¿Por qué Ucrania no tiene una zona de exclusión aérea?

Durante la madrugada del pasado 24 de mayo, Rusia lanzó uno de los ataques más intensos sobre Kiev desde el inicio de su invasión a gran escala contra Ucrania. La operación combinó drones y misiles de distinta naturaleza, incluyendo nuevamente el empleo del misil hipersónico Oréshnik, en una ofensiva que se extendió durante horas, y volvió a poner bajo presión a la capital ucraniana y a sus sistemas de defensa aérea.

En términos militares, este ataque probablemente no modificará por sí solo el equilibrio del frente ni alterará de manera decisiva el desarrollo de la guerra. Sin embargo, vuelve a abrir una pregunta estratégica que Occidente ha evitado responder durante más de cuatro años y que cada vez resulta más difícil seguir postergando. Si Ucrania continúa siendo objeto de ataques masivos sobre sus ciudades, su infraestructura y su población civil, ¿por qué los gobiernos occidentales siguen descartando siquiera discutir seriamente la posibilidad de establecer algún tipo de protección aérea sobre su territorio?

Desde los primeros días de la invasión, la posición de Estados Unidos y sus aliados europeos fue relativamente clara: Ucrania recibiría apoyo económico, inteligencia, entrenamiento, sistemas antiaéreos y armamento cada vez más moderno, pero sin cruzar el umbral de una participación militar directa. Y, en ese contexto, nunca entró al terreno de la discusión real que Ucrania contara con una no-fly zone.

La razón oficial siempre fue que una zona de exclusión aérea sobre Ucrania implicaría una escalada demasiado peligrosa. Sin embargo, el problema es que existen precedentes concretos y relativamente recientes. Por ejemplo, después de la Primera Guerra del Golfo (1990-1991), EE.UU., Reino Unido y Francia establecieron mecanismos permanentes de vigilancia aérea sobre Irak para impedir que el régimen de Saddam Hussein empleara nuevamente su fuerza aérea contra los kurdos en el norte y comunidades chiitas en el sur.

Aquella decisión, que comenzó con la Operación Provide Comfort, en abril de 1991, terminó transformándose en un sistema de patrullaje que se extendió por más de una década.

Más tarde, entre 1993 y 1995, la OTAN desarrolló la Operación Deny Flight sobre Bosnia y Herzegovina, ejecutando por primera vez operaciones reales de control aéreo dentro de una guerra europea. Y en marzo de 2011, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la Resolución 1973, que abrió paso a la intervención aérea sobre Libia para impedir que el régimen de Muammar Gaddafi utilizara su superioridad militar contra centros urbanos y fuerzas rebeldes.

En todos esos casos existió un principio relativamente parecido, porque cuando una población civil quedó expuesta al dominio aéreo de un actor superior, sí se consideró legítimo intervenir.

La pregunta, entonces, no es si existen antecedentes, sino por qué parecen dejar de ser válidos cuando el agresor es Rusia. Y ahí aparece el verdadero corazón del problema. Porque una zona de exclusión aérea no consiste solo en anunciar que un espacio queda cerrado ni en desplegar algunos radares adicionales, sino patrullar de manera permanente, interceptar aeronaves hostiles, derribar objetivos que violen la prohibición y destruir sistemas antiaéreos capaces de amenazar a quienes ejecutan la misión.

Traducido al caso ucraniano, significa aceptar que pilotos occidentales pudieran terminar enfrentándose directamente con fuerzas rusas o atacando sistemas desplegados por Moscú dentro del teatro de operaciones. Y ese escenario introduce un elemento completamente distinto al de Irak, Bosnia o Libia. Ninguno de esos países poseía capacidad de escalada global ni arsenal nuclear, pero Rusia sí.

Desde el inicio de la guerra, gran parte de la estrategia occidental ha descansado sobre una idea que -aunque rara vez se expresa de forma tan directa- ha guiado casi todas las decisiones importantes: ayudar a Ucrania todo lo posible, evitando simultáneamente cualquier escenario que pueda derivar en un enfrentamiento directo entre potencias nucleares.

Ese cálculo no es irracional. Después de todo, una guerra abierta entre Rusia y la OTAN tendría costos potencialmente catastróficos para Europa y para el sistema internacional. Pero tampoco es una decisión neutra, porque mientras Occidente administra cuidadosamente el riesgo de escalada, Ucrania sigue siendo el único gran conflicto contemporáneo donde una población de más de 30 millones de personas permanece bajo amenaza aérea constante, sin que exista una protección externa efectiva de su espacio aéreo.