Monitoreo de la corrupción en cárceles: mercados informales y deslegitimación de la autoridad

La corrupción en las cárceles chilenas ha aumentado su visibilidad durante los últimos años. Esto ha instalado la sensación de que estamos impotentes ante a un iceberg frente al cual perdimos el control.

Lo corrupto es aquello cuyo efecto es subvertir el propósito de una institución; en este caso, debilitar la autoridad y convertir en negociable aquello que debiera estar garantizado. ¿Pero qué es lo que vuelve a un acto corrupto o en dónde se deposita la etiqueta de corrupción? Son cuestiones sumamente difíciles de zanjar.

La dificultad para aprehender la corrupción en el sistema penitenciario es mayor, pues en este se potencian el carácter hermético de las cárceles con la naturaleza opaca de la corrupción. Esto contribuye a que la opinión pública y las autoridades proyecten imaginariamente aquello que no se ve.

Más aún, cuando la falta de información se rellena con representaciones mediáticas que expanden indefinidamente sus contornos: tierra fértil para diagnósticos vaporosos y soluciones populistas.

Comprender cómo opera la corrupción en las cárceles, con rigor, es una condición necesaria para intervenirlas con la eficacia que requiere un problema público con el potencial de afectar el orden y seguridad.

Para ello, recientemente, en el Centro UC Justicia Sociedad, con el apoyo de Penal Reform International, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Mecanismo Nacional Contra la Tortura de Chile, generamos una guía de Monitoreo de Corrupción de Cárceles de Latinoamérica, instrumento que permite levantar de manera sistemática patrones y señales dispersas de corrupción y transformarlas en evidencia útil para gestionar su intervención.

La evidencia generada al aplicar este instrumento para el caso chileno muestra que la mayor visibilidad de la corrupción en nuestro país no obedece a cambios radicales en su manifestación, sino que más bien evidencia lo ciegos que estábamos ante ella.

Existen dos formas en que se expresa la corrupción en las cárceles chilenas.

Primero, la corrupción coercitiva, basada en la asimetría de poder (como las amenazas de castigos arbitrarios), la que a pesar de la gravedad de sus efectos aún se expresa de manera ocasional en nuestras cárceles, y no parece haber aumentado en los últimos años.

Segundo, la corrupción transaccional, considerablemente más frecuente y cotidiana, y que se basa en el desarrollo de prácticas mercantiles al interior de las cárceles (desde venta de alimentos o bienes, hasta las prestaciones de servicios, como el ingreso de drogas).

La corrupción transaccional transforma a las cárceles en un mercado informal de intercambios bilaterales entre internos y funcionarios, donde ambas partes participan porque el acuerdo les produce a todos un beneficio.

A pesar de ser la forma predominante de corrupción en Chile, esta dinámica no requiere de grandes estructuras criminales. Sin embargo, su expansión es señal de alerta pues la experiencia de otros países de Latinoamérica nos muestra que son justamente estas prácticas informales las que progresivamente erosionan la autoridad y habilitan espacios para la formación organizada del control criminal.

La corrupción transaccional incluye prácticas aparentemente menores, (como la del gendarme que acepta un cigarro de un interno), pero que son el inicio de un proceso gradual de involucramiento en estructuras de intercambio de favores que luego se hace difícil de revertir.

Una vez que un funcionario se involucra en una transacción, por menor que esta sea, queda expuesto a la amenaza de la denuncia por parte de los internos u otros colegas. Con la integridad comprometida al funcionario no le queda más que seguir participando de futuras transacciones que comprometen cada vez más la probidad.

El efecto principal de esta dinámica es una deslegitimación progresiva de su autoridad: en las cárceles los funcionarios suelen advertir quién entre sus pares está involucrado en actos de corrupción, pues las personas privadas de libertad dejan de respetar su autoridad o, bien, el propio funcionario no se atreve a ejercerla. Cuando esa deslegitimación ya no afecta a funcionarios en particular, sino que se vuelve sistémica, la autoridad se pone en entredicho y se generan vacíos institucionales, terreno que abre paso al control informal por parte de las organizaciones criminales.

Debido a su naturaleza, esta problemática requiere intervenciones que atiendan a las lógicas de mercado, apuntando a los incentivos y desincentivos. Una política que se limite a prohibir irreflexivamente los bienes al interior de las cárceles, sin atender a la demanda o necesidad subyacente solo puede traducirse en el alza de precios y la concentración de poder en quienes tienen mayor capacidad de pago y deteriorando las condiciones de vida de la población penal sin reducir significativamente la corrupción.

Por ello, una respuesta efectiva requiere intervenir tanto las oportunidades de ingreso como las condiciones que generan la demanda.

¿Cuáles son los factores que explican la demanda? Principalmente, las condiciones de subsistencia frente a la precariedad que viene acumulándose hace años en las cárceles de Latinoamérica. Hacinamiento, que presiona servicios esenciales y la capacidad de gestión. El desarraigo intensificado con los flujos migratorios que aumentan las barreras de apoyo y protección. Así como las brechas en la formación del personal penitenciario y en las capacidades institucionales que no han crecido al ritmo de estas transformaciones.

Todo esto facilita esta corrupción transaccional, al extender la necesidad de intermediaciones informales y producir incentivos para la compra y venta de distintas clases de bienes y servicios al interior de las cárceles.

Chile no enfrenta hoy una pérdida generalizada de control penitenciario comparable a la que se constata en otros países de America Latina, pero sí enfrenta una normalización de transacciones informales que erosionan la autoridad y pueden abrir espacios a formas organizadas de poder interno.

Reconocer las dinámicas de mercado que operan detrás de estos intercambios y la relación entre prácticas especificas con problemas estructurales, es indispensable para que las intervenciones no sean diseñadas en base a representaciones hipotéticas sobre la realidad carcelaria.

La guía aporta precisamente en ese punto, permite delimitar esta diversidad de prácticas que suelen aparecer fragmentadas y normalizadas. A partir de ello, se hace posible monitorearlas de manera sistemática y diseñar políticas que desincentiven el mercado que las sostiene.