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El último Estudio Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales del Consejo para la Transparencia (CPLT) reveló una percepción generalizada de desconfianza en el Estado, una negativa percepción sobre la relación que mantienen con él y, en paralelo, un alza en la disposición a denunciar hechos de corrupción. De acuerdo al sondeo, la crisis de confianza se evidencia en que sólo 2 de cada 10 personas consultadas manifiestan confiar en el Estado (23%) y 7 de cada 10 mantienen una evaluación negativa. La investigación fue aplicada a 2.850 personas a nivel nacional y mostró que la ciudadanía percibe mayoritariamente al Estado como distante (84%) y que los ciudadanos se sienten maltratados (76%) y además discriminados (71%) por éste.
Desde el 18 de octubre que la relación ciudadana con el Estado ha cambiado radicalmente y no es la misma que hace 10 o 15 años. Y el Estudio Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, lo grafica a la perfección.
Según consigna La Tercera, el sondeo realizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT) durante el año pasado reveló que solo 2 de cada 10 personas confían en el Estado (23%) y 7 de cada 10 tienen una evaluación negativa de la relación que mantienen con él. Además, la relación está marcada por un 84% que considera la relación como distante, 76% de mal trato, 71% de discriminación.
¿Qué factores influyen en la evaluación? Existe una alta percepción de corrupción del sector público, la que experimentó un alza de 11% respecto del 2017.
«No nos extraña, por ejemplo, que dentro de los resultados de la encuesta la ciudadanía perciba al Estado como distante, maltratador, discriminador y corrupto. Lo venimos diciendo desde mucho antes del estallido social: la crisis de confianza en las instituciones derivó en una falta de legitimidad del proceso político completo poniendo en peligro la democracia», dice el presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada, en conversación con el matutino.
«En mayo pasado ofrecimos un diagnóstico y propuestas con medidas anticorrupción a los tres poderes del Estado con una respuesta poco proactiva respecto de la real necesidad institucional», añadió Jaraquemada.
Cabe mencionar que el 18% de los encuestados señaló que ha sido testigo de algún caso de corrupción en el sector público en el último año. Además, un 7% sostiene que ha tenido que pagar un soborno, dar un regalo o hacer un favor a un funcionario público —o sabe de algún familiar, amigo o conocido que ha tenido que hacerlo— en el último año.
En detalle, los que respondieron afirmativamente al caso de los sobornos (204 casos), señalan que esto ocurrió principalmente en municipalidades (40%), seguidas de Carabineros (24%) y las instituciones que prestan servicios de salud (15%).
Eso sí, no todo es negativo. Jaraquemada explicó que ante este escenario de percepción generalizada de corrupción y mal trato, los datos dejan en evidencia una importantísima alza de la disposición a denunciar hechos de corrupción.
«Destacamos que existe una mayor disposición a la denuncia, lo que nos parece un buen indicador, sobre todo porque desde la política pública nuestro Consejo siempre ha promovido la idea de un sistema de denuncias anónimas que develen hechos de corrupción”, señaló el titular del CPLT.
La encuesta se le aplicó a 2.850 personas a nivel nacional y se realizó entre los días 15 de agosto y 6 de octubre de 2019, tiene un 2% de error para la muestra nacional y con un nivel de confianza de 95%.
