PAÍS
La Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, que desde el pasado fin de semana ha trabajado para resguardar los Derechos Humanos de las personas que participan de las manifestaciones ocurridas en distintos lugares del país, elaboraron un informe de monitoreo tras visitar comisarías, hospitales y centros de detención en diferentes zonas de Santiago, donde han constatado torturas, detenciones ilegales y otros atropellos a los DDHH. Entre las denuncias más graves está el de obligar a personas detenidas a desnudarse, lanzar bombas lacrimógenas directo al cuerpo, golpes a embarazadas y obligar a detenidos por una patrulla militar a arrodillarse en el suelo mientras son golpeados. En relación con los dos amparos presentados por personas que se encontraban desaparecidas, se informa el hallazgo de sus cuerpos asociado a lo ocurrido en el incendio de Fábrica Kayser.
Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile reiteró en los boletines número dos y número tres que persisten las dificultades de las y los observadores para acceder a la información y registro de detenidos y detenidas. Esto pese al Oficio No001706 del Consejo para la Transparencia de 25 de octubre de 2019 que formuló recomendaciones en materia de transparencia proactiva con ocasión de la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Emergencia. El documento establece que de acuerdo a la Constitución cualquier persona puede acceder a esa información en tanto constituye una fuente de acceso público.
Lo propio han resuelto los Jueces de Garantía, y destaca la resolución de fecha 25 de octubre de 2019 del Octavo
Juzgado de Garantía de Santiago, en que la falta de transparencia en la materia afecta de manera sustancial el derecho a la igualdad ante la ley y el debido proceso, se han presentado recursos de protección ante las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel.
Los integrantes del organismo han elaborado informes tras visitar comisarías, hospitales y centros de detención en diferentes zonas de Santiago, donde han constatado torturas, detenciones ilegales y otros atropellos a los DDHH.
De acuerdo a su primer informe, del día jueves 24 de octubre, hubo detenciones realizadas por agentes policiales vestidos de civil, en vehículos no institucionales o sin placa patente. Además, detenciones en lugares no habilitados para ello, maltrato y abuso policial de carácter físico, sexual y psicológico (golpes, amenazas, desnudamientos).
Esto se suma a vulneraciones al debido proceso, como no informar los derechos a los detenidos, ingreso no autorizado de personal policial a domicilio, y detenciones de personas pertenecientes a grupos vulnerables como menores de edad, migrantes, personas en situación de calle, etc.
El informe del viernes da cuenta de casi los mismos hechos, sumado detenciones que involucran niñas, niños y adolescentes, «estas se efectúan sin salvaguardar sus derechos específicos», aseguran. También se observó afectación de personas en situación de calle en contextos de detención.
«Un problema recurrente ha sido la dificultad que han tenido los observadores para acceder a diversas comisarías de la región que se niegan a entregar información, registros, o acceso a sus dependencias para poder monitorear la debida garantía de los derechos humanos de los detenidos. Se vulnera así lo establecido en el art. 19 No 7 d) que establece la publicidad de los registros», comentan.
Respecto a centros de salud, los integrantes de la Defensoría observaron, en la Región Metropolitana, a personas afectadas con lesiones por golpes, atropellos y perdigones, con resultados de pérdida de globo ocular. También, lesiones en la cabeza, con 3 o más perdigones.
«Estas denuncias están siendo asesoradas por la Comisión de Acción Jurídica para la presentación de acciones ante el Ministerio Público, o bien la derivación en caso de otros. En el Hospital El Salvador se han observado un problema de colapso en la atención de pacientes graves durante la tarde, a eso de las 16:30 horas», señalan.
De acuerdo al informe, que también da cuenta de denuncias recibidas, se han constatado diversos hechos de abuso por parte de funcionarios de Carabineros e incluso de patrullas de militares.
De estos hechos, los que más se reiteran -o los de mayor gravedad- son: obligar a personas detenidas en comisarías a desnudarse frente al personal de carabineros; disparos de perdigones; lanzar bombas lacrimógenas directo al cuerpo causando lesiones y golpes en diversas partes del cuerpo, algunos de ellos son de especial gravedad, golpes a embarazadas, obligar a detenidos por una patrulla militar a arrodillarse en el suelo mientras son golpeados (les quitan además sus pertenencias) y un caso en que una persona fue apretada por el cuello resultando con principio de asfixia.
Los abogados añaden que, en el caso de lesiones, 55 de las denuncias son por impacto de perdigones en diferentes partes del cuerpo. Cabe destacar que 13 de estas denuncias incluyen impactos en la cabeza o rostro y 14 incluyen impacto de más de tres perdigones. Hay 3 atropellos de vehículos policiales y 6 por impactos de lacrimógenas directa al cuerpo.
En relación con los dos amparos presentados por personas que se encontraban desaparecidas, se informa el hallazgo de sus cuerpos asociado a lo ocurrido en el incendio de Fábrica Kayser.
