Opinión
Se levantó una mesa de trabajo junto a representantes de funcionarios y fiscales, académicos, parlamentarios y expertos para analizar la situación actual del Ministerio Público, con el fin de desarrollar un paquete de medidas con las que creemos se avanza en lograr que la institución pueda renovarse, alcanzar altos estándares de transparencia y retomar su lugar en nuestro sistema democrático.
Hace bastante tiempo que el Ministerio Público se encuentra en medio de una crisis a partir de las investigaciones en torno a los casos de corrupción política, denuncias de abusos laborales y hostigamiento a funcionarios y funcionarias de la institución, situaciones que fueron parte del requerimiento que presentamos el año pasado junto a otros parlamentarios ante la Corte Suprema, para solicitar la destitución del Fiscal Nacional Jorge Abbott.
Hace doce meses, el máximo tribunal del país desestimó nuestros argumentos, que establecieron la negligencia de Abbott en su gestión a la cabeza del Ministerio Público. A pesar de la contundencia con que la Corte Suprema rechazó nuestra solicitud, los problemas se mantienen al interior de este organismo, que cumple la fundamental tarea de investigar y acusar delitos, es decir, es fundamental a la hora de impartir justicia.
Por lo mismo, aún le damos vueltas al fallo de la Corte Suprema, ya que a pesar de rechazar la destitución al fiscal Abbott, vemos en la prensa rencillas internas entre los fiscales regionales y el Fiscal Nacional, que apuntan a tráfico de influencias y al mal uso de sus propias facultades.
Esta situación es de una gravedad absoluta, no solo por la importancia de resguardar la independencia y la soberanía del Poder Judicial como protección de nuestra democracia y las instituciones que nos hemos dado para garantizar procedimientos limpios, transparentes, democráticos, que velen por las garantías constitucionales de cada ciudadano y ciudadana, pero también por la protección de nuestra democracia. Este conflicto además ha involucrado a todo el aparataje institucional en esta red de influencias y poder.
La trenza de intereses políticos ha convertido al Ministerio Público en un organismo que ha dejado de velar por los intereses de la ciudadanía, que espera tener acceso igualitario a la Justicia, para favorecer al poder político y económico, dando un nuevo golpe a nuestra ya cuestionada democracia.
Por eso es que, en paralelo al proceso de destitución, se levantó una mesa de trabajo junto a representantes de funcionarios y fiscales, académicos, parlamentarios y expertos para analizar la situación actual del Ministerio Público, con el fin de desarrollar un paquete de medidas con las que creemos se avanza en lograr que la institución pueda renovarse, alcanzar altos estándares de transparencia y retomar su lugar en nuestro sistema democrático.
De esta forma ingresamos junto al diputado frenteamplista Gonzalo Winter (Convergencia Social) y a otros parlamentarios, un paquete de proyectos de ley donde buscamos impulsar una profunda reforma a esta institución, para hacerla más transparente y más democrática.
Este paquete es parte de nuestra agenda de “Iniciativas para una Democracia en Común”, las que dimos a conocer y presentamos al ministro del Interior, Andrés Chadwick, en junio pasado. De esta agenda ya ingresamos el proyecto de Congreso Unicameral, esta reforma al Ministerio Público y nos queda por ingresar la propuesta de Iniciativa Popular de Ley.
Es importante sostener que esta propuesta apunta a la modernización del Ministerio Público, con el fin de avanzar en el perfeccionamiento del organismo, en pos de lograr mayor autonomía respecto al poder político, perfeccionar los controles dentro de la misma institución, alcanzar mayor democratización en el nombramiento de funciones directivas en el organismo a través de la introducción de elementos del sistema de alta dirección pública e incorporar un órgano interno de control, que a su vez tenga carácter autónomo respecto al Fiscal Nacional.
También impulsamos un proceso de democratización institucional de género, en la línea de que el Estado reconozca igualdad de condiciones respecto a los miembros que conforman el Ministerio Público, en las esferas de tomas de decisión y dirección del mismo.
Respecto de la designación de cargos y transparencia, a través de este proyecto pretendemos definir qué es lo que se buscará en los funcionarios que integran esta institución de vital importancia para nuestra práctica de justicia, con el objeto de garantizar en definitiva un sistema de méritos sustentado en la competencia de los más cualificados.
Finalmente, creemos urgente establecer un espacio de fortalecimiento democrático y de control a través de la creación de la Contraloría General del Ministerio Público, cuyo propósito es garantizar la probidad, transparencia, responsabilidad del derecho y la autonomía del Ministerio Público.
Estamos cumpliendo con un compromiso que nos pusimos desde el día uno en el Frente Amplio: levantar una agenda que impulse la democratización y la transparencia de las instituciones, para que se pongan a disposición de la ciudadanía. Llamamos al Ejecutivo a que se sume a esta propuesta y entre en la sintonía para tener una mejor democracia.
Claudia Mix Jiménez es diputada de Comunes – Frente Amplio.
