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Angelina Armendáriz declaró en la PDI que fue abusada sexualmente durante su infancia por su padre, Pedro José Armendáriz Elórtegui, lo que despertó una serie de fantasmas y sospechas al interior de la familia que hasta hoy se mantiene dramáticamente dividida en dos bandos. El patriarca acusado era un hombre ligado a la Iglesia católica y con fuertes vinculaciones políticas. Pero fue en el marco de la investigación judicial por los abusos sexuales de los maristas que el testimonio de Angelina tomó mayor fuerza. A fines de agosto de 2019, su revelación fue leída por muchos en el Ministerio Público, puesto que la mujer era conocida allí tras haber trabajado en la Fiscalía Sur durante siete años, en los tiempos en que el entonces fiscal Alejandro Peña concitaba atención mediática por sus allanamientos contra narcos en La Legua y que hoy asesora a la congregación de los Hermanos Maristas. En el mapa del abuso sexual eclesiástico, que cada cierto tiempo es engrosado con nuevos nombres, Armendáriz Elórtegui ocupa un lugar entre los abusadores, el que sus hijos nunca habrían querido encontrar. Paradójicamente, uno de ellos, Xavier Armendáriz, fue mandatado por el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, para investigar los casos de abusos sexuales en la Iglesia católica, causas que hasta ahora han experimentado un lento avance, denuncian sus detractores.
El fiscal Xavier Armendáriz nunca ha querido hablar del tema. Ni cuando en 2010 lo escuchó de Nuri, una de sus hermanas, o cuando se lo repitió Angelina el 2014, o en 2016 cuando el espinudo asunto dividió definitivamente en dos bandos a los seis hijos del matrimonio de Pedro José Armendáriz y Agustina Salamero. Pero esta vez, en agosto de 2019, Xavier Armendáriz, Fiscal Regional Centro Norte, tuvo que darle una explicación al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, porque la historia ya era pública en Facebook y había sido parte también de una declaración ante la PDI, dentro del “caso Maristas”, que investiga la Fiscalía Sur. Angelina, hermana de Xavier, había declarado el 29 de agosto de 2019 ante la policía civil y, un día después, publicó en la red social la foto de su padre, Pedro José Armendáriz Elórtegui, junto a un texto que decía: “Mi abusador, el que destruyó mi infancia, destruyó a mi familia y nuestra confianza en la vida (…), para que nunca más ni en esta familia ni en ninguna, ni en la Iglesia católica sean aceptados criminales como tú”.
Esta fuerte denuncia se publicaba meses después que las principales causas por abusos al interior de la Iglesia católica quedaran en manos del fiscal Armendáriz, luego de que Abbott se las quitara a Emiliano Arias, Fiscal Regional de O’Higgins.
Durante tres horas, Angelina Armendáriz (60) declaró ante el subcomisario Óscar Romero. Al policía le contó que su padre, Pedro José Armendáriz Elórtegui, durante gran parte de los 82 años que vivió, estuvo estrechamente ligado a la Iglesia católica. Era de misa diaria y nombrado Ministro Extraordinario, es decir, entre los laicos que pueden, en casos especiales, entregar el sacramento de la comunión y, además, ayudar en el ritual de la misa. Un estatus especial entre los feligreses y que exige una conducta ejemplar. Cursó sus estudios entre 1928 y 1940 en el Instituto Alonso de Ercilla, de los Hermanos Maristas, congregación de origen francés pero cuyos miembros en Chile provenían de España, igual que su familia.
Armendáriz Elórtegui era socio del Estadio Español. Angelina, frente al detective de la Brigada de Delitos Sexuales, dijo que tenía serias sospechas de que su padre pudo haber sido abusado en el colegio, por cómo en contadas ocasiones recordaba a un sacerdote encargado de la biblioteca. Esta intuición la llevó a acercarse a la PDI para hacer la denuncia, que –según la policía– serviría de insumo para probar que en ese recinto el abuso sexual era una práctica arraigada desde hacía muchísimo tiempo. Varios integrantes de la congregación marista están siendo investigados por la justicia, particularmente en la Fiscalía Sur, a cargo del fiscal Héctor Barros.
En tal contexto, la mujer reveló que su padre abusó sexualmente de ella hasta los 11 años, pero que recién desde los 30 comenzó una terapia que le ayudó a rearmar los hechos del pasado. Pedro José Armendáriz nació en 1922 y al salir del colegio se vinculó con el movimiento de Acción Católica, que lideraba Alberto Hurtado, y del que participaba también el cura Renato Poblete, a quien Armendáriz Elórtegui conoció a mediados de la década de los 40.
Pedro José Armendáriz Elórtegui no pudo estudiar en el seminario para ser sacerdote, según cuentan cercanos a la familia. Su madre quedó viuda y se puso al frente del negocio Vestuarios Armendáriz, en calle San Pablo. Como vecino fue muy querido por la comunidad y en repetidas ocasiones presidió la Junta de Vecinos N° 8 de Ñuñoa. Según declaró su hija a la PDI, también dedicaba gran parte de su tiempo al Partido Demócrata Cristiano, en el que militaba desde que era la Falange Nacional. En el barrio era conocido por ayudar a las personas que pasaban pidiendo limosna y, conforme fue envejeciendo, adquirió la costumbre de rezar el rosario todos los días.
Armendáriz Elórtegui murió en junio de 2006. Y solo cuatro años después, en 2010, Angelina Armendáriz y otra de sus hermanas, pusieron sobre la mesa el tema de los abusos sexuales que aseguraron haber sufrido en la infancia. Pero solo en 2014 le contaron a su madre, que –pese a su sorpresa– les creyó hasta la muerte, en 2016, cuando tenía 88 años. Pero no así el fiscal Xavier Armendáriz, que se alineó con el “bando” de cuatro hermanos que no creyeron la denuncia. Y ahí se rompió una relación que no era mala, tanto que Xavier ayudó a que su hermana Angelina, profesora general básica de la Universidad Católica, consiguiera un puesto administrativo en la Fiscalía Sur, cuando el jefe de dicha repartición era Alejandro Peña, hoy abogado asesor de la congregación de los Hermanos Maristas. Angelina Armendáriz trabajó en el Ministerio Público desde 2005 hasta febrero de 2012. Meses después que Xavier Armendáriz dejara la Fiscalía en 2011, a la que volvió en 2018.
Cuando Xavier Armendáriz dio una explicación acerca de la denuncia de su hermana, señaló que la acusación sobre su padre desde dentro de la propia familia fue “una tragedia” que dividió en dos bandos al clan formado por tres mujeres y tres hombres. De ellos, dos hermanas sostienen la acusación de abuso. Armendáriz no ha querido escuchar “una palabra” de los hechos cuando sus hermanas han querido detallarlos, según cuenta un cercano a la familia. “No creo que Xavier esté capacitado para llevar causas de abuso sexual eclesiástico y no eclesiástico, porque no fue capaz de contener a sus hermanas y de abrirse a su propia situación familiar de abuso”, afirma esta fuente que conoció además la declaración ante la policía.
Lo extraño es que, consultado el fiscal Héctor Barros de la Fiscalía Sur, asegura que en esa repartición no está el testimonio de Angelina Armendáriz. «No hay una causa iniciada. Después de ver la acusación en Facebook no se pudo abrir una investigación de oficio, pues, si no hay una denuncia puntual al respecto, no se puede iniciar una investigación. Si hubiese sido menor de edad, podríamos haber actuado de oficio», indicó a El Mostrador el fiscal Barros.
Lo que no cuadra en esta parte de la historia es que desde la PDI aseguran que la declaración sí fue enviada y estaría en conocimiento de la fiscal adjunta, especialista en delitos sexuales, Yazmin Salech. Qué ocurrió en el intertanto, es una interrogante abierta que deberá despejarse cuanto antes. De todas formas, desde la Fiscalía afirman que el caso de la hermana de Armendáriz no está en el SAF (Sistema de Apoyo a los Fiscales), un repositorio de las causas donde se puede buscar el historial de las víctimas, los delitos de los imputados, entre otros.
En todo este tiempo, Angelina Armendáriz se ha acercado a la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales y desde allí ha desplegado una intensa actividad en redes sociales, especialmente Facebook. La última, el 17 de noviembre, cuando esta organización actualizó el “Mapa de Abuso Sexual Eclesiástico”. En ese posteo, ella escribió: “Mi abusador y seguramente de otras personas más, también está en este mapa”, refiriéndose a que está consignado el nombre de su padre. Lo cierto es que su posición acusatoria la ha distanciado de varios de sus hermanos, incluido el fiscal Armendáriz, a quien no habla ni ve desde hace cuatro años.
Listado del «Mapa chileno de abusos cometidos en entorno eclesiástico», donde aparece Pedro Armendáriz Elórtegui.
«Nosotros tenemos mucha claridad de que existe una relación entre el abuso intrafamiliar y el abuso entre entornos eclesiásticos. Esta relación tú la puedes notar en varios casos. Hay uno bien famoso en la Región del Biobío, donde los denunciantes están dentro de la familia. Una mujer fue abusada por su padre y él participaba activamente de la Iglesia. Lo que pasa al interior de los colegios suele pasar dentro de la familia. La denunciante hace un vínculo con la congregación y no es antojadizo, porque ella asociaba a su padre con un perfil de la congregación”, dice Eneas Espinoza, integrante de la Red de Sobrevivientes y denunciante en el «caso Maristas».
A su juicio, “más que apuntar a una persona específica por el poco avance de las investigaciones, el problema es de la estructura, del sistema. Porque puede haber una fiscal con toda la voluntad y las ganas de trabajar. Puede haber un equipo de la PDI que esté buscando resolver e investigar. Pero si no reciben recursos y no hay una decisión desde la Fiscalía Nacional de empujar estos casos para que avancen rápido, estamos perdidos. Porque estamos investigando a los poderosos. Las señales tienen que ser mucho más claras. Si bien es cierto la Iglesia es menos popular, su poder sigue intacto. Si no aparecemos denunciando y hablando, esto se muere. Y eso es importante al analizar el trabajo de Abbott y su gente. Es un tema de estructura del sistema, donde hay que actuar rápido”, subraya.
La crítica al accionar del Ministerio Público y las policías no es nueva. Ya en julio de este año, El Mostrador publicó cómo los incumbentes en estas causas, entre ellos el abogado Juan Pablo Hermosilla, en representación de la Fundación para la Confianza, mostraban su inquietud por lo que parece un estancamiento de las investigaciones. Desde febrero a la fecha hay cuatro condenas de un total de 125 causas. “Es evidente que hay una sensación, en las víctimas y en los que somos querellantes, de que se ha aprovechado el efecto de la pandemia para hacer borrón y cuenta nueva”, decía Hermosilla.
A pesar de los intentos por ubicar al fiscal Armendáriz para esta nota, no hubo respuesta.
