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Foto: Aton
Paralelamente, y a través de un comunicado oficial, el Gobierno de Chile señaló que instruyó a Carabineros a realizar un sumario administrativo y apartar al funcionario involucrado de sus labores operativas.
Pese a la evidencia de las imágenes, el ministro del Interior, Víctor Pérez, evitó emitir un juicio mayor hacia el actuar de Carabineros durante la última manifestación ciudadana realizada el día viernes, y que terminó con un adolescente de 16 años en el lecho del río Mapocho, esto luego que un funcionario de las Fuerzas Especiales de Carabineros lo empujara, según evidencian diferentes registros audiovisuales.
En este sentido, el jefe de gabinete del Presidente Piñera, señaló que lamentan lo sucedido, pero que son las “investigaciones las que deben llevar claridad sobre si se cumplieron o no se cumplieron los protocolos de Carabineros, si los hechos son constitutivos de delito o no”, evitando escalar eventuales responsabilidades del mando mayor de la institución.
Consultado respecto de las responsabilidades del general director de la institución, Mario Rozas, el jefe de Interior señaló que se trata de «aspectos políticos» y cree que, por el contrario, «todos aquellos que tienen responsabilidad, tanto constitucional como administrativa y política, debemos hacer los esfuerzos para superar esta situación». Pérez fustigó que, «con apuntar con el dedo a otro, no superaremos esta dificultad».
Los hechos se dan en medio de los cuestionamientos a la imparcialidad de trato que ha tenido Carabineros durante las últimas manifestaciones relacionadas con el plebiscito del 25 de octubre, donde ha quedado en evidencia que el despliegue y accionar no ha sido imparcial respecto de las reuniones de quienes se manifiestan a favor de la opción Rechazo, en desmedro de quienes lo han hecho por el Apruebo. En este contexto, se apunta directo al ex senador UDI como responsable civil de la institución uniformada.
El Ministro del Interior reveló, además, que el gobierno ya ha tomado contacto con la familia de la víctima y, tanto el subsecretario del Interior y la subsecretaría de prevención del delito, «aplicaran todos los programas que tenemos para acompañar a víctimas de hechos de esta naturaleza».
El jefe del gabinete cerró con un llamado a la comunidad nacional a «no anticipar juicio mientras las investigaciones correspondientes, tanto del Ministerio Público como al interior de Carabineros, se realizan».
Paralelamente a la intervención de Víctor Pérez, el gobierno emitió un comunicado donde «rechaza y condena categóricamente» toda acción que atente contra los Derechos Humanos, en cualquier lugar, tiempo o circunstancia. En consecuencia, añaden, «si algún carabinero no cumple con los protocolos o la ley, atentando contra los derechos humanos, esa acción, además de los sumarios administrativos correspondientes, debe ser investigada por la Fiscalía y conocida, juzgada y sancionada por los Tribunales de Justicia, de acuerdo a la ley».
«El Gobierno rechaza y condena todo tipo de violencia, cualquiera sea su origen o motivación», agrega la declaración.
Junto a lo anterior, el Gobierno manifestó su respaldo a la «necesaria y fundamental» labor de Carabineros, eso sí, «en cumplimiento de su mandato constitucional de resguardar el orden público y la seguridad ciudadana de todas las personas, dentro del marco de sus protocolos y la ley, y siempre con pleno respeto a los Derechos Humanos de todos».
Por la razón esgrimida en el párrafo anterior, el Gobierno informó que ha instruido a Carabineros a realizar un Sumario Administrativo y a apartar al funcionario involucrado de sus labores operativas, mientras se realiza la investigación correspondiente. Adicionalmente ha puesto todos los antecedentes a disposición del Ministerio Público para que lleve a cabo una completa investigación.
«El Gobierno lamenta profundamente lo ocurrido ayer en el Puente Pio Nono del Río Mapocho, hace sentidos votos para la pronta recuperación del joven y ofrece toda la ayuda y el apoyo necesario a su familia.», cierra el comunicado público del Gobierno.
La Bancada de diputados del Partido Socialista, frente a las «condenables y dramáticas» imágenes que se han conocido producto de la represión ocurrida en la noche del día viernes 02 de octubre, por parte de efectivos de Carabineros de Chile, en contra de manifestantes afirmó que «han sido reiterativos los hechos de violencia y represión por parte de agentes del estado, con las conocidas consecuencias, en contra de los ciudadanos que se manifiestan en las calles del país».
Según señalaron en una declaración pública, para el PS, «ya no es sostenible, ni creíble las excusas que el gobierno de Chile, a través del Ministro del Interior entregan y que lo único que pretenden es justificar este tipo de conductas reñidas con la ley».
Dicen que se hace necesaria y urgente una intervención y reestructuración de la institución de Carabineros y de los distintos protocolos sobre su actuar frente a los ciudadanos. Por esta razón, la bancada de diputados y diputadas socialistas exigen medidas concretas como «la renuncia inmediata del Director General de Carabineros ya que, de lo contrario, la bancada de diputados/as no concurrirán con sus votos para aprobar el presupuestos 2021 de la institución policial».
El Partido Socialista es categórico y anunció una acusación constitucional contra el Ministro del Interior, Víctor Pérez, por «su actuar negligente». Además, presentarán una querella contra quienes resulten responsable de este «repudiable incidente».
Desde la DC se sumaron a la indagación y el diputado Gabriel Ascencio criticó que, luego de que hayan transcurrido ya varias horas de este «acto criminal, sin importarle su vida y las consecuencias, y sólo como un acto de represión no hay reacción del presidente Piñera que ni le han exigido la renuncia al general Rozas.
«Yo creo que hay que hacer efectivas las responsabilidades políticas y nosotros lo que tenemos es la posibilidad de presentar la acusación constitucional en contra del Ministerio del Interior», señaló el parlamentario DC.
Ascencio destacó que esa acusación estaba paralizada por la presentación de otra acusación contra el ministro Mañalich y, por tanto, tiene que reactivarse ahora ante cuyos hechos derivan en el trato desigual.
«A la aplicación de la ley al Ministro del Interior por lo delitos cometidos por los camioneros, ahora se agrega un capítulo más que tiene que ver con el rol jerárquico del Ministro del Interior sobre el actuar de Carabineros», explicó el diputado Ascencio, agregando que, «si Carabineros actúa de esta forma en contra de la gente, cometiendo el delito, lo que hay ahí es un homicidio frustrado y el superior jerárquico no solo no dice nada y se hace cómplice de los hechos. Tiene que asumir esa responsabilidad política».
El diputado Ascencio explicó que la acusación va a quedar redactada este fin de semana y en los primeros días de la próxima semana será presentada en la Cámara de Diputados porque «no cabe otra cosa, otra respuesta a estos hechos tan graves, a esta locura represiva a la que nos lleva el Gobierno».
Fuera del PS y la DC, pero en el mismo tono, el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, anunció también la presentación de una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, y, además, la presentación de una querella criminal contra quienes resulten responsables luego de lo sucedido. Hirsch agregó, en línea con la oposición, que “el lunes presentaremos una querella criminal por homicidio frustrado contra quienes resulten responsables por el brutal atentado y violación de derechos humanos de este joven a quien Carabineros lanzó al río Mapocho”.
Desde todos los frentes llegan comentarios frente a los hechos, incluso desde el oficialismo. El diputado de Renovación Nacional Andrés Celis, miembro de la Comisión de DDHH de la Cámara, a raíz del joven que fue empujado por el puente Pio Nono, pide que la Comisión aborde el caso en la próxima sesión.
«De máxima gravedad lo ocurrido en Puente Pío Nono, imágenes evidencian el contacto q gatilla la caída. Es fundamental investigar a fondo y de comprobarse la intencionalidad de funcionario, deben interponerse acciones legales correspondientes y aplicar sanciones ejemplificadoras», señaló.
«Cómo miembro de la Comisión de DDHH de la Cámara propongo que se aborde la situación en la próxima sesión de la instancia. Es vital esclarecer hechos y observar cumplimiento de protocolos», concluyó el diputado Celis.
