Juego Limpio
El gran retiro: el hito de los primeros 100 días del Gobierno del Presidente Kast
Un informe de Fundación Chile Sustentable cuestionó los primeros 100 días del Gobierno en materia ambiental. El documento pone el foco en el retiro de 43 decretos desde Contraloría y advierte efectos sobre normas, áreas protegidas, biodiversidad y cambio climático.
Como se sabe, la primera gran señal ambiental del Gobierno del Presidente José Antonio Kast no fue un proyecto de ley ni una reforma institucional, sino una decisión administrativa: retirar de la Contraloría General de la República 43 decretos ambientales que estaban en proceso de toma de razón.
Para la Fundación Chile Sustentable, autora del informe “Primeros 100 días del Gobierno del Presidente José Antonio Kast: Evaluación de Desempeño Ambiental”, esa medida constituye el hecho más significativo del inicio de la administración y revela las prioridades que marcarán su gestión en esta materia.
Cabe recordar que entre los decretos retirados había normas de calidad del aire, normas de emisión, planes de descontaminación, reglamentos para implementar el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), instrumentos asociados a la Ley Marco de Cambio Climático y decretos destinados a crear nuevas áreas protegidas y resguardar salares.
- El informe sostiene que la decisión genera incertidumbre sobre la continuidad de la institucionalidad ambiental chilena.
La evaluación también pone el foco en la agenda legislativa impulsada por el Ejecutivo. Según el documento, las iniciativas para modificar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), reformar la institucionalidad ambiental y revisar aspectos de la implementación del SBAP apuntan a reducir tiempos de tramitación y flexibilizar procesos regulatorios, aunque advierte que esos cambios podrían afectar mecanismos de participación ciudadana, fiscalización y acceso a la justicia ambiental.
Otro aspecto destacado por la fundación es que buena parte de las normas retiradas no eran iniciativas recientes, sino el resultado de largos procesos técnicos y consultas públicas que involucraron durante años a distintas administraciones y diversos organismos del Estado, especialistas, comunidades y organizaciones sociales.
Desde esa perspectiva, el informe plantea que la paralización de estos instrumentos no solo posterga su entrada en vigencia, sino que también debilita la continuidad de políticas ambientales consideradas estratégicas para enfrentar la contaminación, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
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