Opinión
Se debe elaborar una agenda de seguridad y DD.HH. que ponga la dignidad de la persona al centro por sobre la obsesión de la propiedad privada y el orden, que sea un propulsor de igualdad más que de desigualdad y que tenga la capacidad de actuar con fuerza, proporcionalidad e inteligencia contra la criminalidad, respetando tanto el derecho a la protesta como el resto de los derechos humanos. Tenemos la responsabilidad ética, política y social de restaurar cabalmente el imperio de los DD.HH. en este país.
Lamentablemente, las violaciones de derechos humanos ocurren periódicamente en Chile como en gran parte de las naciones. En general, se trata de casos que por razones de cantidad o naturaleza de las víctimas no logran cobertura ni menos atención pública. Esto ocurre a diario en recintos como las cárceles, el Sename, pasando por el diario vivir en una multiplicidad de territorios, a puertas cerradas, en pasos fronterizos y hasta en territorios indígenas. Unos casos son puntuales, mientras que otros se arrastran y repiten por décadas.
Sin embargo, las violaciones de los derechos humanos que se cometieron por agentes del Estado durante el estallido social se tomaron la atención pública, particularmente debido a su violencia, brutalidad y masividad. Esto se profundizó además con los casos de privación de libertad injustificadamente larga por hechos realizados en ese contexto. El escenario no solo es doloroso, sino que además requiere de una atención y acción urgentes que no han ocurrido.
Desde octubre de 2019 hasta marzo del presente año, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), se han ingresado más de 4 mil acciones judiciales al respecto. De ellas, 3.798 corresponden a querellas. En paralelo, el Ministerio Público da cuenta, a inicios de enero, de un total de 8.581 casos, de los cuales 3.479 se mantienen vigentes y 5.102 ya han sido terminados. El grueso de las investigaciones abiertas por este último no han sido de oficio y ha omitido la recolección de pruebas en la escena del crimen, destacando además la alta manipulación y distorsión de pruebas por parte de las policías involucradas, generando grandes dificultades. Es evidencia de que se está expandiendo la impunidad el hecho de que solo haya existido una sentencia definitiva condenatoria en estos casos, por medio de un juicio abreviado, en la cual el Carabinero Juan Gabriel Maulén fue condenado por homicidio frustrado a una pena de 5 años de libertad vigilada.
En este contexto, miles de detenciones por hechos ocurridos durante el estallido han terminado en una prolongada privación de libertad. De acuerdo a Gendarmería, a fines del 2020 había 227 personas privadas de libertad por causas asociadas a la crisis social iniciada el 18/O. De ellas, 53 corresponderían a condenados(as) y 174 a imputados(as).
Las violaciones de DD.HH. a manos del Estado fueron principalmente de Carabineros de Chile. La policía uniformada, y no obstante que la misma institución lo niegue, sigue pasando por la crisis más profunda desde el retorno de la democracia. A pesar de los cambios en el alto mando y la estrategia comunicacional de la institución que busca de forma permanente instalar la idea que se están haciendo cambios relevantes, la realidad es que el proceso de profunda reforma nunca se inició y los cambios profundos necesarios están lejos de ocurrir.
Con todo, hay cifras que nos ayudan a obtener una radiografía de la crisis que vive la institución. De acuerdo al estudio mensual del Monitor de Seguridad de Chile 21, se evidencia por ya cerca de un año una pérdida sostenida de la confianza y de la legitimidad policial. Al mes de abril del 2021, el 62% de las personas reprobaba el actuar de Carabineros, mientras que el 75% aseguraba que discriminaban según clase social. Ya ha pasado cerca de un año y medio desde que se anunció la Comisión por la Reforma y siete meses desde que se anunció la Unidad Coordinadora para la Reforma, pero dicha reforma como tal simplemente no existe.
Tampoco podemos olvidar el grado de vulnerabilidad permanente que viven los pueblos originarios frente a la violencia institucional desproporcionada. El trato es dispar y, frente a la nula agenda política para los pueblos originarios, la propuesta oficialista ha sido el refuerzo de la presencia de una policía –ahora apoyada por los militares– que nunca ha modificado sus prácticas. La militarización del territorio mapuche se ha incrementado gracias al abuso del estado de excepcionalidad constitucional por parte del Gobierno.
Es evidente que estas líneas quedan cortas para graficar la situación actual de los DD.HH. en nuestro país. Desde la violencia de género, pasando por las crisis migratorias, los actos de discriminación y odio, hasta la situación de los vecinos en los territorios tomados por el narco, abundan los ejemplos que requieren atención inmediata. Algunos son:
1.- Respecto a las causas por violaciones de DD.HH.: Si bien el Ministerio Público ha anunciado un plan que permitirá revisar los criterios aplicados en las causas archivadas y en las que se decidió no perseverar, este proceso se debe iniciar inmediatamente. No ha sido la Fiscalía sino el INDH el principal impulsor hasta ahora. Urge presión y demanda política para una acción de Estado que genere un esfuerzo nacional para examinar las causas y recibir todas las denuncias por violaciones de los derechos humanos, instalando un proceso de verdad, justicia y reparación, e incluyendo el examen de la responsabilidad de los mandos, camino que ya ha sido señalado incluso por la Contraloría.
2.- Respecto a las personas privadas de libertad: Hasta el día de hoy no se ha concretado ninguna iniciativa especial para sustituir, en medio de una aguda pandemia, la privación de libertad de las personas por hechos sucedidos en el contexto del estallido. Ello debería tener la máxima urgencia. Adicionalmente, la sociedad debe hacerse la pregunta sobre la posibilidad de medidas de justicia transicional respecto a quienes ya han sido condenados, para restaurar la paz social en medio del proceso constituyente.
3.- Respecto a Carabineros de Chile: Urge la decisión política de iniciar una verdadera transformación y poner fin a la estrategia mediática que busca instalar que están ocurriendo los cambios que se requieren. Solo el Ejecutivo puede dar inicio a este proceso, permitiendo los cambios normativos que posibiliten las transformaciones necesarias, fortaleciendo la subordinación civil, sustituyendo la doctrina misma, la instrucción y los protocolos. Todo, bajo el entendido de que lo que se necesitan no son meros cambios administrativos, sino un cambio en la normativa y la cultura de la institución. Respecto a la formación en DD.HH., debe ser un verdadero entrenamiento permanente impartido por instituciones externas, evaluada y centrada en procesos basados en experiencias y no meras abstracciones académicas. En lo inmediato, urge una intervención civil que permita al menos garantizar los cambios necesarios en la práctica policial y su relación con la ciudadanía. La ciudadanía debe ser involucrada en el monitoreo y evaluación de la gestión policial.
4.- Respecto a los pueblos originarios: La política del enemigo interno no resiste más y se requiere una propuesta de diálogo –parlamentos se llamaron hace 200 años– con el Pueblo Mapuche. La seguridad debe construirse como un bien público del que todos formamos parte y ello significa incluir al Pueblo Mapuche en el monitoreo y evaluación de la acción policial. En conjunto con la voluntad política para lograr acuerdos constructivos genuinamente plurinacionales entre el Estado en sus diversos niveles y los Pueblos Originarios, podremos comenzar a salir desde el túnel de un conflicto intratable hacia una profundización de la democracia.
No podemos en ningún momento ni en ningún espacio renunciar ni omitirnos de abordar la grave crisis de DD.HH. que ha vivido el país en el marco del estallido social.
En particular, será crucial el rol de control democrático que pueda asumir la hoy amplia oposición en la protección de los derechos humanos. Por ahora no ha tenido un protagonismo para exigir ni el cambio en las instituciones encargadas de la seguridad pública ni para proponer una nueva relación con los Pueblos Originarios. Hay que recordar, también, que deben hacerse valer las responsabilidades, que no se agotan en los altos mandos policiales, sino que llegan hasta la autoridad política, y que no se reducen solo a las acciones, sino que incluyen también las omisiones
Necesitamos un nuevo entendimiento que, en primer lugar, prescinda de la aprobación de leyes de populismo penal, guarde la mano dura y busque un diálogo en lugar de la militarización en la Macrozona Sur. Acto seguido, se debe elaborar una agenda de seguridad y DD.HH. que ponga la dignidad de la persona al centro por sobre la obsesión de la propiedad privada y el orden, que sea un propulsor de igualdad más que de desigualdad y que tenga la capacidad de actuar con fuerza, proporcionalidad e inteligencia contra la criminalidad, respetando tanto el derecho a la protesta como el resto de los derechos humanos.
Tenemos la responsabilidad ética, política y social de restaurar cabalmente el imperio de los derechos humanos en este país.
