Opinión
Resulta inexcusable que no tengamos aún un adecuado desarrollo legislativo que reconozca y garantice derechos a todos los niños, niñas y adolescentes en Chile, con una institucionalidad de infancia y criterio sistemático, acorde con los estándares mínimos consagrados en la Convención de Derechos del Niño. El Ejecutivo tiene la potestad para darle la urgencia necesaria a este proyecto y no nos caben dudas que nuestros legisladores podrán abocarse a la tarea. De otro modo, no solo habremos desperdiciado cinco años de trabajo, sino que estaríamos, una vez más, faltando a nuestro deber de Estado con la infancia.
Cuando en septiembre de 2015 el Ejecutivo ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de “Garantías de Derechos de la Niñez” –iniciando así el camino para construir un sistema de protección de derechos en la línea de lo establecido por la Convención de los Derechos del Niño–, como Asociación de Magistradas y Magistrados sentimos que finalmente el Estado chileno saldaría su deuda con las niñas y niños del país.
Desde nuestra Comisión de Infancia acompañamos con determinación y de manera muy activa la discusión del articulado del proyecto. Estuvimos allí, con nuestra experiencia de juezas y jueces que velan por los derechos de los niños. Concurrimos al Congreso las veces que fue necesario para contribuir a perfeccionar este proyecto, que sería la gran “ley marco” para la niñez, y que sentaría las bases institucionales de un sistema integrado para proteger, respetar y promover los derechos de niñas y niños en el país.
Lo interesante del proyecto –más allá de lo perfectible del mismo– era que proponía la creación de una serie de instituciones coordinadas entre sí, donde se materializaban las recomendaciones internacionales de tener por primera vez un sistema nacional de protección. Acto seguido, en 2016, el Ejecutivo envió al Congreso los distintos mensajes que permitirían armar esta estructura.
[cita tipo=»destaque»]Como es de público conocimiento y con el fin de corregir la situación anómala descrita, en la etapa final de discusión se anexó una cláusula que supedita la implementación de esta ley que crea el servicio, a la promulgación de la que llamamos “ley marco”, como una medida de coherencia sistémica y no como un mero amarre antojadizo. En definitiva, hoy nos encontramos en una situación que desalienta profundamente, teniendo en cuenta que llevamos tramitando hace varios años una serie de leyes que daban luces respecto de la implementación de una adecuada política pública en el rol que le cabe al Estado de Chile respecto de la infancia, sobre todo de la más vulnerada, en concordancia con la Convención de Derechos del Niño (CDN), suscrita por nuestro país.[/cita]
Fue así como ingresaron y se aprobaron la Subsecretaría de la Niñez y la Defensoría de los Derechos de la Niñez, quedando pendientes el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil y el Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes. Este último, de vital importancia, toda vez que la población infantil en situación de vulnerabilidad exigía respuestas inmediatas de parte del Estado.
Resulta de toda lógica –así lo hizo ver en reiteradas ocasiones nuestra comisión de Infancia– que el primer paso debía ser sacar adelante la ley bajo cuyo “paraguas jurídico” se norma todo el sistema de protección. La prioridad en la urgencia legislativa era para el proyecto de “Garantías de Derechos de la Niñez”. Sin embargo, la lógica no estuvo a la altura de los deberes adquiridos a favor de nuestros niños y, sin perjuicio del compromiso adoptado por los senadores de la Comisión Especial de Infancia de tramitar ambas leyes en paralelo, inexplicablemente se hizo avanzar hasta su total despacho la ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada, contra todo el sentido de tener primero el sistema principal y luego las instituciones accesorias.
La situación ha derivado en una polémica que hoy enfrenta a legisladores de distintas tiendas políticas y a estos con el Gobierno. La información más reciente nos indica que un sector le ha pedido al Presidente de la República hacer uso del veto presidencial, asunto que esperamos no prospere, pues es indispensable que ambas leyes estén en coherencia entre sí y, por lo mismo, la ley del servicio debe ser realidad solo una vez que sepamos cuál es el contexto normativo donde aquella se insertará.
Como es de público conocimiento y con el fin de corregir la situación anómala descrita, en la etapa final de discusión se anexó una cláusula que supedita la implementación de esta ley que crea el servicio, a la promulgación de la que llamamos “ley marco”, como una medida de coherencia sistémica y no como un mero amarre antojadizo. En definitiva, hoy nos encontramos en una situación que desalienta profundamente, teniendo en cuenta que llevamos tramitando hace varios años una serie de leyes que daban luces respecto de la implementación de una adecuada política pública en el rol que le cabe al Estado de Chile respecto de la infancia, sobre todo de la más vulnerada, en concordancia con la Convención de Derechos del Niño (CDN), suscrita por nuestro país.
Desde nuestra comisión de Infancia hacemos un llamado perentorio e inaplazable para sacar adelante la ley de garantías. Resulta inexcusable que no tengamos aún un adecuado desarrollo legislativo que reconozca y garantice derechos a todos los niños, niñas y adolescentes en Chile, con una institucionalidad de infancia y criterio sistemático, acorde con los estándares mínimos consagrados en la Convención de Derechos del Niño.
El Ejecutivo tiene la potestad para darle la urgencia necesaria a este proyecto y no nos caben dudas que nuestros legisladores podrán abocarse a la tarea. De otro modo, no solo habremos desperdiciado cinco años de trabajo, sino que estaríamos, una vez más, faltando a nuestro deber de Estado con la infancia.
