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La entidad fiscalizadora iniciará un procedimiento disciplinario, para determinar responsabilidades administrativas derivadas en cada uno de los hechos descritos en su informe. Al mismo tiempo, ordenó a la SMA realizar un catastro de la totalidad de las denuncias pendientes de atención, incluyendo aquellas que se encuentran en soporte papel en sus oficinas regionales, y elaborar un plan de acción para su tratamiento, con el correspondiente cronograma para la debida atención de cada denuncia, detallando el titular o la unidad fiscalizable de la que se trate. Todo lo anterior debe ser informado a la Contraloría en el plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del informe. Desde la SMA, el superintendente Cristóbal De La Maza acusó recibo y confirmó que «por mucho tiempo —y tal como indica el informe— en el periodo 2016-2019 la superintendencia mantuvo tiempos de tramitación de denuncias que van mas allá de lo razonable». [ACTUALIZADA]
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) se encuentra bajo la lupa de la Contraloría General de la República que cuestiona su desempeño, por no realizar gestiones ante un alto número de denuncias recibidas.
De acuerdo a un estudio elaborado por el ente contralor con fecha 8 de mayo —y que puede leer de manera integra al final de esta nota— se determinó que 2.508 denuncias, correspondientes al 44,2% de 4.671 ingresadas entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2019, no tuvieron asociada alguna de las gestiones que establece la Ley Orgánica de la SMA.
El escrito precisa que «no consta que la entidad haya ejecutado alguna actividad de fiscalización ambiental o iniciado un procedimiento sancionatorio, ni tampoco que haya ordenado su archivo por falta de mérito». Y apunta a las sedes de la Superintendencia en Valparaíso y O’Higgins, que cuentan «con un número indeterminado de denuncias ingresadas en los años 2013 al 2016 y que no fueron respondidas ni atendidas en su oportunidad”.
“Se evidenció que la SMA no ha establecido o incorporado dentro de sus gestiones internas un procedimiento o instructivo, así como otras medidas de control y gestión que permitan medir, controlar y alertar ante eventuales dilaciones en las etapas de la tramitación de las denuncias recibidas y que son atendidas por cada oficina regional”, añade Contraloría, ordenando a la SMA emitir un informe en el que detalle las medidas de gestión para uniformar el control en oficinas regionales en un plazo de 60 días hábiles.
El informe también revela que un analista de sistemas de la SMA y líder de Equipo de Desarrollo, Renzo Stanley Cotrozo, ha participado en la elaboración de requerimientos de personal externo, selección y contratación de servicios para el desarrollo y mantención de sistemas informáticos. En detalle, «entre las empresas que han contratado está Ingeniería Informática ‘Kibernum S.A., la cual prestó servicios entre septiembre de 2017 y enero de 2018. Al mismo tiempo, en su calidad de líder del equipo, le ha correspondido efectuar las validaciones de los productos de Kibernum, S.A. y controlar trabajos de profesionales de dicha empresa, sin que hubiere manifestado a su superior directo la concurrencia de una causal de abstención a este respecto”, consigna el documento.
Sobre este punto, otro de los problemas detectados es que la SMA realizó sucesivas adquisiciones para el desarrollo y mantención de sus sistemas informáticos, a la empresa Kibernum S.A. De esta forma, fragmentó las respectivas órdenes de compra en cada año calendario por un monto inferior a las 1.000 UTM, pudiendo hacer una gran compra.
En ese sentido, la Contraloría advirtió que la SMA “no contaba con la documentación y/o la relación y ubicación de esta, que permitiese acreditar la ejecución de las labores contratadas a la empresa Ingenieria Informática Kibernum S.A., tales como desarrollo y mantenciones informáticas, por la suma total de $ 258.347.530”.
El ente contralor concluye que la información proporcionada por la SMA “no permite acreditar la efectiva prestación del servicio contratado y pagado por la entidad, ya que las planillas Excel entregadas para acreditar las horas trabajadas por los profesionales informáticos no permiten identificar la fuente -origen- del dato de la marcación horaria y, con ello, verificar la trazabilidad de la misma”.
Según el informe, las contrataciones sin acreditación suman, en 2016, $ 33.404.716. Luego en 2017 subieron a $ 77.533.968. En 2018 llegaron a $ 97.857.865 y durante 2019 bajaron a $ 49.550.981.
Desde la SMA, el superintendente Cristóbal De La Maza acusó recibo y confirmó que «por mucho tiempo —y tal como indica el informe— en el periodo 2016-2019 la superintendencia mantuvo tiempos de tramitación de denuncias que van mas allá de lo razonable».
De la Maza contó que cuando asumió a fines de 2019 los tiempos de tramitación de denuncias alcanzaban los 300 días, en promedio.
«Además encontramos múltiples denuncias que se mantenían en formato físico, en oficinas regionales, sin ser tramitadas. Detrás de estas denuncias hay personas y entidades que confiaron en la autoridad y esta no les prestó el servicio como era su deber», agregó.
Para el superintendente se trata de un desafío para lograr «fortalecer nuestra institucionalidad» y, para ello, determinó la implementación de acciones para mejorar sus indicadores. Sin embargo, agregó que «todas estas acciones son insuficientes para abordar el volumen de denuncias que recibimos. Aquí necesitamos reforzar nuestra superintendencia desde el presupuesto».
«Si queremos mayor protección ambiental, no basta con más leyes y regulaciones. Requerimos poner foco en el cumplimiento normativo y para ello hay que incorporar mayor dotación en la SMA», cerró.
Informe de Contraloría sobre la SMA by El Mostrador on Scribd
