Opinión
Cada día que pasa, Carabineros agrega un hecho nuevo gravoso: se amenaza a los fiscales o no se satisfacen sus requerimientos, se descubren videos o audios con actos de reincidencia para inculpar a ciudadanos inocentes o se aplican métodos “de treinta años atrás y sin ninguna especialización”, como señaló el ministro Víctor Pérez a propósito del caso del Puente Pío Nono. Hacer una reforma policial con la policía funcionando, es un aprendizaje en proceso muy difícil, lleva tiempo y recursos, pero es la única manera de hacerlo. No se puede detener el mundo ni tampoco hacer funcionar la sociedad sin servicios policiales.
El ministro del Interior, Víctor Pérez, en entrevista al diario El Mercurio, señaló que han pasado a retiro 48 generales en los últimos meses, para argumentar que “sacar generales no soluciona los problemas de fondo de Carabineros”. Y agregó que se trata de “una institución que en 30 años no vivió ningún proceso de modernización ni especialización”.
Más allá de ser una entrevista muy liviana, en la que desacredita derechamente a la Fiscalía Nacional, el ministro demuestra ignorancia sobre el tema. Al referirse al control de orden público en el caso del Puente Pío Nono, los llama “protocolos de infantería”, “sin escopeta antidisturbios”. Lo peor, no emite ninguna referencia válida respecto de la reforma de Carabineros, dejando como impresión que esta sigue adelante sin punto cierto de llegada y con piloto automático.
Tanto el Gobierno como la oposición se equivocan si creen que la reforma que requiere Carabineros se soluciona formando una “Comisión Asesora Permanente”, que les dé consejos al Gobierno y al general director de la policía uniformada, compuesta por funcionarios públicos que tienen responsabilidades en el tema. O, formando una «Comisión Transversal de Expertos” para ir –teóricamente hablando– más a fondo, reuniendo a eventuales especialistas en el tema o gente que ha trabajado en el sector, para que elaboren un informe de cómo hacer esa reforma, sin incidencia práctica alguna. Excepto de servirle al Gobierno de cuña de legitimidad cuando las circunstancias lo ameritan.
[cita tipo=»destaque»]Ese Comité Técnico Interventor debe estar integrado por civiles, policías, militares, jueces y auditores, de manera equilibrada y sin compromisos directos con la institución, y con capacidad de hacer el control superior del servicio. De sus decisiones debieran salir las auditorías que se requieren para recuperar de manera clara y transparente el control patrimonial y financiero de la institución; para determinar la cantidad, calidad y tipo de formación de sus recursos humanos, lo que incluye el análisis de la currícula de las escuelas matrices y, por supuesto, otra para los procedimientos policiales, a fin de determinar el estado y capacidad de cumplimiento operativo de la institución y de sus cuerpos especializados.[/cita]
Todo ello es imposible hoy en Carabineros, dado su nivel de resquebrajamiento institucional, respecto de lo cual se rumorea que internamente circula la idea de hacer un paro de brazos caídos, si se los sigue cuestionando en sus funciones.
Pero cada día que pasa Carabineros agrega un hecho nuevo gravoso: se amenaza a los fiscales o no se satisfacen sus requerimientos, se descubren videos o audios con actos de reincidencia para inculpar a ciudadanos inocentes o se aplican métodos “de treinta años atrás y sin ninguna especialización”, como señaló el ministro Víctor Pérez a propósito del caso del Puente Pío Nono.
Hacer una reforma policial con la policía funcionando, es un aprendizaje en proceso muy difícil, lleva tiempo y recursos, pero es la única manera de hacerlo. No se puede detener el mundo ni tampoco hacer funcionar la sociedad sin servicios policiales.
Por lo tanto, hay que planificar y, entre ello, lo principal es la intervención del mando. Si todo sigue como está, funcionando en la rutina, es un llamado a la paralización interna y a la multiplicación de rumores, conspiraciones y fraccionamiento e indisciplina. Al revés, si solo se junta un grupo de gente en comités o grupos asesores para hacer recomendaciones, es solo folklore urbano y motivo de saludos, abrazos y “papers”.
Por ello, la primera medida que se requiere es intervenir su estructura de manera drástica, con decisiones fuertes respecto del mando y la autonomía institucional. Para ello, se requiere una Comisión Técnica Policial Externa, que opere como un Consejo Técnico Interventor con capacidad de mando y control institucional, trabajando con dedicación exclusiva, 24/7, y con un amplio respaldo político. De lo contrario, no habrá reforma o solo la habrá para cambios cosméticos.
Ese Comité Técnico Interventor debe estar integrado por civiles, policías, militares, jueces y auditores, de manera equilibrada y sin compromisos directos con la institución, y con capacidad de hacer el control superior del servicio.
De sus decisiones debieran salir las auditorías que se requieren para recuperar de manera clara y transparente el control patrimonial y financiero de la institución; para determinar la cantidad, calidad y tipo de formación de sus recursos humanos, lo que incluye el análisis de la currícula de las escuelas matrices y, por supuesto, otra para los procedimientos policiales, a fin de determinar el estado y capacidad de cumplimiento operativo de la institución y de sus cuerpos especializados.
Opiniones de instituciones y expertos insinúan que, en el nuevo contingente de Carabineros, luego de la Reforma, “los oficiales y suboficiales debieran parecerse lo más posible”.
No se entiende tal observación, pues en casi todo el mundo la formación matriz es una sola, “agente de la ley” u “oficial de policía”, y las distinciones de grados, especialización y otras, se producen en el ejercicio de la profesión. La mantención de dos escuelas matrices es un acto discriminatorio no solo infundado, sino humillante para la propia profesión.
