Opinión
Para que nuestra futura Carta Magna sea plenamente democrática es preciso que los y las constituyentes dialoguen y establezcan acuerdos sobre lo imprescindible que es eliminar el capítulo especial que las Fuerzas Armadas y el Consejo de Seguridad Nacional tienen en la actual Constitución, borrar la Doctrina de Seguridad Nacional e, independientemente del sistema de gobierno que se acuerde, restituirle a la/el Presidenta(e) su mando en tiempos de paz y darle mayores atribuciones al Congreso en materia de control del Ejecutivo, en áreas de políticas de Defensa y Fuerzas Armadas. En la nueva distribución del poder que implicará la nueva Constitución, las FF.AA. deben volver a estar efectivamente subordinadas al poder civil, como cualquier otro servicio estatal, sin los espacios de autonomía corporativa que se autootorgaron hace cuarenta años.
De los temas claves que deberá abordar la Convención Constitucional, uno crucial será el de mantener o no a las Fuerzas Armadas como un poder del Estado con un capítulo especial dentro de la Constitución, sin subordinación efectiva al Ejecutivo y con un Congreso incapacitado para un control real sobre ellas.
A través de la Constitución de 1980, las FF.AA. se refundaron a sí mismas, instalándose como garantes de la institucionalidad, utilizando la Doctrina de Seguridad Nacional como ideología para asegurar su participación en ámbitos ajenos a su rol, asegurando su participación en el Congreso a través de los senadores designados, estableciendo la inamovilidad de los comandantes en Jefe, incorporándose al Consejo de Seguridad Nacional, y garantizándose una alta autonomía corporativa a través de su Ley Orgánica Constitucional, entre otras normas legales. La reforma constitucional de 2005 morigeró parte de esta anomalía antidemocrática, eliminando los senadores designados, la inamovilidad de los comandantes en Jefe, debilitando las atribuciones del Cosena y ampliando su composición. Sin embargo, su autonomía y poder corporativo quedaron básicamente intocados.
A más de cuarenta años de vigencia de la Constitución y ad portas de la discusión y elaboración de una nueva, ¿qué piensan sobre estas normas y qué proponen al respecto quienes nos representan en esta instancia constituyente?
Los programas de estas candidaturas publicados en la página del Servel sintetizaron formalmente sus visiones al respecto, independientemente de las opiniones que puedan haber vertido en otras instancias. De su análisis se observa que, de los 1.278 postulantes a la Convención, un 35% incorporó propuestas sobre las Fuerzas Armadas. Al interior de los pactos o alianzas hay diferencias entre partidos e independientes, como en el caso del PS –en la Lista del Apruebo– que no las menciona, salvo un constituyente electo independiente en la lista socialista. Tampoco lo hizo la UDI en la Lista Vamos Chile.
En cuanto a las candidaturas electas, solo un tercio incorpora propuestas sobre las FF.AA. Si bien las listas más votadas tienen diferentes planteamientos -entre eliminar el capítulo especial de las FF.AA., hasta mantenerlo– hay coincidencias en que estas deben estar sometidas al poder civil, ser no deliberantes, a la vez que profesionalizadas y jerarquizadas. Con todo, sus posiciones sobre la Doctrina de Seguridad Nacional son más diversas, mientras algunos plantean su eliminación –el PC, la Lista del Pueblo y la Asamblea Constituyente de Atacama–, otros –la Coordinadora Social de Magallanes, Insulares Independientes, Movimiento Independiente del Norte, Independientes de Tarapacá– la mencionan como un concepto necesario en la definición de los objetivos de las FF.AA. Por su parte, la Asamblea Popular Constituyente (D20) o el Regionalismo Ciudadano Independiente distinguen entre seguridad nacional externa y orden interno, debiéndose eliminar a las FF.AA. de este último.
Analizando coincidencias y divergencias al respecto, se observan obvias diferencias entre oficialismo y oposición. En la Lista del Pueblo, la con mayor número de candidaturas electas que incorporan propuestas sobre FF.AA., si bien se propone revisar la Doctrina de Seguridad Nacional, no se pronuncia respecto a mantener o no el capítulo especial sobre estas en la Constitución. Por su parte, en la Lista Apruebo Dignidad, como señalamos, el PC plantea que las FF.AA. no deben estar en la Constitución y que su organización debe ser regida por ley, proponen eliminar la noción de Seguridad Nacional, así como el rol de estas en los estados de excepción. En el caso del Frente Amplio, se recalca que las FF.AA. deben estar efectivamente subordinadas al poder civil, coincidiendo con el PC en que es necesario que su regulación sea legal y no constitucional. RD coincide con esta posición y añade que el mando supremo de las Fuerzas Armadas lo tiene el Presidente, tanto en tiempos de paz como en caso de crisis o de legítima defensa colectiva. Añaden la necesidad de eliminar el Consejo de Seguridad Nacional, el que las FF.AA. tengan el mismo sistema de previsión social que el resto, y que se limite su presupuesto, entre otras cosas.
En la Lista del Apruebo, el Partido Liberal establece la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil. El PPD está de acuerdo con mantenerlas en la Constitución, si bien plantea sacar al Cosena de ella y añade la necesidad de establecer los mecanismos de control interno y transparencia institucional.
En el ámbito oficialista, las listas de la derecha RN y Evópoli plantean posiciones diferentes sin innovar en materia constitucional. RN incluye a las FF.AA. como instituciones a las que se les debe garantizar autonomía constitucional, junto al Banco Central, Poder Judicial, entre otros. En el programa de RN-Instituto Libertad no se mencionan propuestas en esta materia y se incorpora la idea de recuperar el orgullo que sentían los chilenos por las Fuerzas Armadas. A diferencia de los anteriores, Evópoli propone que las FF.AA. deben ser no deliberantes y obedientes, profesionales, jerarquizadas, que deben mantener el respeto a los derechos humanos y proponen desconstitucionalizar el Cosena, añadiendo que se deben revisar sus funciones y atribuciones y reforzar las atribuciones del Presidente la República para remover a las máximas autoridades militares o policiales.
En cuanto a otras listas de independientes, que eligieron un solo constituyente, además de estar de acuerdo en la subordinación al poder civil y la no deliberación, destacan su rol en la seguridad nacional (Independientes por Tarapacá). La lista de Insulares Independientes plantea la dependencia orgánica de las FF.AA. al poder civil y de un órgano que las audite y fije criterios, radicados en el Ministerio de Defensa. Propone un escalafón único que garantice la no discriminación por clase y el reconocimiento permanente de criterios democráticos, de derechos humanos y de independencia de la contingencia política, respeto y cuidado a los intereses del país y su medioambiente en la norma constitucional. Su financiamiento dependería del Presupuesto Nacional discutido por el Congreso anualmente.
Por su parte, el constituyente de la lista Regionalismo Ciudadano Independiente coincide en que estas sean profesionales subordinadas al poder civil, no deliberantes y propone que quede expresamente establecido que ellas no pueden involucrarse en tareas de orden interno y que se debe limitar su participación en estados de excepción, estos sometidos a aprobación en el Congreso. La necesidad de reforzar la educación y el respeto por los DD.HH., es igualmente postulada por otras listas de independientes (Asamblea Popular Constituyente). La Coordinadora Social de Magallanes (D28) postula “la restructuración de las actuales Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, es decir, del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía de Investigaciones, generando una sola institución cuyo principio rector sea el respeto a los derechos humanos, y cuya función sea resguardar la seguridad nacional y la seguridad pública interior, pero siempre desde el servicio a las personas de nuestro país y desde el respeto de sus derechos”.
A partir de este somero análisis constatamos lo alentador de las coincidencias respecto a que las Fuerzas Armadas sean efectivamente dependientes del control civil, no deliberantes, profesionalizadas y jerarquizadas.
Para que nuestra futura Carta Magna sea plenamente democrática es preciso que los y las constituyentes dialoguen y establezcan acuerdos sobre lo imprescindible que es eliminar el capítulo especial que estas y el Consejo de Seguridad Nacional tienen en la actual Constitución, borrar la Doctrina de Seguridad Nacional e, independientemente del sistema de gobierno que se acuerde, restituirle a la/el Presidenta(e) su mando en tiempos de paz y darle mayores atribuciones al Congreso en materia de control del Ejecutivo en áreas de políticas de Defensa y Fuerzas Armadas. En la nueva distribución del poder que implicará la nueva Constitución, las FF.AA. deben volver a estar efectivamente subordinadas al poder civil, como cualquier otro servicio estatal, sin los espacios de autonomía corporativa que se autootorgaron hace cuarenta años.
Finalmente, para que el debate constitucional sea plenamente soberano, las instituciones armadas deberán permanecer estrictamente no deliberantes.
