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Cepal entra en la discusión del ingreso de emergencia y recomienda “transferencias monetarias inmediatas” para amplios estratos de la población

por 12 mayo, 2020

Cepal entra en la discusión del ingreso de emergencia y recomienda “transferencias monetarias inmediatas” para amplios estratos de la población

Crédito: Agencia Uno (Referencial)

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe presentó un nuevo informe sobre los efectos de la crisis por COVID-19, donde alerta que se prevé un importante aumento de la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad en América Latina y el Caribe y un fuerte deterioro de la posición de las personas que pertenecían a los estratos medios. Por eso, propone avanzar en lo inmediato hacia un ingreso básico de emergencia (IBE), argumentando que “los Gobiernos garanticen transferencias monetarias temporales inmediatas para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares será crucial para lograr una reactivación sólida y relativamente rápida”. La propuesta llega en momentos en que el Congreso en Chile debe pronunciarse sobre el veto presidencial al proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia enviado por el Gobierno de Sebastián Piñera.
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En medio del debate por las ayudas estatales para enfrentar los impactos socioeconómicos de la crisis producida por el COVID-19, y cuando en Chile se debate en el Congreso el veto presidencial al Ingreso familiar de Emergencia, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) lanzó su propia propuesta.

Se trata de la entrega de un ingreso básico de emergencia (IBE) equivalente a una línea de pobreza (costo per cápita de adquirir una canasta básica de alimentos y otras necesidades básicas) durante seis meses a toda la población en situación de pobreza en 2020 (es decir, 215 millones de personas o el 34,7% de la población regional). Esto implicaría un gasto adicional del 2,1% del PIB para abarcar a todas las personas que se encontrarán en situación de pobreza este año por efectos de la pandemia.

De acuerdo con el organismo, se trata de una medida que se debe implementar inmediatamente, con perspectivas de permanecer en el tiempo de acuerdo con la situación de cada país. “Esto es especialmente relevante dado que la superación de la pandemia tomará su tiempo y las sociedades deberán coexistir con el coronavirus, lo que dificultará la reactivación económica y productiva”, añadió el organismo en la entrega de un nuevo informe denominado “El desafío social en tiempos del COVID-19, dado a conocer hoy por su secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena.

"Que los Gobiernos garanticen transferencias monetarias temporales inmediatas para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares será crucial para lograr una reactivación sólida y relativamente rápida", dijo la funcionaria.

Además, en el largo plazo, la Cepal reitera que el alcance de esas transferencias debe ser permanente, ir más allá de las personas en situación de pobreza y llegar a amplios estratos de la población muy vulnerables a caer en ella, lo que permitiría avanzar hacia un ingreso básico universal, para asegurar el derecho básico a la sobrevivencia.

“La pandemia ha agudizado las dificultades de la población —especialmente la más pobre y vulnerable— para satisfacer sus necesidades básicas. Por ello, es preciso garantizar los ingresos, la seguridad alimentaria y los servicios básicos a un amplio grupo de personas cuya situación se ha vuelto extremadamente vulnerable y que no necesariamente estaban incluidas en los programas sociales existentes antes de la pandemia”, recalcó la secretaria ejecutiva de la Cepal.

El estudio explica que a partir del 13 de marzo los gobiernos de la región comenzaron a anunciar medidas de protección social que han incluido transferencias monetarias, transferencias de especies (como alimentos, mascarillas y medicamentos), suspensión o exoneración en el pago de los suministros de servicios básicos (agua, luz, gas, teléfono, internet, etc.), medidas de protección social para trabajadores formales, y otros apoyos directos a personas y familias (como alivios tributarios y control de precios, entre otros).

A la fecha, en total se han aplicado 126 medidas de protección social en 29 países para la población pobre y vulnerable. Entre ellas, las transferencias monetarias y de alimentos alcanzan a 90,5 millones de hogares, es decir, alrededor del 58% de la población regional. Sin embargo, estas medidas "son importantes pero insuficientes", apuntó la secretaria.

El impacto de la pandemia

El informe, que entrega una estimación del impacto social y los desafíos relacionados que tendría la actual crisis para los países de América Latina y el Caribe en el corto, mediano y largo plazo, señala que provocará en el corto plazo un aumento de la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad en la región, debido al contexto de bajo crecimiento económico.

Ante la caída del -5,3% del PIB y el aumento del desempleo de 3,4 puntos porcentuales proyectados por la CEPAL, la pobreza en América Latina aumentaría al menos 4,4 puntos porcentuales (28,7 millones de personas adicionales) con respecto al año previo, por lo que alcanzaría a un total de 214,7 millones de personas (el 34,7% de la población de la región). Entre estas personas, la pobreza extrema aumentaría 2,6 puntos porcentuales (15,9 millones de personas adicionales) y llegaría a afectar a un total de 83,4 millones de personas.

Asimismo, en línea con el aumento de la pobreza y la pobreza extrema, también crecerá la desigualdad en todos los países de la región. La Cepal proyecta incrementos del índice de Gini de entre el 0,5% y el 6,0%. Una vez más, los peores resultados se esperan en las economías más grandes de la región.

En este contexto, la Cepal estima que alrededor del 10% de las personas que se encontraban en situación de pobreza no extrema en 2019 (11,8 millones de personas) vería deteriorada su situación económica y caería en una situación de pobreza extrema. También habría un fuerte deterioro de la posición de las personas que pertenecían a los estratos medios.

“La pandemia ha hecho visibles problemas estructurales del modelo económico y las carencias de los sistemas de protección social y los regímenes de bienestar que hoy nos está resultando muy caro. Por ello, debemos avanzar hacia la creación de un Estado de bienestar con base en un nuevo pacto social que considere lo fiscal, lo social y lo productivo”, señaló Alicia Bárcena.

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