Opinión
La reunión le da a nuestro país la oportunidad de ser líder en algunos temas asociados a cambio climático, ya sea dentro del marco de las negociaciones o instalando en la discusión internacional aspectos hasta ahora poco considerados. Pero, para ejercer esta capacidad, se requiere ser reconocido como tal, lo que significa proponer una agenda ambiciosa y generar alianzas para llevarla a cabo. Porque lo peor que nos podría pasar es que este sea un evento de alto nivel, que no deje una huella sustantiva y se convierta solo en una vitrina de buenas intenciones.
Chile será sede de la 25 Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP25), la cual se realizará entre el 2 y el 13 de diciembre. Si bien es una reunión en la que participan y negocian los gobiernos y, por ende, es un espacio cerrado para la mayor parte de la ciudadanía, el solo hecho de que se realice en nuestro país abre distintas posibilidades y desafíos para todos quienes habitamos el territorio nacional. Para ello, es necesario saber, en términos generales, en qué consiste este tipo de reuniones, preguntarnos qué queremos y/o podemos hacer, definir qué queremos que ocurra en Chile antes, durante y después de la COP.
La reunión le da a nuestro país la oportunidad de ser líder en algunos temas asociados a cambio climático, ya sea dentro del marco de las negociaciones o instalando en la discusión internacional aspectos hasta ahora poco considerados. Pero, para ejercer esta capacidad, se requiere ser reconocido como tal, lo que significa proponer una agenda ambiciosa y generar alianzas para llevarla a cabo.
En este sentido, resulta interesante la participación del ministro Felipe Larraín en la Coalición Mundial de Ministros de Hacienda por la Acción Climática, pues justamente lo que se requiere es más compromiso y acción de los países para, en una primera etapa, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) al 2030.
También es importante que esta COP tenga un sello latinoamericano, pues existen problemáticas que son comunes a esta región y que van más allá de la reducción de GEI.
Latinoamérica y el Caribe contribuyen con menos del 10% de las emisiones globales de GEI, sin embargo, esta es una región extremadamente vulnerable a los efectos del cambio climático, por ello se requiere que nuestros gobiernos comiencen a implementar medidas de adaptación desde ya. Esto, en definitiva, significa generar acciones para hacer frente a los efectos del cambio climático, pero también cambiar patrones de producción y consumo.
[cita tipo=»destaque»]Solo a modo de ejemplo, deberían existir anuncios sobre la descarbonización de la matriz eléctrica a corto plazo, antes del 2030 y establecer que la tan aclamada electromovilidad no sea con generación eléctrica a carbón o utilizando litio, cuya extracción afecta de forma irreversible a los sistemas hidrológicos de los salares del norte de Chile. A esto podemos sumar la urgencia de terminar con las zonas de sacrificio y el compromiso a mejorar las normativas ambientales, relacionadas con las normas de calidad para agua, aire y suelo, como también es fundamental el compromiso de Chile en aumentar la superficie a reforestar con especies nativas y la protección de humedales, entre otros.[/cita]
No basta con que el Gobierno de Chile sea sede de la COP o genere algunas acciones a nivel latinoamericano, también se requiere que las acciones propuestas sean más que discursivas y, por tanto, tengan algún grado de coherencia con la política pública nacional, pues no se puede pretender llevar adelante las negociaciones climáticas cuando existen problemas relevantes a nivel nacional, que no han sido subsanados de forma adecuada.
Las organizaciones de la sociedad civil tenemos el deber y el desafío de plantear clara y firmemente al Gobierno las materias en que es imprescindible que se generen compromisos concretos, que sean parte de la política pública nacional, más allá de la COP25.
Solo a modo de ejemplo, deberían existir anuncios sobre la descarbonización de la matriz eléctrica a corto plazo, antes del 2030 y establecer que la tan aclamada electromovilidad no sea con generación eléctrica a carbón o utilizando litio, cuya extracción afecta de forma irreversible a los sistemas hidrológicos de los salares del norte de Chile. A esto podemos sumar la urgencia de terminar con las zonas de sacrificio y el compromiso a mejorar las normativas ambientales, relacionadas con las normas de calidad para agua, aire y suelo, como también es fundamental el compromiso de Chile en aumentar la superficie a reforestar con especies nativas y la protección de humedales, entre otros.
Pero esto no es todo. Tanto el Presidente Sebastián Piñera como la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, han anunciado que quieren que esta sea una “Blue COP” o “COP azul” y, si bien el tema de los océanos no será materia de la negociación entre los países, al parecer el Gobierno quiere darle un sello a esta reunión poniendo en la agenda internacional la importancia de considerar el rol de los océanos en materia climática.
Sin duda, es un gran tema, pero también debe tener coherencia con la política pública nacional, lo cual se debería traducir en una revisión, actualización y puesta en marcha de la Política Oceánica, el financiamiento para la implementación de las áreas marinas existentes y la creación de áreas marinas costeras en ecosistemas relevantes, como por ejemplo el Archipiélago de Humboldt. Este último, no debería verse afectado por ningún tipo de proyecto minero-portuario o de otra naturaleza que dañe el ecosistema. Además, es necesario comprometer una mayor regulación y fiscalización más exigente y rigurosa para la industria salmonera.
Sin duda, estos son algunos temas en los que el Gobierno debe generar acciones, pues lo peor que nos podría pasar es que la COP25 sea un evento de alto nivel, que no deje una huella sustantiva en la política pública nacional y se convierta solo en una vitrina de buenas intenciones.
