El Senado: ¿la Cámara Alta por excelencia?

El origen del Senado nos remonta al primer Reglamento Constitucional Provisorio de José Miguel Carrera (1812). Siete senadores formaron parte de este primer cuerpo legislativo que, entre otras materias, aprobó la primera ley de libertad de Prensa, la de instrucción primaria, la de policías, la de tribunales militares y la dictada a favor de los indios. Han transcurrido casi 208 años desde entonces, habiendo, dicha cámara y sus integrantes, formado parte activa del desarrollo de nuestra democracia, siendo actores de los grandes acuerdos que dieron origen a lo que hoy es Chile como nación.

Concebido como parte nuclear de un sistema parlamentario bicameral, el Senado se ha distinguido, salvo en contados momentos de nuestra historia, por ser un lugar de reflexión y acuerdos. Dada su naturaleza de cámara revisora y de mejoramiento del trabajo legislativo, el Senado cumple con un rol de salvaguardia a los abusos que se pueden cometer en la Cámara Baja, considerando su carácter esencialmente político. Es precisamente este aspecto de mejoramiento de la calidad del trabajo legislativo, lo que distingue al Senado en oposición a la Cámara de Diputados (A. Fermandois, 1997).

En los últimos meses hemos sido testigos de dos fenómenos que nos deben preocupar. En primer término, la existencia de una Cámara de Diputados donde el tradicional debate político dio lugar a un discurso de índole populista e irresponsable. De un diálogo de sordos se pasó a un plano de insensatez suprema, donde campea el abuso de las reglas constitucionales o, derechamente, de su incumplimiento. El festival de comisiones investigadoras, de acusaciones constitucionales y de mociones inadmisibles, son algunas de las expresiones de esta irresponsabilidad. Ello no solo se ha traducido en la tramitación de mociones inconstitucionales sino que también en un deficiente trabajo legislativo. La calidad de nuestras leyes en el último tiempo deja mucho que desear, llegando al punto que apenas entran en vigencia, deban corregirse por gruesos defectos o evidentes vacíos.

Otra preocupante manifestación del deterioro del trabajo legislativo, se ha dado precisamente desde el Senado. En lugar de observarse aguas calmas y reflexivas en dicha instancia, en los últimos meses el ambiente se ha encrespado, abandonando su tradicional moderación para ceder espacio a la confrontación. Algunos de sus integrantes, olvidando el rol republicano que cumplen, han optado por el discurso fácil, inmaduro y obstructivo. Tenemos desde senadores partidarios de la “retroexcavadora”, otros partidarios de menospreciar la correcta observación de las reglas sobre admisibilidad de los proyectos, hasta aquellos que se oponen a todo lo que propone el Ejecutivo, entre otras expresiones. Pero es hora de dejar eso atrás por un momento.

Estamos en uno de esos momentos únicos de la historia, donde la atención se vuelca hacia el Senado, con cara de angustia. Sí, de angustia. La reciente votación, en la Cámara de Diputados, del proyecto que permite retirar el 10% de los fondos previsionales, impone sobre el Senado la obligación patriótica de oponerse responsablemente, no solo a un proyecto que se sustenta en un evidente resquicio constitucional, sino a uno que inflige, muy especialmente, un grave daño al país, su economía y los chilenos.

Aún tenemos esperanzas que sabrán ponderar y acoger la abundante y concluyente evidencia que justifica rechazar el proyecto en los términos aprobados por la Cámara. Pero sobre todo, nuestra confianza recae en su capacidad y experiencia histórica de llegar a acuerdos, dejando de lado, por un instante, prejuicios y caricaturas, para dar espacio a la cordura, madurez y responsabilidad. Por algo es la Cámara Alta por excelencia.

Churchill decía que “el precio de la grandeza es la responsabilidad”. La legitimidad y estabilidad de nuestra democracia descansan en la altura política y responsabilidad del Senado. Poner el interés general del país por sobre el interés particular, será su desafío y nuestra esperanza. Obrar en contrario, los hará cómplices del más grave atentado al orden constitucional chileno.