Daniel Jadue y la libertad de prensa

La libertad de prensa es un derecho humano esencial para la plena vigencia del conjunto de los otros derechos humanos, y es algo indispensable para su efectiva protección en una democracia. En junio de 2011, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió una Observación General, vigente hasta hoy, para reafirmar su significado. En ella insistió en la importancia central de la libertad de expresión para todos los derechos humanos, estableciendo parámetros muy estrictos para su eventual restricción por los Estados.

Al analizar la propuesta programática presidencial del candidato comunista Daniel Jadue sobre una Ley de Medios, aun cuando ha señalado que ella no es definitiva (luego de las críticas recibidas), y no obstante que –de manera constante pero confusa– cita los derechos humanos y los derechos del pueblo, se aprecia una fuerte tendencia estatista sobre la propiedad y la existencia de los medios y sus criterios editoriales, con débiles o genéricos argumentos sobre la libertad de expresión y de información, y poca convicción sobre la garantía de pluralidad propia de una sociedad democrática.  

En el capítulo “Derecho a la Comunicación y medios” de su programa (Bases Programáticas, pág. 100 y siguientes) puede leerse: “La herencia de la dictadura  y la nula acción de los gobiernos democráticos permitieron sostener un modelo de comunicación privatizado que… sobrerrepresenta intereses de los sectores hegemónicos”. Y agrega que la principal traba es el artículo 19, N°12, que “permite la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio”, desconociéndose el derecho de la población –dice– “a comunicar y recibir información oportuna, diversa y veraz”. Agrega que no se regula al sector privado, y menciona a El Mercurio y Copesa, así como a grupos empresariales de radio y TV, proponiendo un giro único empresarial. 

Hasta aquí, para el programa presidencial comentado, la libertad de opinión e información sin censura previa es un problema, al igual que la libertad de medios. Para fundamentar sus dichos habla de “el derecho colectivo” a la “veracidad” y la “diversidad” y la “memoria”, sin referencia a definiciones más concretas.

Luego propone crear un medio público, reformando la ley de TVN, crear un software libre que garantice soberanía tecnológica (sic), sentar las bases de una Plataforma o Sistema de Medios Públicos, una Ley Orgánica de Comunicación que fomente dos sectores, uno público fortalecido y uno social sin fines de lucro y con apoyo público, y que regule al tercer sector, el privado, particularmente en materia de su estructura de propiedad. Vinculada a estas acciones podría operar una “comisión ciudadana” electiva o designada por autoridades del Estado, para revisar las concesiones públicas en materia de medios de comunicación, con capacidad para derogarlas.

Es decir, para el programa de gobierno de Daniel Jadue la libertad de expresión se resuelve con medios públicos, léase poder político estatal constituido, y con medios sociales satelizados por el poder público, y con una ultrarregulación de medios independientes privados.

Al analizar esta propuesta, no se puede omitir su militancia política. Es evidente que, al igual que a su partido, el PC chileno, al candidato le resulta incómodo aceptar los desarrollos teóricos y prácticos de la renovación comunista en Europa, que llevó a los PC de Italia y de España, entre otros –aun antes de la caída de la URSS– a revalorizar profundamente la democracia representativa y liberal, que permite y ampara un régimen amplio de libertades a los ciudadanos y ciudadanas. 

El hacerlo solo como una opción táctica –para actuar en democracia– impide valorar realmente derechos individuales inalienables, producto del desarrollo de las sociedades libres, y se orienta a diseñar estrategias y metalenguajes políticos que enmascaren el pensamiento único y la voluntad de control estatista de los ciudadanos.

La referencia a la obligatoriedad de un medio de orientar su línea editorial en el sentido que desea el poder político, adhiere a la idea instrumental de las elites dominantes y las autocracias. Para un poder autocrático, la libertad de prensa, información y expresión, sobre todo manifestada de manera libre, constituye conspiración en contra del poder político y solo merece represión o censura. Ejemplos hay cientos en estos momentos en todo el mundo, especialmente Centroamérica y Sudamérica.

Lo único que tiene masivamente un país para controlar al poder es su prensa independiente y su libertad de expresión. Eso no existe en las autocracias, donde las primeras víctimas siempre son los medios y sus periodistas. El deber del poder es auspiciar y ampliar la “Plaza Pública”, fomentando el surgimiento de los medios y sosteniéndolos sin discriminación; no cercarla, o restringirla con amenazas. Los Estados deben poner en práctica medidas efectivas para proteger a “quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión frente a los ataques que buscan silenciarlos”, sostiene el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Esa es una postura programática.

En Chile es evidente que tenemos –desde la dictadura– falencias en libertad de expresión, como la excesiva concentración de medios en pocas manos, y la integración vertical y horizontal de los mismos, pero para la solución de estos problemas no puede ser peor el remedio que la enfermedad.