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Recetas neoliberales para enfrentar la crisis económica

por 2 mayo, 2020

Recetas neoliberales para enfrentar la crisis económica
La lógica que subyace a la ley es la misma que organiza el sistema neoliberal, y no es puramente económica sino cultural. La idea es que es la empresa (aún más, el empresario), el que le está haciendo un favor al trabajador al contratarlo, y no al revés. Hay una enorme asimetría en los términos que se concibe la relación económica, según la cual el trabajador es visto sólo como una función productiva, en tanto la empresa adquiere un rol casi salvífico como generadora de empleo, que el trabajador debe agradecer. Así también, la gestión productiva de la empresa no es vista como una actividad individual, orientada simplemente a maximizar ganancias personales, sino como una “generación de riqueza”, con objetivos casi sociales.
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Las medidas económicas para enfrentar la crisis derivada del coronavirus deberían tender hacia una sociedad más justa e igualitaria o, al menos, no más injusta y desigual. Esto significa que las ayudas estatales –que serán  imprescindibles–, deben ir principalmente en beneficio de la población más vulnerable, y no convertirse en una oportunidad más de lucro para los más aventajados. Lamentablemente, no parece ser lo que está ocurriendo.

La ley de Protección del Empleo constituye hasta ahora el ejemplo más claro. La idea de la ley es preservar el vínculo laboral durante la crisis, para proteger a un grupo importante de trabajadores que de otra forma podría quedar desempleado. La ley, en consecuencia, es promocionada como una iniciativa de apoyo a los trabajadores (especialmente los más vulnerables), que quedarían en completa desprotección de ser despedidos. Cuando se hablaba de las empresas a apoyar se mencionaba habitualmente peluquerías, fuentes de soda y todo tipo de negocios de barrio.

No se ha dicho mucho, sin embargo, que la ley conlleva también un importante beneficio para las empresas, en tanto les permite ahorrarse los finiquitos de los trabajadores que tendría que despedir, así como los procesos de búsqueda, selección y capacitación posteriores, una vez que la crisis pase. Es, por tanto, una ley que protege al sistema productivo en su conjunto, tanto al trabajador, que podría ser despedido, como a la empresa, que incurriría en altos costos de despido y recontratación producto de la crisis. Esto no está mal, pero sería bueno reconocerlo así desde el principio. Es una ley de protección del empleo, y también de las empresas.

No obstante que trae beneficios para ambos, el costo para la empresa es cero. El financiamiento de la medida corre completamente a cuenta del seguro de cesantía del trabajador (que incluye un fondo solidario estatal).

Esto es complejo, porque el trabajador se verá obligado a usar su seguro de desempleo (sin estar en verdad desempleado, sino más bien “hibernando”, al mismo tiempo que ahorrándole a la empresa costos de despido y recontratación), quedando por tanto desprotegido para los meses posteriores, donde efectivamente podrá quedar desempleado.

De esta forma, la así llamada Ley de Protección al empleo es, en el fondo, una fórmula para financiar la crisis a costa del seguro de cesantía del trabajador, mientras exime por completo a la empresa de cualquier costo asociado.

Esto podría hacer un poco de sentido en el caso de las empresas más frágiles (las peluquerías, cordonerías y negocios de barrio que se mencionan todo el tiempo), pero resulta más inicuo en el caso de las grandes empresas. Obviamente, esta parte no se promocionó mucho durante la tramitación de la ley, pero según el último Informe del Ministerio del Trabajo, un 30% de los más de 500.000 trabajadores que se han acogido al mecanismo pertenecen a grandes empresas. En otras palabras, los trabajadores están financiando, con su seguro de cesantía, la hibernación de las grandes empresas durante la crisis.

¿Por qué son los segmentos vulnerables los que deben financiar, con sus seguros, la operación de las empresas durante la crisis? ¿No sería más justo que fueran las empresas –al menos las medianas y grandes–, las que hicieran este esfuerzo? ¿No se puede hacer una ley que prevenga los despidos, y buscar fórmulas en que las empresas corran con parte del gasto más que los mismos trabajadores?

La respuesta a estas preguntas puede organizarse en el eje clásico izquierda-derecha. Desde una perspectiva de izquierda, se tiende a proponer que sea la empresa la que asuma el costo, al menos aquellas con más espaldas financieras. Ya han lucrado bastante a costa de sus trabajadores, es hora de que se metan la mano al bolsillo en una situación tan grave como la actual. Por otro la, se puede argumentar que las empresas son una organización esencialmente económica, no solidaria, no se las puede obligar a contratar a un trabajador que no necesitan. Las empresas no son el enemigo de la sociedad, por el contrario, son la principal fuente de empleo. Hacerlas más ineficientes, u obligarlas a quebrar, sólo perjudicará el empleo. Esta sería una visión más de derecha.

Hay también una tercera alternativa, que tiene que ver con aprovechar la crisis para promover empresas más equitativas, más comprometidas con objetivos socialmente relevantes. Nadie quiere que la empresa quiebre, pero tampoco es justo que reciban beneficio enorme de mantener a su planta de trabajadores, durante los meses más duros de la crisis, a costa del seguro diseñado para los trabajadores. A cambio de este beneficio, es justo que la empresa adquiera también compromisos con el estado, y con sus mismos trabajadores. Por ejemplo, quienes se acojan a la laye, deberían comprometerse con sus trabajadores para mejorar las condiciones laborales e implementar programas de capacitación, o bien desarrollar agendas públicamente valiosas como fijar metas medioambientales, o de contratación de personas con discapacidad.

Obviamente, nada de esto fue contemplado en la iniciativa gubernamental y, así como ha sido planteada, la llamada Ley de Protección del Empleo contribuirá no sólo no contribuye a una sociedad más igualitaria, sino que por el contrario, tiende a precarizar aún más la situación de los trabajadores vulnerables, en tanto que favorece enormemente a las empresas.

La lógica que subyace a la ley es la misma que organiza el sistema neoliberal, y no es puramente económica sino cultural. La idea es que es la empresa (aún más, el empresario), el que le está haciendo un favor al trabajador al contratarlo, y no al revés. Hay una enorme asimetría en los términos que se concibe la relación económica, según la cual el trabajador es visto sólo como una función productiva, en tanto la empresa adquiere un rol casi salvífico como generadora de empleo, que el trabajador debe agradecer. Así también, la gestión productiva de la empresa no es vista como una actividad individual, orientada simplemente a maximizar ganancias personales, sino como una “generación de riqueza”, con objetivos casi sociales.

Es esa lógica subyacente la que organiza el modelo económico en Chile y, por lo tanto, las medidas de respuesta frente a la pandemia. Es también lo que ha hecho crisis el 18 de Octubre. El nuevo pacto social demanda, entre otras cosas, una nueva relación entre ciudadanía y empresas, y la nueva ley de “protección del empleo” pone de manifiesto que esta demanda es más necesaria que nunca.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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