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Además de Paula Daza, actual integrante del comando de José Antonio Kast, fueron sancionados el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, y el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, por la denegación infundada y reiterada –por parte de las respectivas instituciones– de la entrega de información solicitada vía Ley de Transparencia. «En plena pandemia y estallido social, respetar derechos fundamentales como el derecho de acceso a la información es clave, esto lo ha establecido la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su primera resolución en marzo de 2020 a propósito de derechos fundamentales y estados de excepción», afirmó la presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) sancionó a la exsubsecretaria de Salud Pública, Paula Daza (quien actualmente integra el comando del candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast), al subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, y al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, por, entre otras cuestiones, la denegación infundada y reiterada –por parte de las respectivas instituciones– de la entrega de información solicitada vía Ley de Transparencia.
En el caso de Daza y Dougnac, el CPLT impulsó dos procedimientos sancionatorios. De ellos derivarían dos sanciones aplicables a la remuneración promedio anual en el caso de la exsubsecretaria Daza: una por un 45% y otra por un 30% (75% en total).
En tanto, una investigación sumaria estableció una sanción por un 30% de la remuneración promedio anual del subsecretario de Redes Asistenciales y un sumario administrativo derivó en una por un 35% de la remuneración promedio anual (65% en total).
Galli, en tanto, sería sancionado con un 30% de su remuneración promedio por las mismas causales que las autoridades del Ministerio de Salud, a partir de la verificación de entregas de información fuera de plazo o solicitudes en las que no se entregó lo requerido.
En los tres casos, las sanciones recaen además en otros funcionarios de los servicios. En el caso de Interior, en el jefe de la División Jurídica, Cristián García-Huidobro, y en el jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio, a los que también se les aplicará el descuento de un 30% de la remuneración mensualizada.
De acuerdo al Consejo, todavía existe la posibilidad de que los inculpados en los procedimientos sumarios impulsados por el CPLT puedan presentar recursos de reposición.
Desde el Consejo para la Transparencia apuntaron a que sus pronunciamientos se enmarcan en una decidida línea de acción de esta entidad orientada al ejercicio de su facultad fiscalizadora y sancionadora, ante evidencia de eventuales incumplimientos a la Ley de Transparencia y en defensa de un derecho humano como el acceso a información de organismos del Estado.
«En plena pandemia y estallido social, respetar derechos fundamentales como el derecho de acceso a la información es clave, esto lo ha establecido la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su primera resolución en marzo de 2020 a propósito de derechos fundamentales y estados de excepción», afirmó la presidenta del Consejo, Gloria de la Fuente.
«Los ciudadanos no pierden derechos por situaciones especiales como una pandemia, al contrario, debe sancionarse la vulneración a un derecho fundamental», afirmó la titular del Consejo para la Transparencia (CPLT).
La presidenta de la entidad agregó que lo dicho por el CIDH apunta a que el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales son derechos fundamentales y “que sigue siendo más importante que nunca resguardarlos en momentos donde los países pasan situaciones complejas. Es decir, no pueden ser puestos en segunda línea o postergados sino que debieran ser particularmente relevados”, agregó.
“Estas decisiones son coherentes con lo planteado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que fue enfática en su resolución en el marco de la crisis por Covid-19 y subrayó que las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención de la pandemia deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos. Esto es una cuestión que deben tener clara las autoridades”, subrayó.
