Opinión
Sin duda, la solución al conflicto mapuche está aún más lejos que hace unas semanas. Y si bien Víctor Pérez le puso más leña a la hoguera, dudo que en el Gobierno estén preparados para enfrentar la agudización de un conflicto en este momento de tanta debilidad, ya sea porque los camioneros y la Multigremial decidan actuar por su cuenta o, lo que puede ser dramático y tomar incluso un cariz internacional, porque se dé el escenario que uno de los loncos o machis se complique de salud y muera. Ojalá La Moneda entienda que el doble estándar de negociar bajo presión solo con una de las partes, lo único que hace es agudizar el conflicto.
Cuando leí la frase expresada por el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, sobre “lo que no puede haber es un diálogo bajo amenazas o ultimátums”, supuse que se refería a la amenaza hecha por los camioneros, advirtiendo a La Moneda que se les había acabado el plazo por ellos determinado, por lo que estaban listos para iniciar un paro. Pero no, hablaba del caso de los mapuche en huelga de hambre, que piden cumplir la pena en sus comunidades. En el mismo punto de prensa, el subsecretario comentó el fallo de la Corte Suprema: “Lo que corresponde es que cumpla la sentencia judicial tal como lo tendría que hacer cualquier persona», en referencia al machi Celestino Córdova. No pude dejar de pensar en los dos reos condenados por violaciones a los Derechos Humanos que recibieron el indulto hace solo dos semanas.
Sin duda, el giro que ha tomado el conflicto mapuche –que ha tenido muchos ciclos y que data de hace décadas– se complejizó con la llegada de Víctor Pérez al Ministerio del Interior. En un acto que, al menos, se entendió como una señal, el mismo día que asumió señaló que este sería uno de sus temas prioritarios y para dejar más clara su posición, la primera visita a terreno la realizó a La Araucanía. En su relato, afirmó que en este país no existían presos políticos e hizo un arriesgado llamado a los alcaldes a solicitar el desalojo de las siete municipalidades, tomadas unos días antes por grupos de comuneros mapuche que pedían la libertad de más de veinte de los suyos encarcelados en distintos recintos penales de la zona.
[cita tipo=»destaque»]La prueba de fondo vendrá cuando se cumplan las amenazas, que, según el representante de las agrupaciones de camioneros, harán efectivas cuando ocurra una nueva quema de camiones: “Vamos a reaccionar”, indicaron. En ese momento, los dirigentes olvidarán la aspirina del Gobierno –un proyecto de ley que demorará varios meses en su tramitación– y volverán a la carga. Veremos si La Moneda mantiene el mismo doble estándar que mostraron la semana pasada o, bien, les aplica las sanciones por bloqueo de carreteras, un hecho muy grave en un Estado de Excepción.[/cita]
Esa misma noche, en pleno toque de queda –que rige en todo el país- un grupo de civiles armados y ante la mirada complaciente de carabineros, decidió tomar la justicia por sus manos y desalojó el edificio de la Municipalidad de Curautín. La acción ha hecho recordar algunos grupos que actuaban en el gobierno de la Unidad Popular, de ambos lados, como Patria y Libertad o el Mir. Este peligroso fenómeno es algo inédito desde el retorno de la democracia, hace treinta años atrás.
Y luego vendrían otros desalojos, esta vez a cargo de Carabineros, incluida la destrucción de un campamento armado por mujeres mapuche frente a la cárcel de Angol y la detención de un sacerdote jesuita –reivindicando a una Iglesia silente y golpeada por los abusos sexuales– que intentó defender a los comuneros que se habían tomado otro municipio, acción que fue reprimida a las pocas horas de producido el hecho.
Unos días después y gracias al ambiente generado desde la llegada de Pérez, se sumarían al reclamo iniciado por camioneros, la Multigremial de La Araucanía, una asociación que ha estado constantemente haciendo llamados al Gobierno para que les dé garantías y que tiene un discurso duro frente a la causa mapuche.
La organización no solo se alentó con el nuevo ministro y los “desalojadores” de Curacautín, sino que lanzó un provocativo mensaje al Ejecutivo: “Nos declaramos en libertad para tomar otro tipo de acciones de manifestación con el objetivo de exigir a los poderes del Estado solucionar el problema”. La amenaza directa podría tener consecuencias insospechadas y provocar un giro muy peligroso.
Sin embargo, el hecho más complejo, por la connotación política que tiene, lo provocó el presidente de la Federación de Camiones del Sur, José Villagrán, un excandidato a senador por la UDI –vaya paradoja de la historia– que entregó un ultimátum al Gobierno. Esta vez Galli no dudó en recibirlos en La Moneda, mientras cientos de camiones recorrían la ciudad y otros bloqueaban la ruta 5 Sur. El Gobierno, por lo visto, podía negociar bajo presión sin problema. Un encuentro sin resultados concretos, salvo el proyecto de ley que el Presidente, Sebastián Piñera presentó el jueves pasado y que busca aumentar las penas en el caso de resultar muerta una persona cuando queman un camión. Un simple bálsamo de La Moneda para bajar la presión, pero lejos de la expectativa de los camioneros.
La prueba de fondo vendrá cuando se cumplan las amenazas, que, según el representante de las agrupaciones de camioneros, harán efectivas cuando ocurra una nueva quema de camiones: “Vamos a reaccionar”, indicaron. En ese momento, los dirigentes olvidarán la aspirina del Gobierno –un proyecto de ley que demorará varios meses en su tramitación– y volverán a la carga. Veremos si La Moneda mantiene el mismo doble estándar que mostraron la semana pasada o, bien, les aplica las sanciones por bloqueo de carreteras, un hecho muy grave en un Estado de Excepción.
Más allá de la curiosidad de ser dirigentes gremiales vinculados al oficialismo, con esta doble amenaza recibida por el Gobierno –de la Multigremial y la Federación de Camiones del sur–, el episodio ha hecho recordar el año 1972, cuando los camioneros encabezaron el gran paro de octubre y que marcó el inicio de la preparación de un golpe de Estado liderado por Pinochet. Las vueltas de la vida y la historia. Hoy la derecha está en el poder y debe hacer frente a un gremio que tiene el poder –como lo hizo antes– de paralizar la distribución de alimentos e insumos justo en medio de una pandemia.
Sin duda, la solución al conflicto mapuche está aún más lejos que hace unas semanas. Algo que ya pudimos comprobar con el asesinato de Camilo Catrillanca, a fines de 2018, a manos de Carabineros, situación que generó el levantamiento que estamos observando desde ese momento. Y si bien Víctor Pérez le puso más leña a la hoguera, dudo que en el Gobierno estén preparados para enfrentar la agudización de un conflicto en este momento de tanta debilidad, ya sea porque los camioneros y la Multigremial decidan actuar por su cuenta o, lo que puede ser dramático y tomar incluso un cariz internacional, porque se dé el escenario que uno de los loncos o machis se complique de salud y muera.
Ojalá La Moneda entienda que el doble estándar de negociar bajo presión solo con una de las partes, lo único que hace es agudizar el conflicto.
