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Pensiones de gracia del estallido bajo la lupa: Gobierno reabre indagatoria por orden de Contraloría
La Moneda acatará la instrucción del ente fiscalizador y reabrirá una indagatoria administrativa previamente cerrada con observaciones, en medio de cuestionamientos desde el oficialismo por la entrega de beneficios y la revisión de su justificación en el universo de pensiones vigentes.
El Gobierno confirmó la reapertura del sumario administrativo por eventuales irregularidades en la entrega de pensiones de gracia asociadas al estallido de 2019, luego de una instrucción de la Contraloría General de la República (CGR), que detectó deficiencias en la investigación previa.
La medida obliga a retrotraer un proceso que había sido cerrado en la administración del expresidente Gabriel Boric, y que ahora deberá ser reabierto para profundizar la indagación sobre eventuales responsabilidades de funcionarios en la tramitación de los beneficios.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, recalcó a la prensa que el Ejecutivo está cumpliendo la instrucción del ente fiscalizador y que la revisión busca eventuales sanciones administrativas en casos donde se habrían otorgado pensiones sin antecedentes completos o con documentación insuficiente.
Pavez mencionó que la observación de la CGR alcanza a casos específicos, incluyendo al menos nueve pensiones que no cumplirían los requisitos exigidos, dentro de un universo de 418 beneficios originalmente otorgados, hoy reducidos a unos 348 vigentes tras fallecimientos y revocaciones.
En paralelo, el Gobierno anunció una revisión total de las pensiones de gracia concedidas en el marco del 18-O, con el objetivo de verificar su continuidad y detectar eventuales irregularidades en su asignación.
“Las vamos a revisar todas”, señaló Pavez, quien recalcó que se trata de una investigación administrativa y no judicial, centrada en el uso correcto de recursos públicos.
En ese contexto, también fue consultado por el proyecto de indulto general a uniformados condenados por el estallido impulsado por el Partido Nacional Libertario (PNL). El subsecretario indicó que la iniciativa aún está en estudio y que el Ejecutivo no ha adoptado una postura definitiva.
Republicanos piden revocar pensiones de gracia a personas vinculadas a delitos
La semana pasada, la bancada del Partido Republicano pidió al Presidente José Antonio Kast revocar las pensiones de gracia otorgadas en el contexto del estallido a personas con eventuales vínculos delictivos, a raíz del caso de Benjamín Huerta (chileno de 29 años, detenido en Ovalle por tráfico de drogas y quien había sido beneficiario de una pensión de gracia por hechos ocurridos durante el estallido social, donde fue herido por acción de Carabineros y posteriormente condenado un funcionario policial por falsificación y otros delitos, lo que permitió el otorgamiento del beneficio, hoy ya revocado).
La solicitud fue presentada por las diputadas Javiera Rodríguez, Macarena Santelices y Valentina Becerra, quienes pidieron revisar todos los casos de beneficiarios con antecedentes penales o causas judiciales pendientes.
Huerta fue detenido en un operativo antidrogas en Ovalle, donde se le incautaron ampollas de fentanilo, drogas y dinero en efectivo, quedando en prisión preventiva. Según los antecedentes policiales, registra condenas por diversos delitos y mantenía una orden de detención vigente tras no presentarse a audiencias en 2023.
