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Narcotráfico y elecciones

por 1 junio, 2021

Narcotráfico y elecciones
El alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, a pesar de ser investigado por su vínculo con el narcotráfico, logró ganar en las urnas, aunque esta vez por una votación menor a la alcanzada en 2016. Y pese a su triunfo, no todo lo que viene es miel sobre hojuelas para el jefe comunal, ya que, a petición de la Fiscalía, se adelantó su formalización para el 21 de junio –justo una semana antes de asumir su nuevo periodo–, por los cargos de supuesto enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de activos. A esto se suma la impugnación que realizaron, ante el Tribunal Electoral Regional Metropolitano, cuatro excandidatos a la alcaldía y 12 excandidatos a concejales de esa comuna, acusando presuntas irregularidades en el proceso, como falta de sellos en las urnas, intervención de votos, exceso de voto asistido, cortes de luz durante el conteo y la dificultad que se puso a la presencia de apoderados de otras candidaturas. De hecho, el requerimiento fue declarado admisible para anular la elección del alcalde y concejales.
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Muchas fueron las sorpresas que dejaron los resultados de las últimas elecciones: baja participación en relación con el plebiscito, un importante número de independientes electos, figuras emblemáticas que deberán dejar sus cargos, partidos políticos en crisis, alianzas frustradas de cara a las presidenciales, candidatos que se dieron de baja, y muchos otros efectos que los expertos recién comienzan a analizar.

Los chilenos vimos expectantes cómo cada voto importó, ya sea en definir estrechas contiendas o bien porque la paridad movió el naipe. Así, esta nueva realidad podría dar un portazo a la típica frase “para qué voy a votar si siempre salen los mismos”, ya que, salvo excepciones, ocurrió todo lo contrario. 

Sin embargo, una de esas excepciones fue la reelección del alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, quien, a pesar de ser investigado por su vínculo con el narcotráfico, logró ganar en las urnas, aunque esta vez por una votación menor a la alcanzada en 2016.

Y, pese a su triunfo, no todo lo que viene es miel sobre hojuelas para el jefe comunal, ya que, a petición de la Fiscalía, se adelantó su formalización para el 21 de junio –justo una semana antes de asumir su nuevo periodo–, por los cargos de supuesto enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de activos. A esto se suma la impugnación que realizaron, ante el Tribunal Electoral Regional Metropolitano, cuatro excandidatos a la alcaldía y 12 excandidatos a concejales de esa comuna, acusando presuntas irregularidades en el proceso, como falta de sellos en las urnas, intervención de votos, exceso de voto asistido, cortes de luz durante el conteo y la dificultad que se puso a la presencia de apoderados de otras candidaturas. De hecho, el requerimiento fue declarado admisible para anular la elección del alcalde y concejales.

Si bien la justicia tiene la última palabra, no es una buena noticia que un candidato acusado de irregularidades y vínculos con el narcotráfico resulte electo cuando se encuentra en proceso de investigación. Es más, resulta inexplicable que tuviera la posibilidad de ser candidato.

El narcotráfico es una de las grandes preocupaciones hoy en día y su avance comienza a percibirse. Se han naturalizado los fuegos artificiales anunciando la llegada de la droga, los funerales narcos escoltados por carabineros, las amenazas entre grupos por redes sociales e incluso conocer con regularidad megaoperativos para detener la acción de bandas. 

En una reciente entrevista, el experto en narcotráfico, Eduardo Gómez del Campo, dijo que “Chile hoy se encuentra en una situación similar a la de México en los 90, cuando aún las policías no habían sido anuladas por el crimen organizado”, y que en esta lucha es clave contar con instituciones públicas sólidas y funcionarios intachables, pues aún estaríamos a tiempo de frenar el avance del narcotráfico. 

Y como el narcotráfico va de la mano con el lavado de activos, no resulta lejano que empresas que no tengan “malas intenciones”, se vean involucradas en el crimen organizado. Esto porque, como lo señaló el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), las personas jurídicas han servido como medio para llevar a cabo actividades ilícitas. En este contexto, es imperante dar urgencia a temas que avanzan a paso lento, como es la creación de un registro de beneficiarios finales de personas jurídicas, que permitirá identificar a los dueños finales de las empresas, especialmente ante complejas sociedades o compañías conformadas por muchas firmas distintas, pero que cuentan con un mismo controlador.

Lo anterior, no solo ayudará a que empresas no se vean involucradas –de manera voluntaria o involuntaria– en el crimen organizado, sino que facilitará el trabajo de organismos como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) o la Fiscalía Nacional Económica (FNE), en la detección de corrupción y fraudes. Asimismo, permitirá tener un mejor control y mayor información de los proveedores tanto de organismos públicos como privados, así como de empresas que reciben subsidios, exenciones tributarias y otros beneficios fiscales.

En junio de 2020, el Presidente Piñera anunció un proyecto que endurece las sanciones contra el narcotráfico, el cual ha tenido avances en el Congreso y se encuentra con discusión inmediata. Y, si bien no es la solución para acabar con el problema, se hace cargo de algunos puntos importantes, como la enajenación de bienes, el fortalecimiento del Senda o el aumento el rol de la UAF sobre automotoras. Nos encontramos en un punto de inflexión y es importante no dejar de lado este tema por la contingencia. 

La ciudadanía debe ser consciente de su poder de exigir rendición de cuentas a sus representantes, evitando así la concentración de poder y un terreno fértil para la corrupción.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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