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Estallido Social: Micco asegura que más de 3 mil denuncias sobre violaciones a los DD.HH. están paralizadas y pide más recursos para que la PDI pueda investigar

por 17 marzo, 2021

Estallido Social: Micco asegura que más de 3 mil denuncias sobre violaciones a los DD.HH. están paralizadas y pide más recursos para que la PDI pueda investigar
"El fiscal [Xavier] Armendáriz fue muy claro, no se está entregando la información a tiempo, dijo él. Acá el problema es el siguiente, porque el 90% de las querellas del Instituto, y eso es obvio, apuntan a Carabineros de Chile. Si son los mismos Carabineros de Chile los que tienen que hacer las investigaciones, se produce, de buena o mala fe, un problema evidente. De hecho, ya hemos tenido en el caso de Gustavo Gatica claramente destrucción o manipulación de la prueba. Eso ya se sabe", recordó el director del INDH.
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Este miércoles Sergio Micco, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), insistió en que el Estado está en deuda con las víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante el estallido social. El funcionario explicó en primer término que hay una notoria falta de recursos para que puedan concretarse las investigaciones de las 6.500 causas abiertas sobre hechos de este tipo.

"El Instituto constata, a partir del informe que entregó Ymay Ortiz, quien es la encargada de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, que de las 6.500 causas que estaban activas, hay 3.050 que por distintas razones no se está continuando la investigación", aseguró en conversación con el programa El Mostrador en La Clave.

El abogado explicó que este estancamiento se debe a que en muchos casos no existen las pruebas que puedan llegar a tiempo a la Fiscalía y de esa manera comenzar una investigación. "El fiscal [Xavier] Armendáriz fue muy claro, no se está entregando la información a tiempo, dijo él. Acá el problema es el siguiente, porque el 90% de las querellas del Instituto, y eso es obvio, apuntan a Carabineros de Chile. Si son los mismos Carabineros de Chile los que tienen que hacer las investigaciones, se produce, de buena o mala fe, un problema evidente. De hecho, ya hemos tenido en el caso de Gustavo Gatica claramente destrucción o manipulación de la prueba. Eso ya se sabe", recordó.

Micco aseguró que, en la repartición que encabeza, existe acuerdo en que la forma de avanzar en esclarecer los hechos tiene relación con entregar más recursos a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI y al Ministerio Público.

"La solución que propone el Instituto va en la línea de fortalecer la Brigada de Derechos Humanos de la PDI. Estamos hablando de 69 personas que solo actúan en Santiago y además están dedicadas buena parte de su tiempo a las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas antes del año 89. Nosotros, en enero de 2020, pedimos que se aumentara significativamente la brigada y que se extendiera a todo el país. La conclusión en el caso de Gustavo Gatica, de Fabiola Campillai, y ayer de Mario Acuña, es que las cosas se pueden hacer más rápido. Pero para eso hay que fortalecer la brigada, la Fiscalía y el Servicio Médico Legal, que colapsó con la pandemia. Es clave para efectos de la prueba, de si hubo tortura o no", precisó.

Paralelamente, el director del INDH afirmó que la paralización de las causas implica que el Estado no esté cumpliendo con su deber de prevenir, castigar y reparar violaciones a los DD.HH. y, por eso, es importante que los estamentos de la sociedad hagan una presión para que se concrete especialmente la justicia y la reparación a las víctimas.

"El Estado no está cumpliendo con sus deberes. Eso es gravísimo, porque estamos hablando de un Estado democrático de derecho. El Instituto forma parte de ese Estado. Nosotros somos una de las propuestas que hizo la comisión Rettig. Hay una institucionalidad que debiera funcionar para prevenir, investigar, castigar y reparar las violaciones a los Derechos Humanos (…). No lo estamos cumpliendo. Nosotros estamos poniendo toda la presión que podemos para avanzar en estas materias. El deber del Estado de Chile es poner todos los recursos para que se garantice el acceso al Poder Judicial. Donde el Estado puede avanzar muchísimo más rápido, en materia de reparación integral", concluyó.

 



 

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