Relaciones Exteriores.
El diputado Juan Guaidó, autonominado como presidente encargado de Venezuela, el Grupo de Lima, el secretario general de la OEA y el gobierno de Sebastián Piñera, entre otras personalidades y gobiernos, han sostenido que no hay espacio para ninguna negociación y que, la única solución posible, es el abandono de la Presidencia de parte de Nicolás Maduro y su gobierno, y la entrega de este al diputado Guaidó en su condición de presidente de la Asamblea Nacional.
Entonces, uno legítimamente se pregunta: ¿qué experiencia le van a trasmitir a los miembros de la oposición venezolana?, ¿qué modelo de “transición chilena” es aceptable para quienes solo aceptan la caída del régimen de Maduro y no están disponibles para ninguna negociación?
Lo que plantean esas personalidades e instituciones que hemos nombrado está mucho más cerca de las posiciones que en los ochenta sostuvo el Partido Comunista de Chile con su política de Rebelión Popular -conducente a la derrota y al término violento de la dictadura- que de las posiciones que hicieron posible que los chilenos recuperáramos la convivencia democrática.
La verdad es que esta contradicción no debe sorprender por el solo hecho de que quienes han convocado a la oposición venezolana para documentarlos sobre el modelo de transición chileno, son los mismos que se opusieron en ese momento a poner término al gobierno dictatorial y, por el contrario, cerraron filas -con la honrosa excepción del actual Presidente. en la defensa de la prolongación del mandato a Pinochet por ocho años más. Es decir, los derrotados en el plebiscito de 1988 hoy se adueñan de la estrategia que los llevó a su derrota.
