Para Mariela Núñez, ecóloga y directora de la Fundación Senda de Darwin, y Cristián Frêne, director de la Red de Sitios de Estudios de Largo Plazo (LTSER-Chile) que una nueva Constitución incorpore consideraciones científicas y filosóficas para la conservación biocultural no es solo una oportunidad, sino una imperiosa necesidad. Conscientes del poder y la defensa que existe en Chile del modelo económico extractivista -causante en muchos casos de daños irreversibles a los ecosistemas naturales- los investigadores del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), saben que la incorporación al texto constitucional de elementos de preservación de la naturaleza supone una dura pelea, porque implica establecer límites a la propiedad privada, el alma máter de la Constitución del 80. Previendo ello, los ecólogos trabajan con un grupo multidisciplinario de otros científicos, junto a abogados y filósofos para elaborar un documento que pueda ser usado como insumo del mundo civil para la redacción de un nuevo pacto social que permita la sobrevivencia en equilibrio de los humanos y la naturaleza y no hipoteque el futuro al dejar todo nuevamente en manos del mercado.
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