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PAÍS

El "escándalo" Traverso: el lío judicial que huele a "vinagre" e involucra a prestigiosos estudios de abogados

por 30 agosto, 2019

El

Renato Traverso Marsili y su exsocio Manuel Cuesta Waisser

Es un juicio que lleva casi una década y que enfrenta a dos exsocios, uno de ellos el empresario vinagrero Renato Traverso, a quien un otrora amigo acusa de haberle quitado todo, usando argucias legales. El tribunal civil de San Bernardo, en 2017, condenó al hombre de negocios a pagar 3 mil millones de pesos al demandante. Según el Ministerio Público, para zafar de ese entuerto, Traverso y los abogados Jorge Meneses Rojas –socio del influyente estudio Grasty Quintana Majlis & Cía Ltda.–, Sthepan Lührmann Ortiz –director de Resolución de Conflictos de MS Carey & Allende– y Roberto Narváez Parra –un reconocido abogado en materias comerciales–, habrían tratado de engañar a la Corte de Apelaciones de San Miguel con maniobras que la Fiscalía considera “delictuales y escandalosas”. Por eso quiere formalizarlos por estafa, pero en historia aún hay mucho paño que cortar.
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Pareciera que hay peleas legales que llegan para quedarse eternamente en los tribunales y donde siempre hay un par de elementos comunes que se conjugan: la disputa de altas cifras de dinero y la participación de abogados que ejercen toda su artillería para pelear palmo a palmo la posibilidad de lograr un triunfo, cueste lo que cueste.

A pesar de esta realidad transversal, pocas veces se dan casos que alcanzan la magnitud del que enfrenta a Renato Traverso Marsili –controlador de la conocida empresa de vinagres y sucedáneos del limón– con un exsocio, Manuel Cuesta Waisser, quien hace una década lo demandó acusándolo de incumplir una serie de acuerdos comerciales, mediante los cuales se habría quedado con todos los bienes de su otrora amigo, entre los que se cuentan su empresa inmobiliaria Santa Anita S.A. y cuatro paños de terrenos ubicados en Santiago Centro, con un avalúo comercial sobre los USD 15 millones.

Aunque este es un caso que en principio debiera discutirse solo en el ámbito civil, por ser un tema comercial, esta disputa ya traspasó hacia lo criminal y tiene al dueño del holding Traverso S.A. y a tres integrantes de connotados estudios de abogados, ad portas de ser formalizados por ‘estafa’, en una investigación a cargo de la fiscal Alicia Ascencio, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

Los detalles de la acusación

La Fiscalía Centro Norte acusa a Traverso y a los abogados de su defensa legal de intentar engañar a la Corte de Apelaciones de San Miguel para anular la sentencia que, en julio de 2017, lo condenó a pagar a su exsocio Manuel Cuesta más de $3 mil millones y a devolverle las acciones de la sociedad Santa Anita. En esos mismos días, el empresario de origen italiano estrenaba su Ferrari modelo F12 Berlinetta 6.3.

Para realizar toda esta operación, según la Fiscalía, el empresario contó con la ayuda del abogado Jorge Meneses Rojas –socio del influyente estudio Grasty Quintana Majlis & Cía Ltda.– y de Sthepan Lührmann –director de Resolución de Conflictos del prestigioso estudio de abogados MS Carey & Allende–. También participó, de acuerdo a la investigación del ente persecutor, el experimentado abogado en materias comerciales Roberto Narváez, y el asesor contable Ciro Acuña Vargas.

El paño del conflicto.

Durante una audiencia realizada el pasado miércoles, en una frase la fiscal Ascencio resumió la envergadura de este litigio, al calificar este proceso como "un verdadero escándalo", tras lo cual recordó que fue el propio tribunal de alzada de San Miguel el que –tras advertir los hechos– resolvió, en febrero de 2018, enviar los antecedentes al Ministerio Público.

Estos antecedentes se refieren a que, en noviembre de 2017, después de cuatro meses de dictado el fallo en su contra, Traverso convocó a una reunión de directorio de Santa Anita S.A., a la que asistió solo él, ya que los otros directores no habrían sido convocados, como estipula la Ley de Sociedades Anónimas. En dicha ocasión, resolvió cambiar el directorio de la firma –sacando a sus dueños originales– y reemplazar a su gerente general, Manuel Cuesta, para nombrar en dichos cargos al abogado Roberto Narváez y al asesor contable Ciro Acuña.

Este último, en calidad de nuevo gerente general de Santa Anita, revocó los poderes de los abogados contratados por Manuel Cuesta para demandar al empresario vinagrero, nombrando como abogado de la sociedad a Sthepan Lührmann, del estudio Carey. Este profesional luego presentó un escrito ante la Corte sanmiguelina para desistirse de la demanda contra su mismo cliente, luego que Traverso arribara a un supuesto acuerdo con Santa Anita –controlada ahora por él mismo– y donde renunciaba a seguir con la demanda por el pago de 100 millones de pesos.

El “fast track” judicial

Luego que la Corte de Apelaciones de San Miguel advirtiera lo “atípico” de la situación, donde un demandado pasó a ser también demandante, para luego autopagarse 100 millones de pesos y ahorrarse otros $2.900 millones, a los que estaba condenado a pagar originalmente, los abogados de Cuesta presentaron querellas para hacerse parte en la investigación.

Aunque las defensas de los futuros imputados afirman que luego la Corte de San Miguel anuló la decisión de ordenar que esto se investigara penalmente, lo cierto es que tanto fuentes de la Fiscalía, los querellantes, como del mencionado tribunal de alzada, desmienten eso y afirman que no existe ninguna resolución en tal sentido.

Más allá de esto, lo concreto es que los cargos de la Fiscalía se basan en que la reunión de directorio realizada por Traverso y sus asesores, ocurrida en la oficina del abogado Roberto Narváez, ubicada en calle Huérfanos, no cumplió con las formalidades establecidas en la Ley de Sociedades Anónimas para concretarse, en perjuicio directo del otro socio, Manuel Cuesta.

Además, tanto el Registro de Directores, accionistas y las acciones (papeles) propiamente tales, se encuentran bajo medidas precautorias, en el mismo juicio que se tramita en San Miguel. Otro hecho mencionado por los querellantes para impugnar la asamblea, es que ya en 2012 el tribunal civil –que terminó condenando a Traverso– mantuvo la representación legal de Santa Anita en manos de Cuesta, por lo que señalan que hay “cosa juzgada”, respecto a que el empresario vinagrero no tenía legitimación para convocar ni realizar esa reunión.

Las aseveraciones del Ministerio Público

En la audiencia del miércoles 28 de agosto ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, la fiscal Ascencio, en su exposición del caso ante el tribunal, dijo que “después de que se había dictado la sentencia de primera instancia, los imputados mediante actos societarios revestidos de legalidad, pero entiende el Ministerio Público que finalmente son maniobras fraudulentas, obraron en perjuicio de la parte contraria, para finalmente constituirse simultáneamente como demandantes y demandados, presentando estos escritos”.

Y la persecutora agregó que, en febrero de 2018, cuando el tribunal de segunda instancia conoce de estos escritos y acciones, “provoca en la Corte algo que uno podría describir con el aforismo: se perdona el pecado, pero no el escándalo. Y esto fue escandaloso, además de constitutivo de delito, y dice que hay que poner en conocimiento de los antecedentes al Ministerio Público”.

Los defensores alegan que finalmente la Corte no ofició esa denuncia, pero los antecedentes igual fueron denunciados al Ministerio Público, y por eso se investigó y la Fiscalía decidió formalizar a Traverso y sus abogados.

Por su parte, Mario Vargas, que representa al empresario vinagrero y a los directores de la compañía, asegura que “es una errónea interpretación (de los hechos). Tenemos la convicción que acá todo se ha hecho en regla, no se ha hecho ninguna estafa. Por el contrario, mis representados y los abogados imputados han actuado conforme a derecho, no han actuado ilícitamente. Nosotros creemos que acá no hay delito y vamos a apuntar a que se sobresea o se absuelva a mis representados”.

Causa sin tribunal

Tras una primera fallida formalización, las defensas de los abogados investigados solicitaron al 7° Juzgado de Garantía de Santiago que se declarase incompetente para ver este caso. La jueza Isabel Correa aceptó la petición, acogiendo la hipótesis de que el perseguido delito se habría cometido en jurisdicción del 8° Juzgado de Garantía, el mismo que en el mes de agosto de 2018 dijo que esto era ámbito del 7° tribunal. Casi como jugando al “compra huevos”.

Así, en lo inmediato, lo que se discute es dónde se habría generado el delito: si en el lugar donde se hace la junta de accionistas ilegal, según la Fiscalía, o donde se redujo a escritura pública el Acta, ante la 34a Notaría de Providencia.

El defensor Mario Vargas explicó que “este fue un debate para determinar cuál es el tribunal que tiene que seguir conociendo de esta investigación. Nosotros creemos que es competente el 8° de Garantía, y así resolvió el tribunal dándonos la razón, por lo tanto, se tienen que remitir los antecedentes a la Fiscalía Oriente para que vuelva a solicitar fecha para formalizar, ahora ante este tribunal”.

El abogado Jorge Oyarce, que representa al exsocio de Traverso, dice que van a apelar de lo sucedido hoy, porque a su juicio “están tratando de postergar, de dilatar la formalización, y debilitar al Ministerio Público, sacando del caso a una fiscal que se encuentra investigando hace más de un año, una causa que ya subió a la Unidad de Delitos Complejos, la que consideró que hay antecedentes suficientes como para formalizar un fraude procesal. En resumidas cuentas, quieren burlar la acción de la justicia tal cual como pretenden hacerlo con el primer fallo del tribunal de San Bernardo y la Corte de Apelaciones de San Miguel”.

El portazo del TC

Desde octubre del año pasado, los abogados que serán imputados intentaron conseguir una salida a través de un recurso de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional (TC), con lo que lograron paralizar la causa en la Corte de San Miguel por diez meses, alegando una supuesta desigualdad ante la ley por estar siendo juzgados civil y penalmente por los mismos hechos.

Pero el TC fue rotundo y falló de forma unánime el 7 de agosto, rechazando el requerimiento y argumentando que los procesos civil y penal “no son lo mismo”, que son independientes, ya que la Corte de Apelaciones de San Miguel podría declarar la existencia de un fraude procesal, sin necesidad de que por la vía penal se compruebe y sancione.

Todo regresa a la Corte denunciante

El devenir de este proceso judicial ante el Primer Juzgado de Letras de San Bernardo ha hecho que hoy sea la misma Corte de Apelaciones de San Miguel, que alertó inicialmente el eventual fraude procesal, la que tenga en sus manos nuevamente el destino de esta causa.

Para hoy viernes está citada la audiencia para que el tribunal de alzada retome la revisión del caso en su parte civil, donde deberá pronunciarse sobre la acusación de fraude procesal que pesa en contra de Traverso y sus abogados, luego que el fallo del TC la emplazó a pronunciarse sobre el punto.

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