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Crédito: Agencia UNO
Consultada si el ministerio del Interior invocará la Ley de Seguridad del Estado en este caso, como lo ha hecho frente a otros delitos durante el estallido social, la ministra vocera Karla Rubilar señaló que “lamentablemente la Fiscalía ha declarado secreta la investigación y, por lo tanto, que nosotros podamos querellarnos todavía no es una posibilidad cierta dada la falta de antecedentes”. La actitud de La Moneda en este caso ha sido reprochada transversalmente. Incluso desde la UDI, el senador Iván Moreira dijo que el Gobierno debe aplicar “la misma ley para la extrema izquierda y la misma ley para la extrema derecha”, mientras el PC cuestionó el “doble estándar” del Ejecutivo. Por este caso hay 5 formalizados y un sexto implicado se entregó este jueves en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.
El caso de la investigación por la compra y venta de un fusil AK-47 ha salpicado al Gobierno, con críticas incluso desde la oposición y en el mismo seno de la coalición oficialista por la falta de acciones judiciales para hacerse parte del caso donde se encuentran formalizadas cinco personas, todos simpatizantes de derecha, como consta en sus perfiles de redes sociales.
Esta mañana entrevistada en Radio Cooperativa, consultada si el ministerio del Interior invocará la Ley de Seguridad del Estado en este caso, como lo ha hecho frente a otros delitos durante el estallido social, la ministra vocera Karla Rubilar, justificó la postura de cautela del Gobierno bajo el argumento de que toda decisión se tomará una vez que la Fiscalía levante el secreto de la indagatoria.
“Cualquier delito de tráfico de armas o de este nivel obviamente que al Gobierno le preocupa enormemente (…) «Lamentablemente, en este caso en particular, la información que tenemos es que la Fiscalía ha declarado secreta la investigación y, por lo tanto, que nosotros podamos querellarnos todavía no es una posibilidad cierta dada la falta de antecedentes, pero por supuesto que si tenemos los antecedentes públicos que ameriten una querella por Ley de Seguridad Interior del Estado con un hecho como este la vamos a utilizar», sostuvo.
Luego, en una actividad en terreno en Pedro Aguirre Cerda, la vocera nuevamente fue consultada por el tema e insistió en que el carácter de “secreta” de la investigación “no nos ha permitido acceder a los antecedentes necesarios” por lo que el Ejecutivo no ha podido tomar definiciones.
Hace una semana, el fiscal Andrés Iturra, de la Fiscalía Metropolitana Oriente, solicitó a la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago Silvia Jaramillo la autorización para interceptar y georreferenciar las comunicaciones telefónicas y los mensajes de texto de un teléfono celular de un hombre que está siendo investigado por participar en una red de tráfico de armas.
Tras interceptar el teléfono celular, se concluyó la existencia de aparentes gestiones para hacer entregas de armas de fuego en el marco del pago de una deuda. Estas armas serían proporcionadas por un hombre de 47 años, con residencia en Lo Barnechea. Entre las armas, estaba una AK-47, la que iba a ser vendida por $1,5 millones de pesos.
Estas escuchas fueron reveladas este lunes por Radio Bío Bío, lo que puso en alerta a Fiscalía y a la Brigada Investigadora del Crimen Organizado de la PDI (Brico), ya que este hombre está comprando armas con el fin de abastecer “a terceros” para cuando se reanude el estallido social en marzo próximo.
Dicha transacción de la AK-47 ocurrió. Lo que también ocurrió es que este miércoles, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago formalizó a cinco personas por el delito de porte y tenencia de armas de fuego y municiones.
Son tres hombres y dos mujeres, las que quedaron con distintas medidas cautelares. J.J.V.M. quedó con prisión preventiva y defensor público, E.G.M. y C.U.S. con arresto domiciliario total, V.B.P. con arresto domiciliario parcial y C.V.P., padre del primero, con arraigo nacional y firma mensual.
El caso ha seguido avanzando, al punto que esta jornada se conoció que un sexto implicado en el caso se entregó este jueves al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, informó Radio Bío Bío.
Lo que une a los formalizados es que los cinco son simpatizantes de derecha, como consta en sus perfiles de redes sociales.
Sin embargo, respecto a la filiación política de los formalizados, la ministra dijo que sólo cuentan con esa información a través de la prensa, y reiteró que “en cuanto tengamos información, si es que amerita una querella por Ley de Seguridad del Estado, no le quepa la menor duda que vamos a accionar de esa manera», indicó.
La posición del Gobierno ha sido cuestionada incluso desde la UDI, donde el senador Iván Moreira fue enfático en señalar que “en esta materia no tenemos que tener un doble estándar”. “Con absoluta certeza nosotros tenemos que aplicar la ley. La misma ley para la extrema izquierda y la misma ley para la extrema derecha si están contrabandeando este tipo de armas ilegales y (dilucidar) cuáles son los fines que buscan en un minuto en que el país ha estado convulsionado. Tenemos que defender el Estado de Derecho”, dijo.
En el Partido Comunista, en tanto, también hablaron de un doble estándar del Ejecutivo. “Civiles que coinciden con vivir en el barrio alto y ser pinochetistas, se organizan para traficar un fusil de guerra AK-47 haciendo alusión a marzo y la crisis social”, dijo la diputada comunista Karol Cariola, mientras el exministro Marcos Barraza puso el foco en que “sorprende el doble estándar del Gobierno de Chile para condenar la violencia, pues la promueve diariamente la derecha, callan de manera cómplice”.
