Opinión
Para hacernos cargo de una persecución penal rápida y eficiente, las nuevas tendencias en materia de investigación se dirigen a atacar la ruta del dinero, es decir, ir tras el patrimonio de las organizaciones para alcanzar a quienes las dirigen y financian. De lo contrario, éstas permanecen operando en el tiempo, expandiendo su territorio, con la potencialidad necesaria para aumentar su giro con el consiguiente debilitamiento del Estado de Derecho.
Como país estamos atravesando la llegada de una nueva criminalidad más atrevida, más peligrosa y más capacitada, que busca lucrar rápidamente con sus acciones, y cuyos efectos infunden temor en la ciudadanía y dañan el sentir social al incrementar la percepción de inseguridad
Para hacernos cargo de una persecución penal rápida y eficiente, las nuevas tendencias en materia de investigación se dirigen a atacar la ruta del dinero, es decir, ir tras el patrimonio de las organizaciones para alcanzar a quienes las dirigen y financian. De lo contrario, éstas permanecen operando en el tiempo, expandiendo su territorio, con la potencialidad necesaria para aumentar su giro con el consiguiente debilitamiento del Estado de Derecho.
Un punto de partida, es comprender que los principales delitos de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, al contrabando, a la corrupción, al lavado de activos y al control de armas de fuego (por mencionar solo algunos fenómenos), no se pueden combatir con acciones aisladas, ni tan solo con la persecución penal de parte de Fiscalía y Policías. Por el contrario, junto con las labores preventivas, la convergencia y la coordinación por parte de las instituciones del Estado, generan frutos. Prueba de ello es la relación directa y mancomunada que se generó a raíz de la desarticulación de la organización criminal más grande detectada al interior de una institución pública y que sustrajo más de 28 mil millones de pesos de caudales públicos desde las cuentas institucionales de Carabineros de Chile por más de 10 años.
En dicho caso, el esfuerzo coordinado de la Fiscalía, el OS7 de Carabineros de Chile, el Consejo de Defensa del Estado, la Contraloría General de la República y la colaboración rápida, directa y oportuna de la Unidad de Análisis Financiero (UAF); permitió abrir el cerrojo de las puertas para la investigación penal y patrimonial de los responsables, logrando llevar a más de un centenar de imputados ante los Tribunales de Justicia. Personas que ahora están condenadas por delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos, y cuya condena permitió la identificación y congelamiento de millonarios montos y bienes de la organización criminal, a favor del Fisco de Chile.
Sin embargo, aún subsiste en el horizonte una serie de desafíos en materia de política criminal relacionados con el patrimonio de las agrupaciones y asociaciones ilícitas, una vez que este ha sido identificado, incautado y decomisado por parte de los equipos investigativos. Ahora, ¿cómo agilizar la recuperación del botín si existen cortapisas para la ejecución de los bienes? ¿Cómo fortalecer un sistema que -de una vez por todas- le quite oportunamente el patrimonio a las organizaciones criminales? Éstas son sólo algunas de las interrogantes que todas y todos debemos abordar con urgencia.
