¿Hacia dónde va el debate constitucional?

Este fin de semana viviremos una de las elecciones más importantes de la historia republicana de nuestro país, la cual dará inicio a un nuevo ciclo político a través de la redacción de una nueva Constitución. Es por esto que durante los últimos meses la discusión se ha centrado en quiénes son los candidatos y las candidatas a la Convención Constitucional, sin profundizar en las diferentes propuestas y contenidos que se esperan promover en la Convención y que serán el centro del debate durante los próximos meses en el país.

El inciso 5º de la disposición transitoria vigésimo novena de la Constitución Política exigió a todas las candidaturas a convencional constituyente presentar un programa con las principales ideas o propuestas relativas al ejercicio de su función constituyente y desde el Observatorio Nueva Constitución hemos recogido las propuestas de las 1.468 candidaturas disponibles en la página web del Servicio Electoral (Servel). Realizamos un análisis de contenido de tipo semántico, que nos permitió agrupar todas las propuestas en grandes categorías y definir cuáles son los principales temas de discusión de cara a la instalación de la Convención Constitucional.

En total, se identificaron 31.942 propuestas a nivel nacional, donde las listas con presencia nacional tienen un mayor número de iniciativas, por su despliegue territorial y mayor número de candidaturas. Los ejes de análisis con mayor número de menciones corresponden a seis áreas: nuevos derechos, derechos sociales, valores y principios, régimen político, pueblos indígenas y modelo jurídico de Estado.

[cita tipo=»destaque»]En cuanto a la descentralización, al ser la que agrupa el mayor número de iniciativas, es posible destacar que se refiere a tres tipos: a) la descentralización política, que es aquella que apunta a un conjunto de reformas constitucionales y electorales destinadas a abrir nuevos espacios de representación subnacional, o a activar los que ya existían; b) la descentralización fiscal, que busca generar políticas destinadas a aumentar los ingresos o la autonomía fiscal de los gobiernos subnacionales; y c) la descentralización administrativa, que se enfoca en políticas que permiten transferir a los gobiernos subnacionales la administración y prestación de servicios sociales.[/cita]

En valores y principios, se identificaron 3.253 propuestas donde se destaca el principio democrático, ecológico y feminista, el valor de la dignidad humana, la igualdad, la probidad y transparencia, las finalidades del Estado (bien común, buen desarrollo y cumplimiento de los derechos) y soberanía (tanto en el ámbito de la protección de las fronteras y entendida como autonomía de los pueblos indígenas).

En el eje de régimen político, se identificaron 770 propuestas, las que se enfocan principalmente en semipresidencialismo, presidencialismo, separación poderes del Estado, parlamentarismo y democracia. En cuanto a las medidas concretas, se propone equilibrar los poderes entre Ejecutivo y Legislativo y, luego, la búsqueda de mecanismos y herramientas de cooperación entre los mismos.

En materia de derechos sociales y su protección, existe un total de 4.586 propuestas, las que se desagregaron de acuerdo a los derechos tradicionalmente catalogados como sociales: derechos de los(as) trabajadores(as) (huelga, negociación colectiva, libertad sindical, la idea de justa remuneración, la protección del trabajo, la titularidad sindical y negociación por rama), educación (dividido entre quienes expresan una preferencia por la libertad de enseñanza y autonomía de los padres versus el derecho a la educación social, gratuita y de calidad); salud (enfocada principalmente en garantizar el acceso a la salud y su carácter universal, fortaleciendo el sistema público de salud), seguridad social (reformas profundas para mejorar el sistema de pensiones existentes, ya sea a través de la eliminación de las AFP y su reemplazo por un sistema de reparto y solidarios o a través de la creación de una administradora pública de pensiones) y vivienda (incorporar la vivienda digna y adecuada como derecho en la Constitución, estableciendo su acceso y mínimos de habitabilidad). También se plantea la existencia de una cláusula general de reconocimiento constitucional y de protección de los derechos sociales.

En el eje temático de nuevos derechos se identificaron 6.704 propuestas, siendo el que tuvo más menciones. Las principales categorías en las que se agrupan las propuestas son: género y diversidad sexual, asociado a la equidad de género, derechos sexuales y reproductivos, protección de las diversidad sexual y disidencias, aborto, entre otras; Medio ambiente, que se vincula con el establecimiento de derechos de la naturaleza y protección del medio ambiente, con un enfoque ecológico con desarrollo sustentable y en donde se propone un cambio en la matriz energética del país; Recursos Naturales, donde el elemento central guarda relación con los recursos hídricos, lo que va desde establecer el derecho al agua o el agua como un bien nacional de uso público garantizado por el Estado.

Además, Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) con la mayoría de las propuestas vinculadas al reconocimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes y el establecimiento de un sistema de protección efectivo; Cultura, presentado como la necesidad de resguardar el derecho a la cultura, referido a la creación, el acceso y el incentivo al desarrollo cultural del país; Ciencia y Tecnología, que propone consagrar el desarrollo de la ciencia, el conocimiento y la investigación como un derecho en nuestro país con su respectiva institucionalidad y; Ciudadanía, que se relaciona con diversas áreas de interés ciudadano, en donde priman materias como el aseguramiento de la seguridad ciudadana, la creación de una defensoría de los ciudadanos y ciudadanas, derecho a una buena administración pública, entre otras.

En relación con los pueblos indígenas, se identificaron 1.893 propuestas. Estas se enfocan principalmente en la declaración o no de Chile como un Estado Plurinacional, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, su institucionalidad y mecanismos de participación, así como la existencia de escaños reservados en el Congreso Nacional; su autodeterminación y autonomía para organizarse, derechos culturales tales como el resguardo de su cultura, lengua y tradiciones; el respeto a sus derechos e igualdad de trato, la propiedad indígena y el uso de la tierra, recursos naturales y un Estado multicultural.

En cuanto al modelo jurídico del Estado, se identificaron 1.640 propuestas. Estas se enfocan principalmente en descentralización, con casi el 50% de las propuestas, seguido por tipo de Estado, regionalización, municipalidad, administración del Estado, principio de subsidiariedad y desarrollo.

En cuanto a la descentralización, al ser la que agrupa el mayor número de iniciativas, es posible destacar que se refiere a tres tipos: a) la descentralización política, que es aquella que apunta a un conjunto de reformas constitucionales y electorales destinadas a abrir nuevos espacios de representación subnacional, o a activar los que ya existían; b) la descentralización fiscal, que busca generar políticas destinadas a aumentar los ingresos o la autonomía fiscal de los gobiernos subnacionales; y c) la descentralización administrativa, que se enfoca en políticas que permiten transferir a los gobiernos subnacionales la administración y prestación de servicios sociales.

Sin duda, el ejercicio desarrollado por el equipo del Observatorio para la Nueva Constitución es una gran herramienta de sistematización de la oferta programática de las candidaturas a la Convención Constitucional, la cual tiene una doble funcionalidad. Por un lado, los contenidos ordenados y analizados de los programas permiten observar las posiciones, propuestas y omisiones de las candidaturas. Por otro lado, los contenidos sistematizados se configuran como una efectiva y potencial herramienta de accountability para con los convencionales y las convencionales que sean electos(as) para la redacción de una nueva Constitución.

Finalmente, las propuestas enunciadas dan cuenta de que Chile cambió, ya no es el mismo que el de hace 30 años. Otros son los temas que dominan la agenda política (género, pueblos indígenas, NNA, medio ambiente) y que marcarán la discusión en la Convención Constitucional y en las futuras elecciones de noviembre.