Opinión
La sociedad chilena es una sociedad de masas, aunque las elites económicas y del poder sigan teniendo un peso desproporcionado, es la masa de la población la que debe tener la soberanía. El papel del Estado es asegurar la soberanía del pueblo sobre el poder político, no dejándolo al arbitrio del dinero. Eso es lo que el Estado chileno no ha hecho aún: equiparar la cancha para que la competencia política no dependa del dinero. Es un solo tema, la reforma del sistema de partidos para asegurar la pluralidad de competencia en igualdad de condiciones.
¿A quién le interesa la integridad electoral? En realidad a todos solo les interesa ganar. Las condiciones de competencia, la transparencia de la información, la capacidad de informar, la capacidad de los electores de “seleccionar” entre las opciones, la verdad es que no les interesan a muchas personas.
No le interesa al Servel en primer lugar, porque es un organismo que tiene estructura en el papel, pero no tiene presupuesto, ni dientes en la ley. Es una pantalla para dejar tranquilas las conciencias.
No les interesa ni les ha interesado a los ministerios, ministros, administraciones presentes y pasadas (Interior, Secretaría General de Gobierno y Secretaria General de la Presidencia, que son los instrumentos políticos del Gobierno).
No le interesa al Parlamento, ya que lo que más les preocupa a quienes ostentan el poder es poder volver a tenerlo y, mientras menos se meza la barca, menos cambios existen y menos posibilidades hay de perder el poder.
[cita tipo=»destaque»]Finalmente queda el Ejecutivo, el poder político que no parece haberse tomado el tiempo para evaluar el peso de lo que esta sucediendo. Con una exitosa campaña de vacunación y un mal resultado de control de pandemia, daría la impresión de que los incendios del día opacan las urgencias país, cual es solucionar la crisis de representación para que Chile pueda llegar al desarrollo. No es la primera vez que el Ejecutivo se centra en problemas puntuales, como puede ser el de la estatua de la Plaza Baquedano, dejando de lado temas como son la información sobre las 4 elecciones. Malas decisiones del Ejecutivo, de no informar bien, junto con no sopesar el costo de la pandemia en la participación electoral, pueden ser fatales en la legitimidad de la Convención Constitucional, en especial de la elección de mujeres.[/cita]
No le interesa tampoco al Presidente ni a ninguno de los mandatarios pasados, que tienen incendios más importantes que apagar, si se considera a la Presidencia como un centro de bomberos que lo que hace es apagar incendios.
El problema del sistema político es que no es un incendio y por eso no se soluciona. Cualesquiera sean las reglas, condiciones, calidad de la competencia, la torta del poder se distribuye con una elección. Hay ganadores y perdedores en el simple conteo de los votos. Cómo llegaron allí los votos no parece ser preocupación importante. Sin embargo, el estallido del 18 de octubre es también sobre el hecho de que eso se ha ignorado.
El resultado de todos estos hechos es que tenemos una crisis terminal del sistema de representación política. Porque no ha habido integridad electoral ni búsqueda de la integridad electoral en las elecciones chilenas, a partir del momento, hace más o menos 15 años, cuando empieza a caer de manera sostenida la participación electoral. Más aún, lo que hicieron, en cuanto a producir el registro automático y voto voluntario a partir de 2012, fue la profundización de la crisis, con una caída mayor de participación.
¿Cuál ha sido la política pública para enfrentar la crisis de representación? No existe una.
Hagamos una anatomía de la integridad electoral.
El padrón electoral chileno se basa no en la información del Registro Civil o un registro de direcciones de ciudadanos, sino en una gran parte en la información que ha dado el ciudadano cuando se inscribió en el registro hasta 2012. Luego, se reformó tal registro, haciéndolo automático, pero no se corrigieron los errores del ya existente y se le agregaron los errores de un registro automático con datos imperfectos. Resultado: el padrón tiene a los chilenos registrados para votar no en la comuna en que viven, lo que hace que mucha gente no vaya a votar porque le queda lejos del lugar de residencia, sino en la comuna donde se registraron o fueron automáticamente inscritos.
No existe, Chile no tiene un Registro de Direcciones Nacional que tenga la dirección donde vive el votante. Ese sería un punto de partida central para mejorar la participación electoral y, con ello, la representación de los elegidos. En esta elección hemos comprobado que en la Región Metropolitana los votantes de un distrito están dispersos hasta en 28 comunas de la región. Eso no solo dificulta el voto, sino que dificulta también la información del votante que debe mirar por candidatos que tienen propaganda en un distrito distinto de aquel en que vive. El elector termina confundido. La integridad del padrón electoral es esencial para la integridad de la elección. Tanto el elector como el candidato deben, tienen, que saber dónde viven para poder hacer campaña. Sin campaña no hay integridad electoral. Si los electores de un candidato están dispersos en 28 comunas, ¿cómo hace campaña? En primer lugar, no sabe cuáles son esas comunas. Las distorsiones que esto genera no son objeto ni siquiera de un comentario.
Todos los candidatos deben tener oportunidades de conseguir financiamiento. La disparidad de acceso al financiamiento de los candidatos pone en cuestión la igualdad de competencia. A ello se le agrega que los incumbentes tienen ventajas estructurales que deben ser eliminadas, para conseguir mejor igualdad de competencia. En una época de dispersión y pluralidad, el sistema político no puede basar el financiamiento en función del voto pasado solamente, debe tener un componente nuevo, como lo han mostrado las últimas elecciones desde 2009 en adelante. Los electores eligen a pesar de la disparidad de competencia, opciones “extramuros” del sistema político antiguo, pasado, dando poder a quienes antes eran desconocidos. El sistema electoral debe reconocer esa tendencia y adaptar su sistema de financiamiento de acuerdo a ello.
La integridad electoral consiste en que el financiamiento no sea lo que hace la diferencia entre ganar o perder. Cuando la elección se decide por el que consigue más financiamiento porque pudo informar más y mejor, entonces la crisis de representación perdura y corroe el sistema político, como lo hace en estos momentos.
En Chile existe la “franja electoral» que adolece de los mismos vicios que el financiamiento. La distribución del tiempo depende solamente del comportamiento pasado, sin componentes de cambio o de ampliación de la pluralidad. Chile ha pasado de tener 5 a 6 partidos políticos a tener cerca de 18 partidos/movimientos. Un sistema político atomizado debe reconocer esa diversidad, de tal manera de entregar iguales oportunidades de darse a conocer. La franja es una fuente de discriminación, donde no existen iguales derechos a darse a conocer, más bien lo que hace es mostrar la desigualdad electoral, la desigualdad de la competencia, la cristalización de la crisis de representación.
La franja fue creada en tiempos de dictadura para informar a un pueblo que no había votado nunca, que debía aprender qué era una elección informando todo a todos por igual. Hoy, la franja ni siquiera informa todo a todos por igual. Chile tiene que redefinir la manera de informar a los ciudadanos sobre una elección. La franja no informa, confunde.
Los medios de comunicación, dentro de todo, intentan dar oportunidades a todo tipo de candidato de todo tipo de origen. Su papel no es sustituir la propaganda electoral, tampoco es desbalancear la información tildándola para un solo lado o informar lo básico. No es papel de los medios sacar un spot sobre la fecha de la elección, las elecciones que tienen lugar, dónde encontrar información sobre ello. Es el Estado de Chile el que debería tener ese spot para estas elecciones de convencionales. Su transcendencia es tan importante como el plebiscito de 1988: se decide el futuro con los integrantes de la Convención Constitucional.
Pero los medios de comunicación no son ángeles, tienen editores, dueños y publicidad, que los guían en lo que pueden publicar. Los vetos de estos tres estamentos que dominan el contenido de los medios –dueños, editores, publicidad– tildan lo que se informa y los rostros que aparecen. Es precisamente por ello que el Estado debe ser el encargado de aplanar la cancha, informando a todos por igual. Especialmente en una elección de la envergadura de esta.
La sociedad chilena es una sociedad de masas, aunque las elites económicas y del poder sigan teniendo un peso desproporcionado, es la masa de la población la que debe tener la soberanía. El papel del Estado es asegurar la soberanía del pueblo sobre el poder político, no dejándolo al arbitrio del dinero. Eso es lo que el Estado chileno no ha hecho aún: equiparar la cancha para que la competencia política no dependa del dinero. Es un solo tema, la reforma del sistema de partidos para asegurar la pluralidad de competencia en igualdad de condiciones.
Finalmente queda el Ejecutivo, el poder político que no parece haberse tomado el tiempo para evaluar el peso de lo que esta sucediendo. Con una exitosa campaña de vacunación y un mal resultado de control de pandemia, daría la impresión de que los incendios del día opacan las urgencias país, cual es solucionar la crisis de representación para que Chile pueda llegar al desarrollo. No es la primera vez que el Ejecutivo se centra en problemas puntuales, como puede ser el de la estatua de la Plaza Baquedano, dejando de lado temas como son la información sobre las 4 elecciones. Malas decisiones del Ejecutivo, de no informar bien, junto con no sopesar el costo de la pandemia en la participación electoral, pueden ser fatales en la legitimidad de la Convención Constitucional, en especial de la elección de mujeres.
Para poder votar se necesita saber quiénes son candidatas, no solo en Las Condes, sino también en Tierra Amarilla o Pitrufquén.
La integridad electoral no es otra cosa que el balance de los elementos antes mencionados, de tal manera que las distintas opciones que existen en una sociedad, tengan posibilidad de expresarse y competir en igualdad de condiciones para el que el pueblo decida cuál quiere. El sistema político se corrompe cuando solo algunas opciones se presentan en la competencia, los electores se retiran, no participan cuando “sus” opciones no compiten, cuando compiten solo algunas opciones.
En este caso compiten independientes que no han tenido, no habrán tenido, las mismas oportunidades de igualdad de competencia. La integridad electoral de la campaña de los miembros de la Convención Constitucional es de baja calidad.
Las distorsiones instaladas, esbozadas en estas líneas, son algunas de las principales desigualdades de la competencia electoral que enfrenta Chile en 2021. A ello se le agregan las barreras que pone la pandemia.
Mientras todos los que tienen y compiten por el poder consideren que el voto de 50% de los chilenos es un triunfo, porque aumentó en 1% la participación electoral en el plebiscito pasado, seguirán los problemas del sistema político. A quién le interesa crear las condiciones para que voten todos, porque todos tienen algo que elegir y pueden hacerlo, porque hay igualdad de condiciones para competir. ¿Por qué? Porque eso significa perder poder, quedar al arbitrio de algo desconocido, que es la voluntad de todos los chilenos.
Correr las elecciones significa abordar todos estos temas.
Tener elecciones significa presentar opciones válidas a todos por igual. No presentar algunas opciones a algunos y ningunas a otros. La soberanía, la legitimidad del sistema político, dependen de ello.
