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Las urgencias del ministro de Justicia Hernán Larraín

por 29 julio, 2021

Las urgencias del ministro de Justicia Hernán Larraín

Crédito: Aton

No se trata de un proyecto sobre Notarios y Conservadores, sino algo mucho más amplio, y que abarca todo el derecho registral vigente en el país, creando miles de nuevos funcionarios como ministros de fe pública, creando un nuevo repositorio  de poderes a cargo del Registro Civil, y que no considera los impactos que todo ello generará sobre el derecho registral de aguas. La percepción que queda es que se trata de un proyecto muy amplio y misceláneo, con muchas aristas, que busca -antes que nada- enhebrar hilos de un enorme negocio digital (en beneficio de no se sabe de quiénes). Las insistentes urgencias que le ha puesto el Gobierno se orientan a dejar sentadas las bases del lucrativo nuevo sistema antes del cambio de mando.
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El ministro de Justicia y Derechos Humanos Hernán Larraín ha  protestado públicamente contra el Senado por lo que considera un “retardo injustificado” de su proyecto sobre  reformas a la designación de Notarios y Conservadores. Lo que el Ministro omite decir es que, a juicio de un número significativo de parlamentarios, se trata de un proyecto con mala fundamentación técnica, lleno de ambigüedades, sin financiamiento adecuado y sin que sea claro el objetivo de fondo que persigue el Gobierno.

En lo fundamental, señalan en el Congreso, no es un proyecto sobre Notarios y Conservadores, sino algo mucho más amplio, que abarca todo el derecho registral vigente en el país, crea miles de nuevos funcionarios como ministros de fe pública, crea un nuevo repositorio  de poderes a cargo del Registro Civil, y no considera los impactos que todo ello genera sobre el derecho registral de aguas, que deberá tener una detallada discusión en la Convención Constituyente. Todo el tema, sostienen en el Senado, compromete seriamente el interés nacional en materia de registro patrimonial inmobiliario del país,  de la seguridad en la manifestación de fe pública  tanto en el sistema financiero como de comercio, además de incertidumbres en registros de la propiedad fiscal y de recursos naturales como aguas y minería.

La percepción que existe es que se trata de un proyecto muy amplio y misceláneo, con muchas aristas, que busca enhebrar hilos de un enorme negocio digital (en beneficio de no se sabe quiénes), que inevitablemente se generará con su aprobación, en las condiciones que pretende el gobierno,  cuyas insistentes urgencias se orientaría a dejar sentadas las bases del mismo antes del cambio de mando.

Temas como los repositorios digitales, las certificaciones de firma electrónica, la plataforma de servicios en línea para registro patrimonial y otros, se vinculan, además, a varias licitaciones en marcha, entre ellas de las del Registro Civil y del Poder Judicial. El cálculo de inversión y de posibles negocios, todos vinculados a la industria digital, son de enorme envergadura y aún de difícil cálculo, debido a los atrasos que experimenta el país en la materia.

El país carece de una base digital que permita poner los diversos sistemas públicos en línea, sobre todo aquellos que lo requieren para su buen funcionamiento, sin crear graves alteraciones prácticas e inmediatas que aumenten exponencialmente sus costos y la incertidumbre jurídica. No solo por el desorden y duplicación en los registros patrimoniales, sino también en los de identidad de las personas y en bases judiciales, fundamentales para los procedimientos remotos que hoy aplica masivamente el Poder Judicial.

En la designación de Notarios y Conservadores se trata de reglas de funcionamiento de un Oficio Público que es ejercido por dos concesionarios  designados por el Ministerio de Justicia a través de un procedimiento compartido con el Poder Judicial, y que según el Código Orgánico de Tribunales pertenecen al “escalafón segundario del poder judicial”, con carácter de auxiliares. La forma en que organizan o ejercen su Oficio, está determinada por un Reglamento del propio Ministerio, incluidas las tasas que pueden cobrar a los usuarios por sus servicios y que constituye la fuente de su financiamiento.  De acuerdo a ello, para mejorar el sistema de registro y/o despacho notarial no se requiere de ley; y para mejorar la designación, tampoco, pues depende de que el ministerio de turno, incluido el ministro Larraín, atienda a los méritos profesionales y no se use el cargo para el pago de favores políticos o personales.

En relación al registro patrimonial, cada vez que  se crea un nuevo Conservador, ya sea por subdivisión o por ampliación del servicio, los usuarios deben reinscribir sus propiedades y pagar nuevamente los derechos como si se tratara de una nueva inscripción. Ello ocurre porque la migración digital de datos no existe, y no existe porque el Ministerio nunca reglamentó la organización digital de esos Oficios, y ellos quedaron a la discrecionalidad de los Conservadores y tienen un desarrollo asimétrico entre unos y otros. Así está ocurriendo hoy en el Litoral Central (nuevo Conservador de El Quisco) y Casablanca, o en Puente Alto, con un alto costo para los ciudadanos. Ponerlos en línea requiere una inversión preliminar que nivele a partir del que exhibe el mejor sistema digital base  para ponerlos en línea de una manera sistemática. Ello, considerando que no son solo registros inertes, sino parte de una masa patrimonial inscrita que se transa constantemente  tanto en el sistema civil como en el comercial (hipotecas, prendas  y otros).

Además de incompleto y desfinanciado, el proyecto promovido por Hernán Larraín no contempla temas tan relevantes como los registros mineros o de aguas, que tienen carácter patrimonial, nada sobre predios fiscales ni sobre el personal que trabaja en esos oficios, entre  6 y 8 mil puestos de trabajo. Las urgencias del Ministro no tienen fundamentos claros y su ley, solo trae incertidumbre en un momento en que se requiere calma y austeridad fiscal.

El proyecto del Ministro Larraín, usando una demagogia estatista de que los Conservadores ganan mucho (sin explicar por qué no les pone una tasa más baja a sus servicios) busca dividir los mejores Oficios en otros nuevos más pequeños. Este es el caso del CBR de Santiago, que tiene un modelo de desarrollo digital y servicio on line muy avanzado, que ha mantenido un eficiente nivel de atención durante toda la pandemia, en parte fundamental por iniciativas y empuje de su personal de empleados que son enteramente privados. En la práctica, además, sin intervención financiera del   Estado. Si se considera, según lo declarado por el Ministro, que los Conservadores designados por el Ministerio ganan mucho, bastaría con limitar su ingreso máximo, y no dejarlo prácticamente libre, como se hace ahora. Una cosa es el sueldo de Conservador y otra el ingreso del Oficio, todo perfectamente regulable sin Ley.

Por otro lado, un grupo de unos 80 Conservadores de Bienes Raíces han creado una red de Conservadores en Línea, que está operando relativamente bien y a cero costo financiero para el Estado. Nada de esto considera Larraín en sus 38 urgencias.

En materia notarial, el proyecto crea más de tres mil nuevos funcionarios, llamados fedatarios, quienes se financiarán con una tasa que pagarán los ciudadanos. Ellos funcionarán como entes privados con una patente especial que los acredite como ministro de fe. Inequívocamente se trata de una privatización de la fe pública con cargo al erario nacional, con oficiales de fe pública que terminarán como empleados de grandes empresas, con bancos o cámaras gremiales, que les pongan infraestructura y les aseguren un mínimo mensual de encargos. Para controlarlos, se necesitarán unos 30 fiscales judiciales, esto es, más funcionarios públicos, que no vienen contemplados en la ley.

Además de incompleto y desfinanciado, el proyecto promovido por Hernán Larraín no contempla temas tan relevantes como los registros mineros o de aguas, que tienen carácter patrimonial, nada sobre predios fiscales ni sobre el personal que trabaja en esos oficios, entre  6 y 8 mil puestos de trabajo. Las urgencias del Ministro no tienen fundamentos claros y su ley, solo trae incertidumbre en un momento en que se requiere calma y austeridad fiscal.

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