Antártica y política exterior: pasos de borracho

La pérdida de rumbo que refleja nuestra política exterior, o bien la ausencia de tal, tiene a nuestro país dando pasos de “borracho”, esto es, un paso para adelante y un paso para atrás. Tal es el caso de la manera en que nuestro país está enfrentando el tema de la Antártica. En todo caso, los desafíos que presenta el Continente Blanco para nuestra política exterior no pueden abordarse de manera aislada, sino que de manera integral con otros fenómenos geopolíticos que están ocurriendo en el océano austral. La importancia del tema de la integración territorial y la soberanía chilena en el Mar Austral y el territorio chileno antártico, demandan una estrategia global.

La pasividad y la improvisación con que han actuado nuestras autoridades ante las pretensiones argentinas de extender unilateralmente la plataforma continental en el Mar Austral y la Antártica, solo hablan de la escasa prioridad que tiene este tema para nuestra política exterior. No olvidemos que los gobiernos argentinos vienen planificando e implementando –hace décadas– una estrategia para extender su plataforma continental más allá de las 200 millas, afectando con ello los intereses marítimos y antárticos chilenos, ante el actuar errático de nuestras autoridades. Las pruebas están a la vista. Mientras Argentina avanzaba hábilmente, a partir del año 2009, con todos los pasos necesarios para formalizar esta arremetida en el Mar Austral y la Antártica, ante los organismos competentes de la ONU, incluyendo los estudios técnicos, oceanográficos, batimétricos, entre otros, nuestro país hacía lo mismo pero ¡en Isla Pascua!, donde nadie disputaría ese territorio marítimo, descuidando por completo el Mar Austral.

La llegada del entonces canciller Teodoro Ribera imprimió un nuevo sello a la gestión de nuestras autoridades, relevando la prioridad que este sensible tema tiene para nuestro país y la importancia de pasar de la reacción a la acción. Junto con hacer el trabajo necesario –de carácter multidisciplinario– para retomar rápidamente el ritmo perdido durante más de una década, el excanciller logró terminar la tramitación de un proyecto largamente anhelado por los chilenos: el nuevo Estatuto Chileno Antártico, afianzando la protección y fortalecimiento de los derechos soberanos antárticos de Chile, con claros fundamentos geográficos, históricos, diplomáticos y jurídicos. Junto con ratificar la soberanía chilena, reiterando la delimitación realizada en 1940 por el Presidente Pedro Aguirre Cerda y los esfuerzos del Presidente Gabriel González Videla por ejercer –a partir de 1947– actos de soberanía en el continente antártico, el nuevo texto legal se preocupa especialmente por incorporar, actualizar y extender la soberanía chilena sobre todos los espacios marítimos que le correspondan en conformidad con el Derecho Internacional. Así, nuestra política exterior daba un paso para adelante, reafirmando su tradición histórica de establecer, reconocer y defender el territorio antártico chileno como propio.

Sin embargo, olvidando que tenemos asuntos limítrofes pendientes con Argentina en el Mar Austral, las actuales autoridades han decidido continuar con la propuesta de acoger la Península Antártica a la categoría de Área Marina Protegida (AMP) en forma conjunta entre ambos países. Este proyecto, que se busca concretar en octubre próximo, viene trabajándose desde el año 2012, es decir, con pleno conocimiento de las pretensiones argentinas en el Mar Austral y la Antártica, lo que resulta algo bastante cuestionable e inaudito. Junto con dejar en evidencia las contradicciones de nuestra errática política exterior, esta propuesta de AMP en el océano austral, implica retomar un camino altamente inconveniente para los intereses soberanos chilenos en la zona, como es la internacionalización y la universalidad de la Antártica. Es decir, renunciar a los derechos chilenos en favor de la comunidad internacional. En esta ocasión, nuestra política exterior da un paso para atrás en la defensa de la soberanía chilena en el territorio antártico, poniendo una señal de alerta sobre los efectos o alcances de tal medida en el futuro reconocimiento de aquel territorio como chileno.

Es el momento de dejar atrás el buenísimo en nuestras relaciones exteriores y de retomar el liderazgo natural e indiscutido de Chile en el territorio antártico, considerando nuestra amplia experiencia acumulada en asuntos antárticos por muchos decenios, para ponerla al servicio de los intereses superiores y permanentes del país. Tal como lo indicó el Presidente Piñera en el acto de promulgación del Estatuto Chileno Antártico, este instrumento “se adecua no solo a las necesidades del presente sino que también a los desafíos del futuro, protegiendo y fortaleciendo nuestros derechos soberanos y, al mismo tiempo, incluyendo la plataforma continental, con claros fundamentos geográficos, históricos y jurídicos”. Es de esperar que la promulgación del referido Estatuto no termine siendo en vano o termine sucumbiendo en las gélidas aguas del océano austral, sea por excesiva ingenuidad, benevolencia o tolerancia de nuestras autoridades.

Nuestro país merece tomar este asunto con mayor seriedad y responsabilidad. ¿Estamos realmente protegiendo y fortaleciendo nuestros derechos soberanos en el Continente Blanco al impulsar una AMP en la Península Antártica en conjunto con Argentina? ¿Estamos anteponiendo, a través de la AMP, el camino de la internacionalización y la universalidad de la Antártica, por sobre la defensa de nuestros derechos soberanos, poniendo en riesgo un futuro reconocimiento como territorio chileno? Me temo que las respuestas a esas interrogantes nos pueden causar más de un dolor de cabeza en un futuro no muy lejano.