La brújula de los DDHH: la utopía realista para el nuevo Chile

“Hasta que la dignidad se haga costumbre” fue el lema de la movilización social en Chile. La dignidad, esa palabra que ha ocupado siglos de debate filosófico y que, sin existir consenso sobre su concepto y alcance, sigue siendo el lenguaje común bajo el cual la humanidad concreta las exigencias de libertad, igualdad y solidaridad, en la idea de Derechos Humanos. Aunque las demandas de la movilización social en Chile no fueron inicialmente planteadas en términos de DDHH, la apelación a la dignidad transformó la movilización chilena en una lucha por el Derecho y por los derechos.

La paradoja que hemos vivido estos años es que, mientras se profundizaba la demanda social en torno a los Derechos Humanos, hemos presenciado aterrorizadas la más grave crisis de DDHH que ha vivido Chile desde el retorno a la democracia. Todo ello ha sido documentado en informes nacionales e internacionales de organismos de supervisión y protección de Derechos Humanos.

La esperanza como superación colectiva de la crisis está depositada en el proceso constituyente, que canalizará muchas de las deudas que en esta materia mantiene el Estado de Chile. Sin embargo, en esta columna quiero sostener que este elemento no nos puede hacer olvidar que la concreción y garantía de los derechos dependen también de la comprensión que se tenga de ellos en la cultura política. La única forma de superar la crisis es que los Derechos Humanos se transformen en la brújula de la política. El próximo Gobierno se enfrentará al desafío de acompañar el proceso constituyente y de implementar una nueva Constitución, y ello supone encarar ese periodo enfrentando desafíos éticos y políticos vinculados con la idea de DDHH.

¿Qué hacemos para que los Derechos Humanos se transformen en la brújula que acompañe a la política en el proceso de cambio constitucional?

• Un verdadero compromiso con los Derechos Humanos que inaugure una nueva etapa política no puede dejar abierta la herida de las graves violaciones de DDHH ocurridas en la revuelta social. La política debe generar los mecanismos para determinar la verdad de lo ocurrido y de las causas institucionales y estructurales que nos llevaron a la crisis. Junto con ello, debe desarrollarse una política efectiva de reparación a las víctimas, que incorpore una dimensión social en un proceso de reparación colectivo. Ello supone renunciar a cualquier tipo de pacto explícito o implícito de impunidad.
• La nueva Constitución y el proceso de su elaboración nos dan la oportunidad de generar instancias de diálogo que permitan poner a los Derechos Humanos en el centro de la deliberación pública. En este sentido, la política debe brindar espacios para la apropiación popular del debate constitucional. Ello implica garantizar (i) la participación igualitaria en la esfera pública y, a la vez, (ii) fomentar el desarrollo de una pedagogía constitucional que dote a las(os) ciudadanas(os) y, en particular, a las nuevas generaciones, de herramientas para la impugnación pública. Estos elementos favorecerán el fortalecimiento de lazos de solidaridad y cohesión en torno a la idea de Derechos Humanos. Aquello es lo que nos permite soñar con la inauguración de una etapa de “patriotismo constitucional”  basado en DDHH.
• Se debe romper con el discurso que opone seguridad y orden público a protesta social y Derechos Humanos. La función de la autoridad pública frente a manifestaciones sociales debe realizarse desde un enfoque de protección civil, lo que implica garantizar la manifestación pública y restringir el uso de la fuerza bajo parámetros basados en la legalidad, necesidad y proporcionalidad. Además del discurso público y las políticas que se llevan a cabo a partir de ese discurso, en esta materia el desafío evidente es la erradicación de la militarización de la seguridad pública y la refundación de las policías bajo una lógica democrática y de control civil.
• Es esperable que se inaugure una política de nuevo trato con la comunidad internacional. Es imperativo dejar atrás el legado neosoberanista de Sebastián Piñera e iniciar una nueva etapa de relaciones con la comunidad internacional basada en el respeto al Derecho Internacional, la cooperación y la solidaridad. En el ámbito de los Derechos Humanos esto supone abandonar la lógica imperante en el discurso público de mirar con sospecha o recelo la intervención de organismos internacionales de supervisión, y asumir la perspectiva del diálogo que tiene como foco el fortalecimiento de la protección.
• La discriminación estructural que sufren importantes grupos de la población en Chile (migrantes, personas privadas de libertad, pueblos originarios) y particularmente las mujeres, no puede seguir siendo amparada o favorecida por políticas que desconozcan los elementos sociales y culturales que habilitan o justifican la opresión. Ello implica asumir políticas comprometidas con una visión sustantiva de la igualdad que tenga como objetivo la supresión de barreras u obstáculos que impiden el goce efectivo de los derechos y que recuperen la universalidad de los Derechos Humanos.
• Aunque el desarrollo de una nueva y mejor institucionalidad en materia de DDHH estará delimitada por las decisiones orgánicas que se adopten en el nuevo texto constitucional, ello no obsta a que exista una decisión política de dotación de recursos suficientes para que la actual y la nueva institucionalidad de Derechos Humanos funcione adecuadamente. No se pueden repetir experiencias como la de la implementación del Mecanismo nacional de prevención de la tortura.
• La forma en que se han planteado las demandas en torno a la dignidad en Chile da cuenta de una concepción de los Derechos Humanos que trasciende la idea de derechos subjetivos como inmunidades frente al poder, y pone sobre la mesa una visión relacional de los derechos, donde existe una interdependencia entre derechos civiles, sociales, ambientales y colectivos. La interdependencia obliga a las autoridades a superar la fragmentación individualizada que ha supuesto el trato de consumidores a las(os) ciudadanos(as), revitalizando los vínculos que invitan a pensar a los derechos como base para la emancipación social.

Los elementos enunciados no agotan en ningún caso los desafíos en materia de Derechos Humanos en Chile, pero son una exigencia política mínima que estamos en condiciones de demandar a nuestros gobernantes los próximos años en la implementación de la nueva Constitución. Si avanzamos en esta senda, podemos aspirar a iniciar una nueva etapa en que los DDHH en Chile sean efectivamente aquella “utopía realista” que promete ser la base de una sociedad que aspira a poner a la dignidad en el centro del pacto político.