Opinión
La izquierda mantiene la esperanza, por lo demás bastante lógica, de que enarbolando con fuerza las demandas de la calle, logrará congraciarse con una ciudadanía desconfiada, que le ha vuelto la espalda. El apoyo irrestricto a las movilizaciones aparece, así, como más efectivo que el trabajoso proceso constitucional: por un lado, debilita al Gobierno y, por otro, permitiría la reconstrucción de una esquiva mayoría electoral. La mayor amenaza que enfrenta hoy el proceso constitucional no es la “campaña del terror” de la derecha, sino el riesgo de que sea concebido otra vez como un trámite más que no tiene nada que ver con la vida de las personas. La izquierda ha sido lenta en comprender que la campaña por el cambio constitucional no se gana solamente en las urnas, sino en la disputa por los sentidos comunes.
El acuerdo para desahuciar la Constitución de Pinochet es, sin duda, el mayor logro político de la oposición a partir de la crisis social, pero, una vez conseguido, en la izquierda todavía existen dudas respecto a que sea el mejor camino para canalizar las movilizaciones y demandas sociales. Por esta razón, en vez de consolidar al sector, el acuerdo constitucional ha tenido el efecto de tensionarlo. Algunos partidos no lo apoyaron, otros llegaron a quebrar con su conglomerado producto del mismo.
Más allá de estas fracturas concretas, la izquierda o las izquierdas todavía no saben bien cómo plantearse frente al proceso constitucional que han propiciado. Surgen las clásicas suspicacias frente a la institucionalización o politización de los cambios sociales, que todavía asolan el imaginario del sector. Hay algunos que quieren estar a toda costa “con la gente” –un eslogan manido que a estas alturas significa muy poco– y parecen creer que cualquier vía institucionalizada es una traición a la voluntad popular.
El polo del movimiento social a secas –no enturbiado por el desprestigiado trabajo político– ejerce todavía un gran atractivo sobre algunos y, sin duda, influye también la percepción de que, poniéndose de su lado, existe la posibilidad de capitalizar el descontento en algún tipo de mayoría electoral. No se trata de visiones propiamente antidemocráticas, pero sin duda subsisten al interior del espectro cultural de la izquierda concepciones de democracia que divergen, que en ciertos puntos hacen crisis, colisionan.
[cita tipo=»destaque»]Es en este escenario en que cobra relevancia el cambio constitucional. La nueva Constitución no es, desde luego, el espacio para resolver las múltiples demandas que se han levantado, pero sí puede ser el espacio para empezar a reconstituir una nueva relación entre política y ciudadanía, que siente las bases para un sistema político que esté a la altura de las expectativas de la gente y sea capaz de procesar sus demandas. Este es el objetivo básico del proceso constituyente que se ha puesto en marcha y que, si no se logra transmitir con claridad, el proceso en su conjunto perderá sentido, sea cual sea la opción que gane en las urnas o la composición del órgano encargado de elaborar la nueva Constitución.[/cita]
De cualquier forma, incluso en aquellos sectores de la izquierda que superan este primer escollo, todavía persisten dudas respecto de cómo compatibilizar el proceso constitucional con las legítimas demandas sociales de la ciudadanía, las cuales no solo no se han desactivado ante la promesa de una nueva Constitución, sino que parecen haberse agudizado aún más.
Existe, por cierto, el temor que la energía que ha dado vida a la protesta se desgaste en el arduo proceso electoral y, luego, en el complejo y laborioso escenario de una convención o asamblea constituyente. La aprensión es por supuesto válida, es inevitable que el camino de cambio constitucional termine capturando buena parte de la pulsión de la calle y que el debate, con todas sus fricciones y desafíos, se traslade al más controlado escenario de la deliberación de unos pocos representantes. Las temidas cuatro paredes.
Por otro lado, es obvio que nadie quiere aparecer desconsiderando las demandas sociales, menos aún la izquierda, que es el sector que históricamente las ha apoyado. Sin duda hay convicción aquí, pero también inevitable cálculo electoral. La izquierda mantiene la esperanza, por lo demás bastante lógica, de que enarbolando con fuerza las demandas de la calle, logrará congraciarse con una ciudadanía desconfiada, que le ha vuelto la espalda. El apoyo irrestricto de las movilizaciones aparece, así, como más efectivo que el trabajoso proceso constitucional: por un lado, debilita al Gobierno y, por otro, permitiría la reconstrucción de una esquiva mayoría electoral.
Lamentablemente, sin embargo, la ciudadanía no parece refrendar este análisis. La gente respalda las demandas, por supuesto (al menos en las volátiles mayorías de las encuestas), pero no parece traspasar este respaldo a ningún sector político en específico. Los partidos políticos y el Congreso siguen por el suelo, no alcanzan a un tercio del respaldo que obtiene una institución tan cuestionada como Carabineros. Peor aún, las encuestas sugieren que los partidos y figuras de izquierda han disminuido su aprobación en mayor medida que los de derecha. Esto es difícil de comprender –al menos para mí–, pero se configura la paradoja de que finalmente pueda ser la derecha la que termine “capitalizando” la crisis.
Al parecer, la opinión pública está decodificando las cosas de manera distinta a como se espera. Por alguna razón –muchas que no entendemos bien– no comprende la política como un eje de posiciones distintas, algunas más cercanas y otras más lejanas a las propias. La observa, más bien, como una arena de discusión estéril, en la que toda demanda se instrumentaliza y termina por degradarse. No existiría, así, mayor disposición a reconciliarse con uno u otro sector, independientemente de las posiciones que sustente, todos serían responsables y alimentarían esta sensación de abandono, de alienación. La crisis social sería, de esta forma, más que una acumulación de demandas, la expresión de una fractura fundamental entre ciudadanía y sistema político.
Es en este escenario en que cobra relevancia el cambio constitucional. La nueva Constitución no es, desde luego, el espacio para resolver las múltiples demandas que se han levantado, pero sí puede ser el espacio para empezar a reconstituir una nueva relación entre política y ciudadanía, que siente las bases para un sistema político que esté a la altura de las expectativas de la gente y sea capaz de procesar sus demandas. Este es el objetivo básico del proceso constituyente que se ha puesto en marcha y que, si no se logra transmitir con claridad, el proceso en su conjunto perderá sentido, sea cual sea la opción que gane en las urnas o la composición del órgano encargado de elaborar la nueva Constitución.
La izquierda ha defendido hace tiempo que una nueva Constitución es el camino para una solución de fondo a la incapacidad del sistema político actual. Pero ahora, en verdad, parece haber olvidado las razones por las que lo hacía o, al menos, haberlas perdido de vista en el fárrago de expectativas ciudadanas. La nueva Constitución ha pasado a ser más bien una especie de escenografía, un entramado de fondo para la disputa de lo verdaderamente importante, que sería el conjunto de demandas sociales que disputan por su hegemonía en el revuelto escenario de la movilización social.
No se trata de desoírlas, desde luego, pero sí de inscribirlas en un contexto de cambio más amplio, que le haga sentido a la gente y las vuelva viables. De la misma forma, el único objetivo del proceso constituyente no es solo la nueva Carta Magna, sino también, de modo fundamental, el proceso mismo mediante el cual esta nueva Constitución adquiere legitimidad y se dota de sentido.
En este contexto, la mayor amenaza que enfrenta hoy el proceso constitucional no es la “campaña del terror” de la derecha, sino el riesgo de que sea concebido otra vez como un trámite más, un “asunto de los políticos” que no tiene nada que ver con la vida de las personas en sociedad. La izquierda ha sido lenta en comprender que la campaña por el cambio constitucional no se gana solamente en las urnas, lo que por cierto tampoco debiera darse por descontado, sino en la disputa por los sentidos comunes a través de los cuales la gente se relaciona con eso que llamamos política.
El proceso constitucional debiera ser, sobre todo, el camino para recomponer el vínculo entre las pulsiones sociales, incluso individuales y alguna forma de articulación política. El camino para convencer a la gente que la política no es solo un conjunto de medidas, más o menos útiles o efectivas para mí en tanto individuo, sino la posibilidad de construir un proyecto país del cual todos nos sentimos parte. Esta debiera ser la verdadera batalla cultural de la izquierda en relación con el proceso constituyente y, hasta ahora, no se puede decir que la vaya ganando.
