En un nuevo episodio del programa político de El Mostrador, el director ejecutivo Federico Joannon, junto a la editora periodística Marcela Jiménez, conversaron con el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Álvaro Fuentealba, sobre los casos de corrupción en los que se han visto implicados el Ministerio Público y el Poder Judicial y cómo han influido en una percepción negativa por parte de la ciudadanía. Fuentealba puso el foco en que hay un problema en el diseño institucional de ambos organismos, lo que genera «un estrés interno», pero sobre todo alertó sobre los riesgos que conllevan las «crisis de confianza» en las estructuras del Estado, porque debilitan el «sostén de la democracia».
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La crisis institucional que atraviesa el Ministerio Publico y el Poder Judicial, además de la desconfianza ciudadana en ambas entidades, fueron los temas de análisis de un nuevo capítulo de La Semana Política de El Mostrador, donde el director ejecutivo Federico Joannon y la editora periodística Marcela Jiménez, conversaron con el académico de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Álvaro Fuentealba.
«Hubo una comisión Engel hace unos años como un esfuerzo por mejorar normas aplicables a casos de corrupción, fundamentalmente corrupciones ligadas con la política y el financiamiento irregular de la política. Ahí hubo un esfuerzo y se mejoraron las normas. Hoy día estamos viendo casos de corrupción evidentes en órganos fundamentales como el Poder Judicial, la Fiscalía, las Fuerzas Armadas, Carabineros, etc. ¿Es posible que Chile salga de esto o nos vamos a convertir en un país corrupto?, planteó Joannon al inicio de la discusión.
Fuentealba, desde una perspectiva optimista, indicó que «la transparencia y el control público respecto de las conductas que se viven al interior de las instituciones está mejor que antes, el esfuerzo institucional y normativo está dando frutos. Pero esto no es para cantar victoria naturalmente».
Sin embargo, admitió que «es muy preocupante desde la perspectiva nuestra de académicos de Derecho que abogados sean protagonistas de casos que hay que investigar».
Respecto de los controles institucionales, Fuentealba destacó las reformas realizadas años atrás contra la corrupción. «No nos hemos preguntado hoy día como era la situación de la justicia, la opacidad de la justicia criminal antes de la Reforma Procesal Penal, donde los abogados sabían que había muchos personajes oscuros, donde se compraban las libertades de los imputados. Eso terminó afortunadamente».
En relación a dicha Reforma Procesal Penal, Marcela Jiménez aseveró que «se hizo precisamente para transparentar y darle mayor equidad a la justicia de este país y se hizo precisamente para evitar todos estos contubernios que se hacían bajo cuerda o tras la puerta en el Poder Judicial. Pero a la luz de los hechos de lo que estamos presenciando ahora, tanto en el Ministerio Público, como en el Poder Judicial, los malos hábitos siguen».
Fuentealba replicó diciendo que «efectivamente los malos hábitos siguen, pero tú tienes un sistema de transparencia que no tenías antes, y tienes una institución autónoma que es el Ministerio Público».
«El problema creo yo, es que a lo mejor nos pasamos de roscas con la autonomía, y ese sistema autónomo de persecución criminal a lo mejor tendría que tener, para arbitrar sus conflictos internos, un control externo también. No se explica por qué la Contraloría General de la República no tiene incidencia en el control de la institución», sostuvo el académico.
En relación a la cuestionada imagen de la Fiscalía Nacional, Fuentealba señaló que «el prestigio del Ministerio Público en gran medida ha dependido del carisma del Fiscal Nacional y eso no es sano en ninguna institución».
Respecto a esto, Jiménez dijo que «se ha cuestionado mucho que, en gran medida, parte de lo que está pasando, más que en la responsabilidad de los hechos, sino que por el manejo de los problemas, es responsabilidad de Abbott y de su falta de conducción y de liderazgo, y que otro Fiscal Nacional, con otro carácter u otros criterios habría impedido que sus fiscales regionales llegaran al escándalo público que tienen (Sergio) Moya y (Emiliano) Arias en este minuto».
En cuanto a la polémica entre estos dos fiscales, Jiménez señaló que «al final va a dar lo mismo cuál de los dos tenga la razón, porque a la luz de los hechos ambos incurrieron en actitudes y acciones que no corresponden al papel de fiscal que tenían».
Por su parte, Fuentealba insistió en que el problema es «institucional». «El diseño institucional a mi juicio está mal hecho porque el Fiscal Nacional instruye un sumario y el mismo va a resolver la sanción. Ese fiscal que va a ser sancionado no va a tener la posibilidad de apelar a ninguna institución, en cambio el resto de los funcionarios públicos sí puede apelar ante el superior jerárquico o ante la Contraloría, entonces tenemos un diseño institucional que fuerza a un estrés interno», sostuvo
Para cerrar el debate, Joannon consultó sobre qué reformas concretas desde la academia son imprescindibles de hacer para lograr que la ciudadanía vuelva a confiar en las instituciones implicadas.
«Cuando hablamos del fortalecimiento de la democracia, lo más sensible para el público es la confianza en las instituciones. Estamos en una crisis de confianza, y las crisis de confianza son peligrosas porque debilitan el sostén de la democracia «, indicó Fuentealba.
A juicio del abogado, “tenemos que hacernos cargo de debilidades institucionales que están aflorando y que provocan problemas. Mayor distribución del poder es mayor distribución del control (…) el Poder Judicial tiene un problema que es la sensación de opacidad”.
Fuentealba añadió que es una gran oportunidad de analizar el tema, y avanzar en cambios, porque “no nos estamos haciendo cargo. Esta es una crisis preocupante y tiene que tener respuestas institucionales”.
