Sistema penal bajo presión: actores de la justicia piden más coordinación y respuestas más rápidas

A más de dos décadas de la implementación de la Reforma Procesal Penal, representantes del Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública coincidieron en la necesidad de revisar prácticas, fortalecer la coordinación institucional y adaptar el sistema a fenómenos delictivos cada vez más complejos.

El diagnóstico fue parte de una jornada organizada por la Facultad de Derecho y el Instituto UNAB de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, realizada los días 9 y 10 de septiembre en los campus Casona de Las Condes y Bellavista. Según informó la casa de estudios a través de un comunicado, la actividad reunió a autoridades, académicos y especialistas nacionales y extranjeros para analizar el funcionamiento actual de la justicia penal.

Uno de los ejes fue la respuesta institucional frente al crimen organizado y las nuevas formas de criminalidad. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, abordó materias relacionadas con la modernización del sistema, el fortalecimiento de la persecución penal, el régimen penitenciario y el acceso a la justicia.

“El acceso a la justicia tiene distintas miradas o distintas formas de enfoque y uno de ellos sin lugar a duda es una justicia eficaz y una justicia eficaz requiere que sea pronta”, sostuvo Rabat durante el encuentro.

El fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana, puso el foco en la necesidad de superar investigaciones centradas únicamente en hechos aislados y avanzar hacia una persecución orientada a estructuras criminales que operan en distintos territorios.

“Lo que nos ocurre a nosotros hoy es que tuvimos que salir de caso a caso e ir al fenómeno y encargarnos de estructuras criminales que superaron la situación de la causa en particular”, señaló.

Orellana también destacó la necesidad de reforzar la coordinación entre instituciones y ampliar el uso de herramientas financieras y tecnológicas frente a organizaciones que operan de manera transregional.

Expositores y autoridades durante la jornada sobre los desafíos de la justicia penal organizada por la UNAB.

Desde la Defensoría Penal Pública, su titular, Verónica Encina, advirtió sobre la necesidad de resguardar los equilibrios dentro del sistema y reforzar el papel de la defensa como garantía del debido proceso.

“Sin defensa no hay justicia”, afirmó. De acuerdo con el comunicado difundido por la universidad, Encina planteó además la necesidad de fortalecer la autonomía institucional de la Defensoría y avanzar hacia una mayor simetría presupuestaria con el Ministerio Público.

El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Fernando Valderrama abordó, en tanto, problemas relacionados con la extensión de determinadas audiencias, la duración de las investigaciones y la gestión de los procesos.

A su juicio, parte de esas dificultades puede corregirse sin necesidad de nuevas reformas legales. “Creo que esas malas prácticas son las que se deben evitar. Y no necesariamente se deben hacer modificaciones legales. Sino que esto implica voluntad de los intervinientes”, sostuvo.

La discusión también incluyó una mirada institucional sobre el vínculo entre justicia y democracia. La decana de la Facultad de Derecho de la UNAB, Lorena Recabarren, sostuvo que el funcionamiento del sistema penal constituye un componente relevante del acceso a la justicia.

“El funcionamiento del sistema de justicia de un Estado, y creo que en particular el funcionamiento del sistema de justicia penal, se constituye en un atributo fundamental de la democracia, a través del acceso a la justicia”, señaló.

El conversatorio realizado en el Campus Bellavista fue precedido por una jornada académica en Casona de Las Condes, en la que participaron especialistas del Ministerio Público, el Poder Judicial y universidades chilenas y extranjeras.

Durante esa instancia se discutieron materias como herramientas de investigación, derechos de las víctimas, mecanismos de control judicial y administrativo, sistema de recursos, ejecución penal y penitenciaria y experiencias comparadas de Argentina y Brasil.

Entre los participantes estuvieron Ignacio Castillo, director de la unidad especializada en Crimen Organizado del Ministerio Público; los académicos Héctor Hernández, María Inés Horvitz y María Elena Santibáñez; el exministro de la Corte Suprema Milton Juica; y Patricia Pérez Goldberg, vicepresidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, junto con otros académicos y especialistas.

Al cierre del encuentro, el director del Instituto UNAB de Políticas Públicas, Raúl Figueroa, planteó que la intención es proyectar la discusión más allá de las dos jornadas y vincular el análisis académico con el diseño de políticas públicas.

“Esto no pretende ser solo una reflexión académica, sino que es una reflexión académica que tiene que estar al servicio del país y su mejor diseño de política”, sostuvo.