Tomando en consideración que el problema del cambio climático en Chile es agua, y no otra cosa, la directora política de Greenpeace enfatiza que la transparencia frente a eventuales conflictos de intereses de los convencionales constituyentes que serán elegidos entre hoy y mañana debe tener un estándar muy alto y no como pasa actualmente en el Parlamento, donde los legisladores tienen la facultad de inhabilitarse, siendo una decisión más que una obligación. «Yo espero que frente a la propiedad directa de derechos de agua se deben generar inhabilidades obligatorias». La abogada adelanta que se prevé una discusión muy intensa, no exenta de presiones, cuando se discuta que la priorización del agua deje de ser para la actividad económica y lo sea para las personas. «Imagínate que el comportamiento legislativo en esta materia ha sido la de parar las discusiones antes, incluso, que lleguen a la instancia de debate», tal como pasó -recuerda Josefina Correa- en enero de 2020, cuando la amplia mayoría del Senado rechazó la idea de legislar el proyecto de reforma constitucional que consagraba el agua como un bien de uso público.
