Opinión
El proceso constituyente es una extraordinaria oportunidad para que nuestra sociedad se dé la tarea de construir democráticamente un nuevo marco de convivencia política, en el cual los Derechos Humanos sean un eje fundamental. Estoy seguro que si aquello es posible, al fin podremos realizar las profundas transformaciones que requieren nuestras instituciones, militares, policiales y judiciales, para que transversalmente en todos los niveles del Estado sea absolutamente imposible volver a justificar las violaciones a los DDHH, no solo aquellas ocurridas durante la dictadura, sino también las que persisten hasta hoy en nuestro país.
Una de las realidades más dramáticas que quedó en evidencia durante el llamado “estallido social”, fueron las violaciones a los Derechos Humanos que se produjeron en diferentes ciudades del país. Si bien esas vulneraciones se venían produciendo de manera selectiva con comuneros mapuche y jóvenes populares durante toda la posdictadura, la generalización y gravedad que adquirieron las prácticas represivas a partir de octubre del 2019 –con mutilaciones oculares y abusos sexuales en recintos policiales como ejemplos de su mayor brutalidad– mostraron de manera categórica cómo, en el Chile contemporáneo, el tema de los DDHH nunca había logrado constituirse en un elemento articulador de una cultura política propiamente democrática.
Es evidente que en Chile nunca se derrotó de manera absoluta al proyecto dictatorial, ni desde un punto de vista político, económico ni cultural, y que, por el contrario, este mantiene hasta hoy una disputa incluso sobre el modo en que debemos nombrar aquel período histórico.
[cita tipo=»destaque»]Precisamente esta sociedad fundada en la negación de nuestras memorias políticas, es la que fue profundamente impugnada durante el llamado “estallido social”, porque como propone Chantal Mouffe –filósofa y politóloga belga, profesora del Departamento de Ciencias políticas y de Relaciones Internacionales en la Universidad de Westminster en Londres–, la sociedad democrática no puede excluir o negar un conflicto que es por definición inerradicable e incontenible, sino más bien reconocerlo y abordarlo de una forma que no destruya la convivencia política.[/cita]
El pacto que dio origen a la sociedad posdictatorial supuso postergar a la ciudadanía y sus memorias, estableciendo que la demanda por verdad y justicia ponía en riesgo la estabilidad de la naciente democracia, erradicando del debate público dicho conflicto, desnaturalizando con ello la política y transformándola en una mera práctica de administración. Lo anterior, supuso negar que el Chile de la transición se había fundado en la violación de los Derechos Humanos de aquellos que fueron definidos como enemigos irreductibles por el poder durante la dictadura.
De este modo, el consenso amnésico de la transición negó el único consenso efectivamente necesario para la construcción de un sistema democrático, el “consenso conflictual”, el único capaz de proveernos de un espacio simbólico común para una relación democrática.
Precisamente esta sociedad fundada en la negación de nuestras memorias políticas, es la que fue profundamente impugnada durante el llamado “estallido social”, porque como propone Chantal Mouffe –filósofa y politóloga belga, profesora del Departamento de Ciencias políticas y de Relaciones Internacionales en la Universidad de Westminster en Londres–, la sociedad democrática no puede excluir o negar un conflicto que es por definición inerradicable e incontenible, sino más bien reconocerlo y abordarlo de una forma que no destruya la convivencia política.
Desde nuestra perspectiva, el discurso de los Derechos Humanos debe constituirse en ese “consenso conflictual” básico para una nueva democracia que no vuelva a olvidar y negar.
El proceso constituyente es una extraordinaria oportunidad para que nuestra sociedad se dé la tarea de construir democráticamente un nuevo marco de convivencia política, en el cual los Derechos Humanos sean un eje fundamental. Estoy seguro que si aquello es posible, al fin podremos realizar las profundas transformaciones que requieren nuestras instituciones, militares, policiales y judiciales, para que transversalmente en todos los niveles del Estado sea absolutamente imposible volver a justificar las violaciones a los DDHH, no solo aquellas ocurridas durante la dictadura, sino también las que persisten hasta hoy en nuestro país.
