“Es un proyecto cojo”: diputado Araya pide incluir al Presidente en reforma sobre test de drogas
El parlamentario independiente —miembro de la bancada PPD— cuestionó que la iniciativa excluya al Mandatario, además de jueces, fiscales y altos mandos de las Fuerzas Armadas, y exigió sumar el levantamiento del secreto bancario para perseguir eventuales vínculos con el narcotráfico.
El diputado Jaime Araya (Ind-PPD) lanzó una dura crítica contra el proyecto de reforma constitucional impulsado por el Gobierno para aplicar periódicamente test de drogas a determinadas autoridades y establecer su eventual cese en el cargo en caso de resultados positivos.
En un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, el parlamentario calificó la iniciativa como un “proyecto cojo” y apuntó directamente a la exclusión del Presidente de la República.
“Lo más curioso es que deja fuera al Presidente de la República”, afirmó Araya. El integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara sostuvo que la propuesta tampoco considera a ministros de las cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema, fiscales regionales, al fiscal nacional, comandantes en jefe ni oficiales generales de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. “Es un proyecto incompleto. Y en esto, si vamos a trabajar, yo le pido al Presidente que trabajemos en serio”, emplazó.
Araya rechazó que existan impedimentos jurídicos para ampliar la nómina, debido a que la iniciativa busca precisamente modificar la Constitución. A su juicio, excluir a determinadas instituciones para evitar conflictos o realizar gestos políticos constituiría una señal equivocada.
“Aquí necesitamos dar señales contundentes, claras y serias. Por lo tanto, mientras no se incorpore al Presidente de la República, a los jueces, a los fiscales, a la gente de las Fuerzas Armadas y sin levantamiento del secreto bancario, esto me huele más bien a pantomima, más que a una convicción profunda de avanzar en esta materia”, sentenció.
El secreto bancario como condición
El diputado planteó que la realización de exámenes no será suficiente para levantar una barrera efectiva entre las autoridades y el narcotráfico. Por ello, pidió incorporar mecanismos que permitan revisar los movimientos financieros de quienes ejercen altas funciones públicas.
Según explicó, el problema de fondo no se agota en que una autoridad consuma una sustancia, sino en el eventual contacto económico con organizaciones dedicadas a comercializarla.
“El tema del test es pirotecnia si lo importante es la vinculación económica”, afirmó. “El punto de contacto entre una alta autoridad, que tiene un poder de decisión, con el narcotráfico es un tema del que hay que hacerse cargo, y ahí el secreto bancario está íntimamente adosado”.
Araya sostuvo que el objetivo debe ser seguir la ruta del dinero, afectar el patrimonio de las organizaciones criminales y romper los vínculos entre narcotráfico, corrupción y autoridades públicas. A su juicio, concentrar la discusión únicamente en los resultados de muestras y contramuestras podría terminar desviando la atención de ese propósito.
El parlamentario aclaró que las autoridades conservan su derecho a la vida privada, pero deben someterse a estándares más altos cuando ejercen sus funciones. Sin embargo, advirtió que, tratándose de drogas ilícitas como cocaína, ketamina o éxtasis, la adquisición supone necesariamente algún grado de contacto con un mercado ilegal.
“Cumplen una función pública y tienen vínculos con un delito que está dinamitando las bases de nuestro país, que es el narcotráfico”, señaló.
Críticas al manejo del caso Juan Pablo Rodríguez
Durante la entrevista, Araya también cuestionó la respuesta del Ejecutivo frente al resultado positivo atribuido al ahora exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez, quien ha negado consumir drogas y mantiene pendiente una contramuestra.
El diputado evitó pronunciarse sobre la veracidad del resultado, pero sostuvo que las versiones contradictorias abrieron un problema de confianza pública. “La gente se va a preguntar legítimamente: ¿cuándo el resultado fue correcto? ¿Cuando afirmó que se consumía o cuando se descartó el consumo?”, planteó.
Araya reconoció el derecho de Rodríguez a recurrir a todos los mecanismos disponibles para defender su honra, pero afirmó que existe una responsabilidad política del Gobierno por la forma en que administró el episodio. “El problema de confianza pública que se está generando es brutal”, aseguró.
Para el parlamentario, el Ejecutivo debe resolver esas dudas antes de presentar los test como una respuesta contundente frente a la penetración del narcotráfico. De lo contrario, advirtió, la reforma corre el riesgo de quedar reducida a una señal comunicacional, con amplias excepciones y sin herramientas efectivas para investigar el flujo de dinero.
