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Después del virus, la oportunidad

por 28 marzo, 2020

Después del virus, la oportunidad
En materia política, el manejo de la crisis del Coronavirus ha dejado expuesta otra de nuestras falencias institucionales, que no sólo tiene que ver con las debilidades del Gobierno de Sebastián Piñera tras su errática actuación post 18 de octubre, sino también con una tendencia a nivel global. La ultra concentración de poder en la figura presidencial -herencia de la Constitución de 1925 y que la de 1980 reforzó- no se condice con el auge de los gobiernos locales y con la importancia de la deliberación colectiva que impone un mundo híper conectado.
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El Coronavirus, cuya propagación se ha extendido por todo el mundo, representa una amenaza sanitaria que ha dejado más de 15.000 muertos en casi 180 países. Pero también implica una crisis de la civilización humana, en especial de las formas económicas y éticas que esta ha adoptado durante el último siglo.

La población mundial se acerca a los 8 mil millones de personas, con la consiguiente expansión de zonas urbanas, deforestación de selvas y cambios de hábitats naturales, que aumentan la exposición a enfermedades zoonóticas, aquellas que pueden transmitirse entre animales y seres humanos a través de virus, bacterias, parásitos u hongos.

La prioridad de los gobiernos en este momento es salvar vidas, pero cuando superemos la crisis sanitaria, serán muchas las preguntas y reflexiones abiertas a propósito de la manera en que cada país enfrentó la situación. Por lo pronto, han resaltado las diferencias entre algunas culturas asiáticas (como Corea, Singapur o la misma China), mucho más acostumbradas a acatar instrucciones y actuar en colectivo, lo cual les ha permitido ser más eficientes en el control de la enfermedad, con algunos países occidentales como Italia o España, donde la cultura liberal -con todas sus ventajas en escenarios normales- se ha transformado en una complicación a la hora de “aplanar la curva” de contagios.

Una alternativa sería avanzar hacia un régimen semi presidencial descentralizado, con un parlamento fuerte y con municipios empoderados frente al poder central. Es algo que de facto ya está ocurriendo, pues muchas veces la sociedad va más rápido que sus leyes. No por nada el proceso constituyente, a nivel institucional, ha tenido su génesis en el Poder Legislativo y no en el Ejecutivo. Mientras, por otro lado los alcaldes y alcaldesas han sido actores clave en cuanto a las medidas de carácter nacional que se han dispuesto a propósito de la emergencia sanitaria.

Es muy probable que, pasado el Coronavirus, la humanidad experimente grandes cambios, al menos en materia de transporte, teletrabajo, desarrollo tecnológico, estrategia militar, tratamiento de datos personales y big data, sistemas sanitarios y económicos, protección del medio ambiente y desarrollo sustentable. Un estudio del profesor, Marshall Burke, de la Universidad de Stanford, estima que la reducción de emisiones en China -producto de la baja en los traslados y en la actividad productiva a raíz del virus- ha evitado la muerte de 77.000 personas versus las 3.200 provocadas por el COVID-19. Una realidad que se repite en todo el planeta, especialmente en las economías industriales. De ese tipo de disyuntivas estamos hablando.

En ese escenario, tendremos una oportunidad sin precedentes. Seguramente, varias constituciones en el mundo van a cambiar en las próximas décadas, pero sólo nosotros tenemos ahora un proceso constituyente en marcha. Si la ciudadanía así lo decide en octubre, Chile elaborará una nueva Constitución -la primera nacida de la deliberación democrática- justo después del paso de la pandemia que está cambiando a la humanidad y, de un estallido social que redibujó las prioridades del país.

La sociedad chilena en su conjunto deberá involucrarse en el desafío que implica traducir el cambio de época más grande que ha vivido nuestra República en su historia, en un texto constitucional que nos permita abrir la voz en los debates globales y alcanzar el desarrollo. De partida, a todas luces enfrentaremos el proceso constituyente en medio de un panorama económico adverso. Una oportunidad para repensar el modelo extractivista, reequilibrando el orden público económico hacia una mayor sinergia entre el mercado y el Estado, que permita el empuje de nuevas áreas productivas.

Una de ellas es la generación de energías limpias. Chile es uno de los países con más potencialidad por metro cuadrado de territorio para producirlas. Si bien hemos avanzado, se necesita transformar esta tarea en una prioridad nacional. En salud, se ha hecho evidente la necesidad de reformar este derecho, que hoy día está contenido en sólo 600 caracteres del art. 19 nº 9 de la Constitución -poco más de dos tweets- que ponen el foco en la libre elección del sistema por sobre la garantía efectiva de la salud como un derecho social, cuestión del todo natural en países más avanzados que han podido tomar medidas drásticas respecto a la totalidad de la red sanitaria, sin esperar la dictación de un Estado de Excepción.

Para que hablar del derecho al agua, un bien básico para la vida y fundamental para enfrentar una crisis sanitaria de esta magnitud, que en la actual Constitución se encuentra bajo propiedad de los particulares, según lo dispone el inciso final del art. 19 nº 24.

En materia política, el manejo de la crisis del Coronavirus ha dejado expuesta otra de nuestras falencias institucionales, que no sólo tiene que ver con las debilidades del Gobierno de Sebastián Piñera tras su errática actuación post 18 de octubre, sino también con una tendencia a nivel global. La ultra concentración de poder en la figura presidencial -herencia de la Constitución de 1925 y que la de 1980 reforzó- no se condice con el auge de los gobiernos locales y con la importancia de la deliberación colectiva que impone un mundo híper conectado.

Una alternativa sería avanzar hacia un régimen semi presidencial descentralizado, con un parlamento fuerte y con municipios empoderados frente al poder central. Es algo que de facto ya está ocurriendo, pues muchas veces la sociedad va más rápido que sus leyes. No por nada el proceso constituyente, a nivel institucional, ha tenido su génesis en el Poder Legislativo y no en el Ejecutivo. Mientras, por otro lado los alcaldes y alcaldesas han sido actores clave en cuanto a las medidas de carácter nacional que se han dispuesto a propósito de la emergencia sanitaria.

El derecho a la conectividad digital, el fortalecimiento del desarrollo científico y tecnológico, la paridad de género -con la cual se elaborará nuestra carta magna de forma pionera en el mundo- que debiese ser un principio fundamental en instituciones públicas y privadas, la actuación del Estado frente a las nuevas formas de movilización ciudadana o, la convivencia armónica con los pueblos originarios, son algunos otros elementos que no podrán faltar en una Constitución que se haga cargo de las tareas de este tiempo.

La próxima Constitución chilena puede y debe transformarse en un ejemplo de Carta Fundamental que garantice una gobernanza y un desarrollo armónico en el siglo XXI.

A fin de cuentas, el Coronavirus dejará una estela de horror y sufrimiento que será difícil de olvidar, pero también abrirá una nueva página en la historia de la humanidad. Una que está por escribirse y que, curiosamente, podría tener a Chile como protagonista, si nos decidimos a aprovechar las oportunidades que se avecinan.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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