Opinión
Con el coronavirus, el sentido de realidad de los municipios se vuelve a expresar, ya que el 80% de la población recurre a la atención municipal (Atención Primaria de Salud). Ante la pandemia, los costos de atención subirán exponencialmente y una vez más se expresarán las desigualdades comunales, pues los municipios ricos tendrán los recursos para complementar el gasto, siendo mucho más complejo para aquellos con menos recursos.
Nuevamente y en un periodo de tres meses, las alcaldesas y los alcaldes han honrado su cargo y han asumido un rol político clave en la construcción de la historia del país.
No es menor que, a semanas del estallido social del 18 de octubre, a través de su máxima institucionalidad de representación, la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), hayan desafiado lo posible, llevando a cabo la Consulta Ciudadana del 15 de diciembre. Hoy se les ve haciendo propuestas concretas al Ejecutivo, decretando la suspensión de las clases, mandato que iba en sentido contrario a la indicación gubernamental de mantener a los alumnos en el aula. También han planteado la fijación de precios de los insumos médicos para combatir la pandemia del coronavirus, gestionando la importación de la vacuna desde Cuba y, a pesar de la respuesta de la Cámara de Comercio, tomando decisiones tales como la suspensión de las actividades comerciales.
La proximidad con los vecinos de manera cotidiana hace que las autoridades municipales tengan un sentido de realidad distinto a otras estructuras del Estado. La AChM tiene un sistema de gobernanza transversal, donde hay autoridades municipales de todos los colores políticos e independientes y agrupa a alcaldes y concejales. Este sistema de trabajo transversal y consensuado, que es tradicional en el municipalismo, ayuda mucho en momentos de crisis.
Con el coronavirus, el sentido de realidad de los municipios se vuelve a expresar, ya que es en los territorios donde se vive la realidad concreta. En materia sanitaria, hay que señalar que el 80% de la población recurre a la atención municipal (Atención Primaria de Salud). Esto significa que es desde los municipios donde se atenderá la pandemia, en especial en la fase 4, que –como ha sido señalado por los salubristas– es una etapa «comunitaria».
Por cada inscrito en el consultorio, el municipio recibe $7.200 mensuales, pero el costo de atención de la «canasta» real es de $9.500. La diferencia es subsidiada por los propios gobiernos locales con fondos propios. Con la pandemia, los costos de atención subirán exponencialmente. Una vez más se expresarán las desigualdades comunales, pues los municipios ricos tendrán los recursos para complementar el gasto, siendo mucho más complejo para los municipios con menos recursos.
Un ejemplo de lo anterior es la inversión promedio por habitante en la comuna de Las Condes, que asciende a cerca de $1.200.000, mientras que en comunas de la zona sur de Santiago no alcanza a superar los $180.000 de inversión por habitante.
Estas injustas desigualdades territoriales son resultado de un modelo económico financiero global de carácter extractivista y neoliberal, donde Chile ha sido su laboratorio y mejor alumno, viéndose reforzado desde la aplicación de la Constitución de 1980, y si bien la creación del Fondo Común Municipal en 1979 vino a reducir dichas desigualdades, estas siguen patentes y tensionan el ejercicio y goce de los derechos sociales al límite, como resultado de los shocks externos, como es el caso de esta emergencia sanitaria.
Tras no dejar visibilizar los contextos sistémicos del modelo, los que fueron reflejados asertivamente en la Consulta Ciudadana Municipal del 15D, urgen medidas inmediatas como la discrecionalidad de los poderes Ejecutivo y Legislativo para enfrentar esta pandemia.
Por un lado, es inminente la reasignación presupuestaria, no tan solo para cubrir los déficits en salud municipal, sino además una política fiscal sectorial en materia sanitaria que haga frente a la crisis, la que se debería traducir a través de la inyección directa de nuevos recursos del Fondo Común Municipal, el que tiene carácter de progresivo.
Esta inyección de recursos frescos a los gobiernos locales generará condiciones para que los municipios puedan determinar la suspensión, por el tiempo que tome la cuarentena, y la recuperación del pago de las patentes comerciales y de los permisos de circulación, aliviando sustantivamente las obligaciones tributarias de las ciudadanas y los ciudadanos para con sus administraciones locales.
Sin lugar a dudas, los municipios y su asociatividad han demostrado con ejemplos claros la perspectiva de construir ciudadanías sujetas de derecho y no un insumo mercantilizado a merced de los indicadores macroeconómicos. Pero sobre todo han dado muestras claras de cómo se construyen respuestas locales a problemas globales.
Así parece que viene el futuro.
