Opinión
Muchos políticos dicen que nadie tiene la respuesta. También que no pueden hacerse cambios de un día para otro. Mientras balbucean dichas frases para la historia, en la calle la ciudadanía sigue manifestándose, enfrentándose a las fuerzas policiales que han traído de vuelta a la memoria y cultura colectiva el trauma de una dictadura que jamás se superó. Se han violado los Derechos Humanos de la población por parte del Estado, constatados por sendos informes de organismos internacionales, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, informes que el Gobierno de Piñera ha menospreciado, basureado, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos hasta el mismo canciller Teodoro Ribera.
Pésimos tiempos para la confianza. Durante el último trimestre del 2019 se han registrado sendos estallidos sociales en países de América Latina –Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia– producto de la pérdida total de confianza de la población en sus respectivos gobiernos, mandatarios e instituciones. Si bien aquella preciosa recuperación en la confianza debería prometer una nueva etapa, donde pudiésemos tener la voluntad política de construir una sociedad más inclusiva, acogedora y desprejuiciada, aquello se fue al tacho de la basura.
El caso chileno es el más reciente, también el más extenso, ya con dos meses cumplidos de manifestaciones y violentos enfrentamientos.
La subida de 30 pesos fue el pistoletazo de salida a una gigantesca frustración ciudadana que se ha extendido como efecto dominó a otros países de Latinoamérica. Abusados durante 30 años por un sistema de relojería injusto, con costos de vida muy por encima del ingreso promedio, donde las expectativas de las personas han crecido con mayor velocidad que sus ingresos económicos, los chilenos se han rebelado contra su realidad en un contexto de completa desafección política, con la aprobación tanto del Presidente de la República, el Gobierno y las instituciones, literalmente, en el suelo.
Según datos de la OCDE, en el año 2015 el 52% de los ciudadanos de América Latina consideraba disculpable evadir impuestos. Cuatro años después, en pleno estallido social en Chile, los ciudadanos no han tolerado que la familia presidencial sacara a través de fideicomisos US$500 millones a paraísos fiscales. Y sucede que aquel círculo vicioso al que estaban acostumbradas las grandes fortunas del país, ha debilitado a las instituciones y ha menguado la capacidad para proveer mejores servicios a la población.
[cita tipo=»destaque»]La confianza en estos momentos vive su réquiem, en un instante crítico para la clase política, económica y social chilena cuyo futuro se ve incierto mientras permanezca la figura del Mandatario. ¿Cómo se recupera la confianza en un Presidente de la República que ha sacado a las calles a los militares, en un país traumatizado por una dictadura siniestra y cruel, donde una vez más militares y policías han vulnerado los derechos fundamentales de la población? ¿Cómo recuperar la confianza en un Parlamento que rechaza la salida anticipada de este argumentando que fue democráticamente electo, desconociendo con ese motivo –ante la percepción popular– las graves violaciones a los DDHH y constatando, a su vez, a través de una comisión investigadora, su evasión impositiva en paraísos fiscales?[/cita]
Tras dos meses del estallido social, el Gobierno no ha sido capaz de concretar medidas para detener la evasión de las grandes fortunas del país. El Parlamento tampoco ha tenido la valentía de tocar el sistema instaurado de aquella trampa institucional, enmarañado en burocracias que ha tensionado la relación entre los Estados y los ciudadanos.
El Presidente, Sebastián Piñera, prometió tiempos mejores a una ciudadanía cuyas expectativas de vida mejoraban, paulatinamente, desde el regreso a la democracia hasta la fecha, donde sin embargo dichas aspiraciones se vieron frustradas para una gran clase media aspiracional, creciente pero a su vez vulnerable. A pesar de haber conquistado mejoras sociales y avanzar a pasos agigantados en la superación de la pobreza, la realidad es que el modelo de desarrollo chileno continuaba entrampado y amarrado al de la élite económica, con un gran número de mercados de productos y servicios coludidos frente a la vista gorda de la clase política.
La ciudadanía chilena ha visto durante muchos años grandes anuncios, donde diferentes gobiernos han impuesto más y más normas para impedir la evasión. Sin embargo, de la misma forma han apreciado como dichas normas no se respetan, especialmente por aquellos con mayor poder económico. No es raro, entonces, que los ciudadanos a pie se pregunten cuál es el verdadero sentido de pagar sus impuestos. Los servicios públicos que reciben los más pobres son de una calidad inaceptable, especialmente salud y educación, mientras crece la entendible percepción de injusticia fiscal, de un pacto que redistribuya la riqueza y provea una correcta protección social, lo que merecen: dignidad de parte del Estado. No obstante la realidad es opuesta y es la razón por la que han salido masivamente a las calles, estallando en una violencia pocas antes vista, donde ni las iglesias se han salvado de los saqueos y las quemas.
Muchos políticos dicen que nadie tiene la respuesta. También que no pueden hacerse cambios de un día para otro. Mientras balbucean dichas frases para la historia, en la calle la ciudadanía sigue manifestándose, enfrentándose a las fuerzas policiales que han traído de vuelta a la memoria y cultura colectiva, el trauma de una dictadura que jamás superó. Se han violado los derechos humanos de la población por parte del Estado, constatados por sendos informes de organismos internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, informes que el gobierno de Piñera ha menospreciado, basureado, desde la Subsecretaria de Derechos Humanos hasta el mismo canciller, Teodoro Ribera.
La confianza en estos momentos vive su réquiem, en un instante crítico para la clase política, económica y social chilena cuyo futuro se ve incierto mientras permanezca la figura del Mandatario. ¿Cómo se recupera la confianza en un Presidente de la República que ha sacado a las calles a los militares, en un país traumatizado por una dictadura siniestra y cruel, donde una vez más militares y policías han vulnerado los derechos fundamentales de la población? ¿Cómo recuperar la confianza en un Parlamento que rechaza la salida anticipada de este argumentando que fue democráticamente electo, desconociendo con ese motivo –ante la percepción popular– las graves violaciones a los DDHH y constatando, a su vez, a través de una comisión investigadora, su evasión impositiva en paraísos fiscales?
El modelo de inequidad chileno producido por las grandes fortunas en tres décadas –a dos meses del estallido social en las calles del país– no ha sufrido modificación alguna y en ese sentido, a juicio personal, es prácticamente imposible encontrar una salida pacífica a la crisis sin considerar, seria y finalmente, la salida tanto del Presidente de la República como del Congreso pleno.
Con errores forzados, que se dan a diario, no han dejado espacio para que diálogo alguno sea relativamente creíble. Si no existe aquella vital voluntad de producir cambios consustanciales que liberen a los ciudadanos de esa frustración, de esa rabia contenida durante décadas, no les quedará, lamentablemente y como constata la historia, otra alternativa que salir de donde están, todos.
