Chile y la crisis de la deuda estudiantil

El informe de caracterización socioeconómica emitido recientemente por el MINEDUC revela tres tendencias claves, para comprender la profundidad de la crisis de la deuda estudiantil en Chile.

Primero, el informe aporta con evidencia sobre los ingresos de los deudores y lo que implica para ellos pagar el CAE. Los resultados indican que 54% de los deudores perciben ingresos iguales o menores a $500.000. Esta cifra llega a 76% para los deudores que no pudieron finalizar sus estudios y desertaron. Esto sugiere que la inversión en educación superior ha garantizado mejores condiciones de ingreso para un grupo limitado de egresados, mientras que un número significativo de deudores percibe beneficios limitados, nulos o inestables.

Segundo, el informe también revela, cómo el CAE ha implicado un gasto permanente a las arcas fiscales. Desde su implementación en el 2006, el CAE ha costado 6,6 billones de pesos. El principal ítem de gasto ha sido la compra de títulos y valores. El ítem corresponde al gasto que implica “comprar” la deuda a los bancos (recompra) y pagar por el valor extra (sobrecarga) que los bancos demandan, para hacer efectiva la venta de las deudas al fisco.

La recompra y la sobrecarga son estímulos incluidos en el CAE, para reducir el riesgo de pérdida de los bancos que emiten los préstamos. Ambos estímulos se introdujeron en el diseño del CAE para garantizar la participación de los bancos en el sistema y con ello ahorrar el dinero que el fisco debiese invertir desarrollando un sistema público de créditos, asumiendo las tareas de cobranza. El objetivo era generar un sistema autosuficiente, que fuera eficiente para las arcas públicas y garantizara mejor recuperación. Sin embargo, el principal costo para el fisco ha sido, justamente, financiar los mecanismos fiscales que reducen el riesgo al sistema bancario.

Otro resultado relevante en el informe es la alta tasa de morosidad que presenta el sistema. El informe indica que entre el 2011 y el 2021, el porcentaje de morosidad del CAE ha fluctuado entre 45% y un 60%. Es decir que durante gran parte de la existencia del CAE sólo la mitad de los deudores ha podido continuar pagando sus deudas. Las cifras son más dramáticas al distinguir entre deudores que lograron terminar sus estudios y aquellos que no. Como el informe indica, 40% de los deudores egresados se encuentran morosos, cifra que aumenta a 77% para deudores que desertaron.

Si bien el objetivo del informe es ofrecer una primera caracterización de los deudores y el gasto fiscal que implica el CAE, los datos presentados sugieren que la alta morosidad del sistema es una consecuencia estructural, dado los bajos ingresos de los deudores. Además, la alta morosidad no permite que el CAE sea autosustentable, requiriendo que el Estado movilice más gasto para sostener el funcionamiento del sistema.

Si bien las hipótesis que se extraen del informe requieren mayor investigación, los resultados coinciden con estudios previos. El 2011, el informe del Banco Mundial pronosticaba que, sin una reforma, la mitad de los deudores no pagarían sus deudas, dadas las condiciones onerosas que incluye el CAE respecto a otros sistemas de créditos estudiantiles en el mundo. La comisión parlamentaria del CAE del 2018, indicó que la ausencia de un estudio de proyecciones salariales de los egresados y la existencia de condiciones contractuales inequitativas en el CAE son “condiciones suficientes para que un grupo de beneficiarios cayera en morosidad crónica, especialmente los desertores” (p.121). Estudios recientes también sugieren que la mayoría de los deudores educacionales tienen problemas para pagar sus deudas. Muchos/as de ellos/as alcanzan a cubrir sus cuotas buscando emprendimientos informales, trabajos ocasionales y otros préstamos que complementan sus ingresos fijos.

Los datos que aporta el informe también reflejan las críticas que sucesivas generaciones de estudiantes han hecho al sistema de financiamiento y al CAE. Chile lleva más de 15 años de conflictos estudiantiles, donde la demanda histórica sigue siendo la misma: Tener una educación pública gratuita y de calidad, que garantice el derecho a la educación libre de cobros y deudas. Pese a casi dos décadas de conflicto educacional, sumado a un estallido social, las innovaciones en políticas públicas no han sido suficientes y la entrega del derecho a la educación sigue pendiente.

Las críticas metodológicas al informe son relevantes en la medida que pueden contribuir a esclarecer la crisis de la deuda y favorecer la construcción de una respuesta a nivel país a la demanda por una educación pública. No obstante, el esfuerzo se ha concentrado en negar la crisis de la deuda y las fallas estructurales del sistema de créditos, sin que se aporte nueva evidencia o nuevas respuestas.

Lo que parece explicar la reticencia a reconocer la crisis de la deuda educacional, es asumir de una vez por todas que la política de créditos no cumplió sus objetivos. El CAE aumentó los costos subsidiarios del estado, garantizando ingresos a los inversionistas, pero no necesariamente beneficios a los deudores. Más de un millón de estudiantes se endeudaron con el CAE, para acceder a la educación superior con el sueño de mejorar sus perspectivas laborales y salaries, sin saber que sus universidades podrían cerrar, que sus estudios no tendrían empleo y que sus ingresos no serían suficientes para pagar sus deudas.

La incorporación de nueva evidencia puede mejorar el análisis de sectores sociales cuyos principales ingresos provienen de la economía informal. Sin embargo, lo que parece innegable es que más de la mitad de los deudores simplemente no dispone de ingresos suficientes para vivir y pagar sus deudas, porque estudiar no les trajo beneficios sustantivos y los dejo expuestos a deudas impagables. Negar la existencia de la crisis de la deuda estudiantil es, en definitiva, negar los errores de la política pública y no asumir responsabilidad por las promesas fallidas que el CAE trajo a la educación superior y a nuestras familias.