Crisis migratoria y ausencia de Estado

La crisis de inmigración que vive Chile tiene una razón principal: la ausencia de Estado y las erráticas medidas adoptadas para gobernar el problema; amén de una legislación porosa en materia de accesos y radicación. Todas, medidas de carácter provisional, hecho que se viene repitiendo desde hace 20 años. Ningún gobierno democrático acertó en el diagnóstico, pese a que la inmigración peruana, durante la década de los 90 del siglo pasado, fue un claro anticipo de lo que podría venírsenos encima en años posteriores. 

Los desplazamientos masivos de personas entre países se dan por violencia política, crisis económicas, articuladas a problemas de gobernabilidad y pobreza interna, o por expulsión de ciudadanos desde “Estados fallidos”, buscando de destino a países estables, como lo ha sido Chile durante los últimos decenios, con opciones –por lo menos a nivel de expectativas– de dar oportunidades para mejorar las condiciones de vida de los inmigrantes (además de recibir el aporte virtuoso de la mayoría de esos inmigrantes). 

La inmigración a nivel global es un derecho humano, y a nivel local es un asunto de Estado, que en primer lugar atañe al orden público interno de cada país, y, por lo tanto, en Chile corresponde derechamente al Ministerio del Interior. No como problema policial sino como política pública integral y criterios de ingreso y de permanencia en el país. 

Esto, ante situaciones migratorias excepcionalmente masivas, requiere acciones ejecutivas que permitan gobernar el problema. El Estado de Chile y el Gobierno actual no las tienen y, simplemente, se omiten de planteárselas. La consulta al Poder Judicial acerca de cómo veían el problema, pasando por las declaraciones del ministro Delgado, acusando a las autoridades edilicias y los gobernadores regionales de la zona norte de hacer el juego a los migrantes ilegales (por no alinearse con las políticas de expulsión gubernamentales), hablan de un Poder Ejecutivo desbordado y falto de criterio político. 

Una avalancha migratoria como la que se está produciendo en el norte del país obliga a la aplicación de normas humanitarias, además de medidas de orden público excepcionales y efectivas. Junto con un control riguroso de pasos fronterizos, se deben habilitar centros de acogida dignos para concentrar y atender lo inmediato de la situación. Entre otras cosas, evitar que los inmigrantes deambulen por la ciudad, pernocten al descampado y obstruyan la vida normal de la ciudad; que permitan empadronarlos, darles alimento y atención médica, y generar perímetros administrativos y físicos cerrados, con seguridad tanto para los migrantes como para los habitantes de la ciudad. Centros de acogida transitorios pero no precarios, ordenados y limpios, bajo vigilancia policial, con control y normativa estricta de funcionamiento, casi como una sala de espera prolongada, mientras se considera su situación migratoria. Lo que por cierto no excluye la expulsión, pero solo en caso de existir motivos claros y justificados. 

También se debe activar la vía diplomática y de cooperación en inteligencia con los Estados vecinos, y con aquellos donde se originan las migraciones. Esto, pues es posible que se esté ante la acción de bandas criminales dedicadas al tráfico de personas, como pareciera que ya está ocurriendo en el norte de nuestro país, y que unos y otros desconocen o prefieren desatender. La acción diplomática debe convocar la responsabilidad de los Estados vecinos o de origen, para evitar el uso de sus territorios como zonas de tránsito o acopio de personas para tráfico, con omisión o colusión de sus autoridades policiales o administrativas. La Cancillería chilena, además, debiera iniciar una acción de consulta y solidaridad con organismos internacionales de cooperación regional o global, a fin de impulsar acciones comunes de mitigación. Estamos ante una situación que la crisis internacional de pobreza, de Estados fallidos y de cambio climático, puede empeorar.

La militarización o la expulsión indiscriminada de inmigrantes no es la solución, menos aún para un Gobierno cuyo Presidente fue a la frontera colombo-venezolana a entregar paquetes de ayuda humanitaria, para mostrar su oposición a Nicolás Maduro, y a prometer la solidaridad y bienvenida de Chile a todos los venezolanos que quisieran venir. Incluso acreditó embajador del Gobierno en el exilio.

Es verdad que todo indica que hoy también existe, además de la crisis de ingreso, de recepción y de los procesos de adaptación e integración de los migrantes, un tercer escenario, que es de crisis delictual. Compuesto fundamentalmente por la infiltración de la migración como plataforma de prácticas de control mafioso del microcomercio (microcréditos usureros), de distribución de espacios públicos para comercio informal (control pagado de la calle y el ejercicio de comercio informal) y prácticas criminales de sicariato, microtráfico de drogas, juego clandestino y prostitución. Nadie está en condiciones de asegurar que esto es un hecho planificado o no. 

Tal situación no se combate solo con policías sino también con instrumentos de inteligencia que permitan acumular evidencias prácticas, utilizables en la aplicación de la ley. De ahí que referir la migración, que hoy sobrepasa el millón de personas, a centros de empadronamiento, asistencia y orientación, es una de las pocas soluciones para estabilizar en lo inmediato el problema y focalizar las acciones.