La esperanza en una nueva apertura de datos públicos

La crisis sanitaria ha puesto de relieve la gobernanza de datos públicos como una tarea esencial para disponer datos abiertos, que permitan a los investigadores generar valor público y, también, dar confianza a la ciudadanía sobre las cifras que se dan a conocer respecto de circunstancias que les afectan. Es por ello que el Barómetro Regional de Datos Abiertos para América Latina y el Caribe (2020) señala que “los gobiernos deben invertir de manera constante y sostenida en equipos que guíen e implementen políticas de datos abiertos a todos los niveles de gobierno.”

¿Importa quién gobierna los datos públicos?

A partir de finales de marzo del 2020, la ciudadanía fue testigo de múltiples faltas de acceso y apertura a la información sobre los datos de contagios, se disponibilizaron datos sin formatos claros, incluso cambiando estos formatos de manera antojadiza. 

Por ello, es relevante contar con una gobernanza de datos que sea independiente, profesional y que tenga atribuciones suficientes como para coordinar los esfuerzos de las distintas reparticiones públicas en esta importante tarea.

¿Por qué abrir datos puede mejorar la vida de las personas?

Gobernar los datos puede ayudarnos a mejorar e incluso salvar vidas, ya que trabajar con evidencia en la política pública se ha vuelto clave. Así lo demuestran casos tanto fuera como dentro de nuestro país. Algunos ejemplos se pueden revisar en: el manejo a nivel nacional de trazabilidad que destaca Corea del Sur, como también a nivel subnacional los casos del gobierno de Aragón con su visualizador de datos abiertos COVID. En Chile, a nivel nacional y local, resaltó desde la Municipalidad de Renca el proyecto de trazabilidad de contagios del proyecto Centinela, generando evidencia para la toma de decisión y al mismo tiempo acceso a la información, lo que ayuda a mejorar la confianza ciudadana.

¿Cómo usan los datos abiertos los Estados?

Los expertos destacan al menos tres roles por parte del Estado en uso de datos. En primer lugar, “habilitar” a través de un marco legal y normativo integral que permita la extracción, seguridad y disponibilidad de los datos. Ello permitirá el desarrollo de la economía de los datos, maximizando el valor de estos.

El segundo es “utilizar” los datos en la elaboración, desarrollo y monitoreo de políticas públicas, obteniendo más evidencia para la toma de decisiones; posibilitando la prestación de servicios públicos, la coordinación y optimización de los recursos.

 En tercer lugar, “promover” el uso de los datos abiertos en la comunidad para mejorar la gestión, aumentar la productividad y crear emprendimientos; a vía ejemplar, la disponibilización de datos abiertos sobre eficacia de los medicamentos permitiría perfeccionar aquellos que ya existen y desarrollar nuevos fármacos. Este último es el menos desarrollado en la región, pero no por ello es menos relevante.

Chile en la perspectiva internacional

Ahora bien, cuando comparamos a Chile a nivel de gobierno digital con los países OCDE (2020), en el ámbito del sector público impulsado por datos, nuestro país se ubica muy por debajo de la media, obteniendo un 0.26 de 0.44, consagrándose penúltimo en la larga y extensa lista de los países miembros y demostrando cuatro principales falencias. Una de ellas es que el Gobierno aún no aprovecha los datos, teniendo que promover a corto, mediano y largo plazo el desarrollo de un sector público capacitado, validando los datos públicos como una pieza elemental para la cocreación de políticas y servicios por evidencia. Otra, es la ausencia de una visión estratégica que aproveche los múltiples usos de los datos como un activo de valor público; además, la falta de adhesión a valores y principios éticos para la gestión y reutilización de los datos, superando sesgos para garantizar políticas y decisiones públicas equitativas e inclusivas, fortaleciendo su legitimidad y confianza ciudadana. El último, es la falta de prácticas e iniciativas intersectoriales de gestión de datos, en las se generan brechas entre la disponibilidad, estándares y actividades concretas.

Conforme al Barómetro Regional de datos abiertos de 2020, Chile ocupa el 6° lugar entre los 24 países que se analizaron. Si bien esto denota un avance, aún queda camino por recorrer.

¿Qué indicadores se consideran al analizar los avances de un país en materia de datos abiertos?

El Barómetro Latinoamericano considera como indicadores la preparación, implementación e impacto de los datos abiertos.

El índice OCDE de datos abiertos (2019), explora modelos de gobernanza de datos desde estrategias de datos nacionales, estándares centrales de datos y plataformas de intercambio de datos.

Entre los hallazgos del informe, menciona que Canadá, Irlanda, Holanda, Reino Unido y Estados Unidos, han progresado o están progresando en dirección a estrategias de datos globales, adoptando enfoques abiertos, inclusivos, iterativos, colectivos y fundamentados en valores para su definición, implementación, evaluación y cambio. En todo caso, el líder de este selecto grupo es Estonia, enfrentando cuatro principales desafíos: la recopilación, la protección, el crecimiento y el suministro de datos.

Modelos de gobernanza

El índice OCDE, desarrolla un enfoque de gobernanza holístico que puede ser aplicado desde el nivel nacional al nivel local, generando flexibilidad y escalabilidad para la extracción y entrega de valor de los datos; en que los gobiernos construyan una base sólida de gobernanza de datos, permitiendo la implementación de políticas coherentes, definir entornos confiables y seguros para el intercambio ético y la reutilización de datos. El modelo se basa en tres premisas: a) unir al Gobierno en su conjunto; b) habilitar al Gobierno como plataforma; y c) construir una mayor confianza en el Gobierno, desde una estrategia de datos nacionales y estructuras de liderazgo institucionales claras, que logre mapear todo el flujo de datos, barreras y oportunidades principales para desbloquear el valor de tales datos.

La ruta a seguir por Chile

Estimamos que el avance en implementación de la agencia de ciberseguridad, más la urgencia en el proyecto de la agencia de protección de datos, el perfeccionamiento de la Ley de Transparencia, junto a la consagración  de derechos digitales que están presentes en el actual proyecto de nueva Constitución, incorporan nuevos pilares a la gobernanza, que deben tener una coordinación multinivel que considere diferentes organismos del Estado, tales como Consejo para la Transparencia, la División de Gobierno Digital, Servicio de Impuestos Internos, Registro Civil o el Ministerio de Ciencia. 

Adicionalmente, la actualización de la Ley de Transformación Digital 2.0 ya está en curso, obligando –entre algunas cosas– a implementar la interoperabilidad hasta el nivel municipal. A ello se suma la actualización del instructivo de transparencia activa, lo que parece generar un suelo fértil para una nueva ruta sobre la promoción de datos abiertos (desde lo local a lo nacional), considerando todo el ciclo del dato público, desde su creación hasta múltiples usos y destrucción.

El corolario nos dirige a entender que un desafío para la transformación digital del Estado es impulsar estrategias que superen el paradigma de abrir los datos sin objetivos claros (apertura por defecto), para avanzar en generar datos de calidad que sirvan para mejores decisiones con evidencia, y la generación de nuevos bienes y servicios públicos. Hablamos de un nuevo paradigma de apertura con propósito, que tenga como cimiento una gobernanza de datos públicos nacional, que permita el intercambio intersectorial público-privado.

La reactivación económica y democrática dependerá en parte del provecho que le puedan sacar los países de la región al proceso de revolución industrial 4.0. Es un imperativo estatal mejorar la IA o el uso de algoritmos vulnerables frente a los datos de mala calidad que circulan, ¡es un imperativo estatal mejorarlos!