Agua un ¿derecho humano?: La ausencia del Estado en Cachiyuyo y Osorno

Hace algunos días, en Cachiyuyo, hermosa localidad rural de pequeños mineros y crianceros de ganado menor, ubicada en pleno desierto de Atacama, a 60 Km al Sur de Vallenar, hubo que suspender el suministro de agua desde el pequeño pozo extractor, administrado por el Agua Potable Rural (APR) local, ya que estaba contaminada con arsénico y nitratos. Sus habitantes estaban en riesgo evidente. Semanas atrás habían tenido episodios colectivos de enfermedades gastrointestinales.

Esta semana los osorninos y osorninas se quedaron sin agua potable por la contaminación de las fuentes con las que los abastece la empresa concesionaria ESSAL, cuyo dueño es el grupo francés Suez, multinacional experta en saneamiento. La empresa informó tarde y parcialmente de la gravedad del problema. La ciudadanía estuvo muchos días sin la certeza de cuándo retornaría el abastecimiento.

Cachiyuyo en el norte, con escasez evidente, en medio del desierto. Osorno, con abundancia de agua, en el sur de Chile. Cachiyuyo abastecido por una pequeña APR que surte a poco más de 70 familias, una escuela y una posta. Osorno, por la concesionaria ESSAL que debe atender a decenas de miles de familias y cientos de establecimientos (entre ellos escuelas, universidades, hospitales, cárceles, hoteles, restaurantes, hogares de ancianos) y empresas.

En pleno Siglo XXI, el Estado de Chile no puede seguir jugando con la salud de su población, el agua potable debe llegar a cada persona de manera segura y estable. Es un derecho humano. (El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.) Las concesionarias como ESSAL han lucrado durante más de 20 años, desde que fueron privatizadas en democracia, con rentabilidades seguras garantizadas por ley. No obstante el retorno seguro, no hacen las inversiones suficientes. No son garantía ni en Osorno, ni es Santiago, ni en Atacama, ni en ninguna región.

El Estado las supervisa con una débil Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), entidad sin capacidades, facultades ni verdadero poder de fiscalización. Esta, en su página web, la SISS señala que su misión es: “Velar porque la población urbana abastecida por las empresas de servicios de agua potable y saneamiento de las zonas urbanas del país, reciba dichos servicios con la calidad y continuidad establecido en la normativa, a precio justo y sostenible en el largo plazo; adicionalmente, asegurar a la comunidad, que el agua una vez utilizada será tratada para ser devuelta a la naturaleza de forma compatible con un desarrollo sustentable.

Esta responsabilidad será cumplida buscando promover la transparencia en el mercado, el autocontrol por parte de las empresas y desarrollando una actuación eficiente”. Misión incumplida. Los sistemas de APR en su mayoría con problemas de dinero y administración, han sido dejados por el Estado en manos de vecinos de buena voluntad, que los dirigen sin recibir remuneración en ausencia de la autoridad. Solo algunas veces al año va el funcionario de la Dirección de Obras Hidráulicas, que debe supervigilar y apoyar a varias decenas de estos sistemas. Según la página web del MOP/ DOH: “El Programa de Agua Potable Rural (APR) de la Dirección de Obras Hidráulicas, perteneciente al Ministerio de Obras Públicas, tiene por misión abastecer de agua potable a localidades rurales, contribuyendo al desarrollo económico y a la integración social del país”. Misión incumplida.

El sistema ha fracasado. Debemos con urgencia ponerle fin a las concesiones de las empresas de agua potable, en las que habita el peligroso “germen” de hacer primar la rentabilidad por sobre la salud y la vida de las personas, además de dotar de facultades fiscalizadoras, con posibilidad de aplicar multas ejemplares y con recursos humanos y materiales suficientes a la Superintendencia. A ella también se deben someter los sistemas de agua potable y saneamiento rurales. Las empresas de servicios sanitarios debieran ser regionales y hacerse cargo de los sistemas urbanos y rurales de cada región y ser fiscalizadas por la una fortalecida superintendencia y sometidas al escrutinio de la ciudadanía.